Un informe de la Contraloría sobre la crisis del sistema de salud revive los ataques del petrismo a las EPS

Un informe de la Contraloría ha vuelto a encender las alarmas por la crisis del sistema de salud en Colombia. La situación es cada vez más difícil para las 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) que administran, con fondos públicos, las redes de clínicas y hospitales en el país. Sus deudas suman 32,9 billones de pesos (unos 8.200 millones de dólares) y solo seis cumplen con las condiciones financieras para mantener sus operaciones. La alerta, sin embargo, ha vuelto a mostrar las profundas diferencias que existen sobre cómo enfrentar la crisis. El presidente ha cargado una vez más contra las aseguradoras, que le exigen más financiamiento desde hace años. “Cada que vez que se aumentan las transferencias públicas a las EPS, no se vuelven en más servicios a sus afiliados, sino en más patrimonio de sus dueños”, declaró el domingo.

El trabajo de la Contraloría, elaborado a partir de los balances contables de 2024, enfatiza que los números reflejan una fragilidad estructural que va más allá de los gobiernos. Señala que, desde la aprobación de la ley 100 de 1993, 128 EPS fueron liquidadas o entraron en proceso de liquidación. Solo quedan 29, que se han sobrecargado al absorber a los pacientes de las demás. De estas, solo seis satisfacen los indicadores de capital, patrimonio y reservas técnicas. Se encargan de 5,7 millones de pacientes: el 11% del total de los colombianos. El resto de la población (unas 46 millones de personas) está afiliada a aseguradoras al borde de la quiebra. Mientras tanto, las peticiones, quejas y reclamos (PQR) por las deficiencias en los servicios se multiplican: pasaron de 1,3 millones en 2023 a 1,6 en 2024 (un incremento del 23,2%).

Las intervenciones que llevó a cabo el Gobierno de Gustavo Petro en nueve aseguradoras enfrentan varias dificultades. “No han revertido la crisis financiera ni mejorado la calidad de la atención”, subraya la Contraloría en un comunicado. Las EPS intervenidas tienen una tasa mayor de quejas y reclamos que las no intervenidas: 45,3% frente a 40,9%. Ninguna cumple con las condiciones mínimas de sostenibilidad financiera. Es especialmente preocupante la situación de la Nueva EPS, que es la más grande del país con 11,5 millones de afiliados. Pese a los reclamos de la Superintendencia, sigue sin presentar sus estados financieros de 2023 y 2024.

Hay, además, una diferencia de 2,7 billones de pesos (unos 680 millones de dólares) entre los recursos que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres) les giró a las EPS y lo que estas reportaron como ingresos. No se sabe dónde está ese faltante. “¿Cuál es la explicación sobre esta diferencia?”, cuestiona el ente de control.

La Contraloría ha evitado echar culpas. El vicecontralor, Carlos Zuluaga, enfatizó el lunes en Noticias RCN que hay una crisis estructural que viene desde hace décadas. “Todos los gobiernos intervienen y todos los gobiernos liquidan EPS”, dijo. El informe, a diferencia de otros en el pasado, tampoco señala a las EPS de malos manejos. “No estamos analizando el buen uso o mal uso de los recursos”, subrayó. El objetivo, más allá de los culpables, es dejar en evidencia que el sistema se deteriora a pasos agigantados. “Si esto sigue así, en dos años va a haber una o dos EPS. Vamos a tener un colapso verdadero”, comentó. El texto, de todos modos, contiene recomendaciones genéricas al Ministerio de Salud y la Superintendencia: reglamentar la Unidad de Pago por Capitación (los recursos que el Estado le gira a las aseguradoras por cada afiliado), evaluar la eficiencia de las intervenciones, exigir a las EPS “la trazabilidad y justificación técnica de los recursos administrados”.

La alerta de la Contraloría llega en un contexto de creciente nerviosismo. En medio del deterioro de los servicios y la insistencia del Gobierno en una reforma que le quite funciones a las EPS, la salud se ha convertido en la principal preocupación de los colombianos: un 23,7% la ubica en el primer lugar, según el último sondeo de la encuestadora Guarumo. La Corte Constitucional, por su parte, declaró en enero la insuficiencia de la UPC, como reclamaban los gremios y las EPS. Le ordenó al Gobierno que la ajuste, pero apenas hay avances: el Ministerio de Salud recién estableció el pasado 27 de junio el reinicio de una “mesa participativa” con varios actores que deberán “recibir, analizar y evaluar la información” para eventualmente revisar la UPC.

Varios actores del sector de la salud han expresado su preocupación tras el informe de la Contraloría. Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, comenta a este periódico que la publicación “ratifica” lo que la academia, los gremios y la Corte Constitucional advierten desde hace tiempo. “Hay una desfinanciación estructural del sistema de salud y la UPC no alcanza. Lo decimos desde hace tiempo y coincidimos en la necesidad de hacer cambios, pero el Gobierno no ha escuchado y no ha buscado una concertación sincera”, afirma. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras, en tanto, citó el informe para señalar que las quejas aumentan y las EPS intervenidas tampoco mejoran. “Es urgente que la Corte Constitucional declare el Estado de Cosas Inconstitucional”, enfatizó en X.

El presidente, sin embargo, se mantiene firme en su postura. Reiteró en X que los dueños de las EPS, y no su Gobierno, son los responsables de los pasivos con los hospitales y clínicas, que están limitando los servicios por falta de pago. “La deuda privada de las EPS a la red hospitalaria debe ser pagada con el patrimonio de sus dueños privados, que siempre las controlaron. La deuda es la expresión de un régimen insostenible”, resaltó en X. “Nunca será reconocida como deuda pública por el Gobierno, sería un robo total al erario”, enfatizó. Señaló a la empresa española Keralty, propietaria de la EPS Sanitas, de financiar a políticos opositores “con dineros públicos” y pidió investigaciones en la justicia.

Tanto el mandatario como varios de sus aliados cuestionaron a Noticias Caracol por una información que decía que los 32,9 billones de pesos que mencionaba la Contraloría correspondían a una deuda del Gobierno con las EPS, cuando en realidad es de las aseguradoras con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Bajo el hashtag #CaracolMiente, el petrismo se centró en desmentir al canal de televisión y enfatizar que las empresas son las responsables de la crisis. Unos pocos fueron más allá, y agregaron que los pasivos son por presuntos casos de corrupción. “Devuelvan la plata, delincuentes de lesa humanidad”, dijo la actriz Margarita Rosa de Francisco, una de los principales apoyos del presidente en la farándula. Una vez más, la preocupación por la crisis quedó en medio de la tensión política.