Gustavo Petro retoma la ofensiva contra el sistema de salud en su último año: “Hay que intervenirlo todo”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha retomado su ofensiva contra el sistema de salud. Tras algunos mensajes esporádicos en X en las últimas semanas, optó en la noche del martes por dedicarle al tema una alocución de casi dos horas. A días de que el Congreso inicie su último año legislativo de este cuatrienio, en el que el Gobierno espera sacar adelante su reforma sanitaria, el mandatario tiró dardos para todos lados: dijo que la prensa miente, que los propietarios de las aseguradoras del sistema se roban todo el dinero, que la fiscal general no cumple su trabajo de investigarlos, que el dueño del grupo español Keralty es “un criminal y debe irse”. Aunque nada de esto es nuevo, agitó el avispero con suficiente vehemencia para poner sus argumentos sobre la crisis de la salud en el centro de la agenda. El gremio ha reaccionado y ha definido la alocución como “inconveniente y delirante”. Keralty, por su parte, ha anunciado que lo llevará a la justicia por “mentiras” que dañan su imagen.

El detonante fue un informe que la Contraloría publicó a principios de este mes sobre la crisis de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las aseguradoras que administran, con fondos públicos, las redes de clínicas y hospitales en Colombia. El ente de control advirtió que las deudas de estas empresas suman 32,9 billones de pesos (unos 8.200 millones de dólares) y solo 6 de 29 cumplen con las condiciones financieras para mantener sus operaciones. Este deterioro tiene un impacto directo en los servicios médicos: las tutelas (demandas para defender el derecho fundamental a la salud) aumentaron un 35% en 2024, y las peticiones, quejas y reclamos (PQR) se incrementaron en un 23,2%. Las intervenciones del Gobierno en varias de las aseguradoras no han funcionado, dice la Contraloría: faltan “acciones contundentes” para estabilizarlas y allí están las mayores tasas de reclamos.

Petro decidió retomar el informe e interpretarlo a su favor. Aseguró, en un mensaje en X, que la explicación de las deudas está en los bolsillos de los dueños de las EPS y de algunos políticos. “El sistema de intermediación financiera es quizás el mayor desfalco de dinero a la Nación en toda su historia”, comentó, tanto en referencia a los pasivos de las últimas tres décadas como los de los últimos años. Obvió las críticas a las intervenciones que ha hecho el Gobierno. Para él, la solución está en continuar con las intervenciones de las EPS y extenderlas a las que aún no están bajo control estatal. “Si aplicáramos la ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo si no hay reforma de ley”, afirmó. Pese al hundimiento de un proyecto previo en el Congreso, el mandatario aún insiste con una iniciativa para quitarles funciones a las EPS en la administración y aseguramiento del sistema.

El segundo capítulo llegó en la alocución en la noche del martes. En medio de referencias a su sangre haitiana y el legado de Simón Bolívar en la lucha contra el colonialismo, insistió en que los empresarios son los responsables. “Este Gobierno le entrego más dinero que nunca a las EPS y se lo robaron”, dijo. Para él, una de las pruebas es un dato que reseñó la Contraloría: hay una diferencia de 2,7 billones de pesos (unos 680 millones de dólares) entre los recursos que el Estado les giró a las EPS en 2024 y lo que estas reportaron como ingresos. “¿A dónde fue a parar esa plata?”, cuestionó. Embistió especialmente contra el grupo español Keralty, propietario de la EPS Sanitas y objeto de su animadversión por haber financiado campañas de sus opositores. “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, así me toque hablar con el Rey de España”, subrayó.

Gran parte de la alocución se centró en defender las intervenciones, pese a las críticas de la Contraloría y un reciente fallo adverso de la Corte Constitucional por una demanda de Sanitas. “No detenemos el desangre, pero al menos detenemos que crezca”, justificó. Según unas gráficas que mostró, la deuda de las EPS intervenidas apenas aumentó un 3,7% en 2024 —frente a una inflación del 5,2%—. Contrastan con los datos de los pasivos de las EPS no intervenidas, que muestran un incremento del 101%. “¿Dónde está la fiscal que no está investigando?”, reclamó.

La respuesta del gremio

Las respuestas llegaron desde la primera hora del miércoles. La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi, que reúne 11 EPS), Ana María Vesga, aseguró en X que la alocución del presidente fue “inconveniente y delirante” y que solamente sirve para agravar la crisis de los pacientes, hoy en día preocupados por la falta de medicamentos, el cierre de servicios de urgencia y la cancelación de consultorios. Insinuó que prefería abstenerse de profundizar en cada uno de los puntos y no entrar en el juego del mandatario. “Responder a cifras y datos errados y juicios infundados en nada contribuye a la solución. No haremos parte de ese debate. Nos mantendremos en los escenarios institucionales, las Cortes, los órganos de control”.

Finalmente, Vesga respondió en mayor profundidad en entrevistas radiales y televisivas. Insistió en Caracol Radio que las deudas no se deben a la corrupción de los empresarios, sino a “un desfinanciamiento deliberado, metódico y sistemático” por parte del Gobierno: la Unidad de Pago por Capitación, un monto que el Estado gira por cada afiliado, está muy por debajo de lo que exige el sector. Acusó al presidente de “generar una crisis explícita” desde el primer día de su Gobierno y de desacatar un fallo de la Corte Constitucional que ordena reajustar la UPC. Asimismo, señaló que las cifras sobre las deudas de las EPS intervenidas no coinciden con las de la Contraloría y la Superintendencia. Respecto al faltante de 2,7 billones de pesos, respondió que es imposible saber la razón si la Nueva EPS, la mayor aseguradora del país y bajo intervención estatal, continúa sin presentar sus balances financieros de 2023 y 2024.

Keralty, por su parte, anunció que demandará al presidente y a sus funcionarios ante la justicia colombiana y la internacional. “No vamos a permitir que se mancille con impunidad el nombre de quienes han dedicado su vida a servir a los demás con honestidad”, se lee en un comunicado firmado por su presidente, Joseba Grajales. Esta vez en medio de referencias a Platón y Séneca, el grupo empresarial buscó diferenciarse de “quienes habitan en la mentira”. “Como nos enseñaron nuestros padres, la virtud se demuestra en la vida vivida con coherencia, y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican”, declaró. “La historia siempre acaba por separar al justo del oportunista, al ético del manipulador”, añadió.

Otras personalidades se sumaron a las críticas contra el presidente. El exministro de Salud Alejandro Gaviria, señalado por Petro durante la alocución, calificó la presentación de “mentirosa, opaca e imprecisa”. Comentó que las cifras de las EPS intervenidas no son las de la Superintendencia y que el presidente “parecía no saber” que su Gobierno intervino Famisanar —Petro dijo que fue la Administración anterior, a pesar de que fue durante su mandato, en 2023—. “Hizo señalamientos de corrupción y robos cuando no existen ni investigaciones fiscales ni penales abiertas”, cuestionó el exministro, que también lideró la cartera de Educación en el primer año de Petro como presidente. La Fundación de Enfermedades Huérfanas y Raras, en tanto, expresó su frustración por las omisiones del mandatario en su mensaje inicial en X: “No responde por las barreras de acceso, la no entrega de medicamentos, la disminución en capacidad de atención por los cierres hospitalarios y muchos otros problemas que no teníamos antes”.