La EPS Sanitas denuncia que está “devastada” tras la intervención del Gobierno de Petro revocada por la Corte Constitucional

El plan del Gobierno de Gustavo Petro de emprender una reforma profunda al sistema de salud, anunciada desde su campaña presidencial, vivió un nuevo capítulo este jueves con la decisión de la Corte Constitucional de suspender la intervención de la EPS Sanitas, cuyo control había quedado en manos de la Superintendencia de Salud en abril de 2024. La decisión del tribunal ha motivado una vehemente misiva de parte del grupo español Keralty, dueño de la segunda EPS más grande del país, con 5,7 millones de afiliados. En un comunicado emitido este viernes por la mañana, el grupo, lejos de celebrar la decisión, denuncia que Sanitas está “devastada” y denuncia una “estrategia deliberada de destrucción” por parte del Ejecutivo en su contra.

En su reacción, Sanitas asegura haber sido blanco de “arbitrariedades, persecuciones y silencios”, y considera que la decisión judicial “no borra el daño moral, institucional, financiero y humano” que, dice, ha causado el Gobierno tanto a la entidad como a sus usuarios. Añade que la intervención fue parte de una “estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada” por el Ejecutivo, como parte de un intento por transformar el sistema de salud que, dice Sanitas, demostró que no existía un diseño sólido alternativo.

La empresa denuncia haber sido víctima también de una asfixia financiera, de la idea de Petro anunciada en campaña de acabar con las EPS, de una persecución administrativa y de un “deterioro progresivo”. Sanitas afirma que no solo no se ha conseguido solucionar el problema de sostenibilidad financiera, sino que además la empresa hoy en día está “altamente comprometida financieramente”, con servicios deteriorados, miles de quejas y tutelas, una atención deteriorada y equipos humanos “heridos en lo más profundo de su vocación”.

En el comunicado, la empresa añade: “Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas”. También dice que espera recomponer los “graves perjuicios” causados por la intervención. Sin embargo, advierte: “Si no se presenta el cumplimiento de las obligaciones por parte del Gobierno, no nos quedará otra alternativa que desistir de nuestro propósito y voluntad de seguir adelante”.

La Corte Constitucional tomó la decisión al considerar que hubo vicios en el trámite de la intervención. El presidente Petro escribió en su cuenta de X que acata la decisión del tribunal, aunque volvió a hacer una defensa de su proyecto de reforma del sistema sanitario. “Tenemos un sistema que devora el erario por billones y niega atenciones y quiebra la red pública y privada hospitalaria, ese sistema siempre exigirá subir la unidad de financiación por asegurado, UPC, por encima de la inflación real. Ese sobrecosto no irá a mejor atención al paciente, ni a las reservas técnicas que son obligatorias, sino las devorará el grupo de propietarios. Una aberración de ese tamaño solo se mantiene comprando la política. Keralty ha sido, inconstitucionalmente, un comprador de la política”. El mandatario no abundó en su acusación al grupo de capital español.

En abril de 2024, cuando la Superintendencia anunció la intervención, Petro justificó la medida: “El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión”. La toma de posesión fue anunciada en medio de un debate muy encendido sobre la reforma a la salud que el Gobierno impulsaba en el Congreso y que fue hundida al día siguiente.

El superintendente de Salud de ese momento, Luis Carlos Leal, añadió que el objetivo al intervenir a Sanitas era proteger a la ciudadanía, y garantizó que el funcionamiento de la EPS seguiría con normalidad. El proceso, no obstante, causó un enorme impacto mediático, ante la gran cantidad de afiliados de la entidad. Motivó también la defensa de quienes consideran que, pese a sus intervenciones, el sistema de salud de Colombia ha funcionado bien desde los años noventa y presta un servicio superior al de otros países de la región.

Un año después, en abril pasado, la Superintendencia, encargada de velar por el buen funcionamiento del sistema sanitario del país, anunció una prórroga de un año en la intervención. Según explicó, la decisión se justificaba en la persistencia de los “incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a los usuarios”. Ahora, menos de tres meses después, la intervención forzosa, que no buscaba liquidar sino administrar la EPS –con la remoción de sus funciones al gerente y la junta directiva, y el nombramiento de un interventor escogido por la Superintendencia-, fue suspendida por la justicia.