La Corte Constitucional falla a favor de Petro y debilita sus quejas de un bloqueo institucional en su contra

Decir que en Colombia la política suele terminar en manos de los jueces no es nuevo. Lo es más que el presidente mantenga relaciones tensas con magistrados de casi todas las altas cortes, aunque Álvaro Uribe (2002-2010) terminó en una situación similar. Y lo es del todo que el mandatario actual, Gustavo Petro, acuda a una acción de tutela para librarse de una decisión que en su momento equiparó a un golpe de Estado, y que uno de esos tribunales, la Corte Constitucional, decida a su favor, como ocurrió este jueves. Curiosamente, esa sentencia es una más de una seguidilla de fallos favorables al mandatario, o por lo menos no totalmente contrarios a sus intereses, que a la vez debilitan el señalamiento del presidente de que existe en el país un “bloqueo institucional” que le impide gobernar.

El caso de este miércoles es conocido: el Consejo Nacional Electoral (CNE), una entidad compuesta por abogados elegidos en representación a las bancadas del Congreso, decidió en 2024 investigar al jefe de Estado y a varios miembros de su campaña presidencial de 2022 por la presunta violación de los topes de gastos electorales. Petro dijo que esa decisión era un golpe de Estado, cuestionó a los miembros del CNE, e interpuso una acción de tutela en la que pedía la protección de su derecho al debido proceso, argumentando que su fuero como presidente implica que solo lo puede investigar la Cámara de Representantes. La Corte, en una decisión dividida de 5 votos contra 4, le ha dado la razón al presidente. “Bien por la Corte Constitucional”, ha respondido Petro, quien ha logrado que entre sus magistrados estén su primer secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, y su abogado personal, Héctor Carvajal. Sin embargo, Carvajal no participó en esa decisión.

En los dos meses previos, la misma Corte ha tomado otras decisiones que favorecen a Petro. En abril, además de suspender preventivamente esa misma investigación del CNE, salvó parcialmente la declaratoria presidencial de conmoción interior para el Catatumbo, una decisión muy criticada por muchos expertos constitucionalista. Aunque tres magistrados pidieron eliminar la declaratoria de tajo, los seis restantes apoyaron mantener “aquellas medidas que sean necesarias para el fortalecimiento de la fuerza pública, la atención humanitaria, los derechos y garantías fundamentales de la población civil, y la financiación para esos propósitos específicos”. Era una victoria para el presidente, como señala la reacción de su ministro del Interior, Armando Benedetti: “Gracias a que la Corte Constitucional declaró exequible la conmoción interior, más de 2,7 billones de pesos podrán ser invertidos en el Catatumbo para restablecer el orden, la soberanía, erradicar cultivos ilícitos, construir carreteras, sedes universitarias y puestos de salud, y el regreso a su territorio de 64 mil desplazados”, escribió en X.

Luego, a mediados de junio, devolvió al Congreso la reforma pensional, el principal logro legislativo del Ejecutivo hasta entonces. Así, le dio la oportunidad de subsanar unos vicios de trámite que la oposición alegaba que deberían producir la anulación de la ley, como también pedía el magistrado ponente y presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez. “La reforma pensional se ha salvado”, celebró el presidente en sus redes sociales. “Serán convocadas a sesiones extraordinarias tanto el senado como la Cámara, para que se estudie la reforma pensional, tal como ordenó la corte constitucional, a la que agradezco su trabajo democrático”, aclaró poco después, mostrando su simpatía a un tribunal que ahora tiene a dos magistrados de sus afectos personales.

Las decisiones, favorables a Petro aunque con matices, no significan que la Corte haya dejado de ser un contrapeso al Ejecutivo. Este mismo jueves, apenas unas horas después de dar a conocer la tutela que celebró el presidente, la sala plena anuló una sonada decisión del Gobierno, parte de su lucha frontal por el sistema de salud. En otra tutela, la mayoría de magistrados (Fernández votó en contra) encontró que la intervención a la entidad promotora de salud EPS Sanitas violó el debido proceso de esa compañía de capital español. Petro justificó la intervención en una de sus múltiples críticas a las EPS y el actual sistema de salud, que ha intentado cambiar por la vía legislativa: “El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron”. No se trata de la primera derrota de Petro en la Corte, a la que ha criticado por haber anulado parte de su reforma tributaria de 2022 o por haber tumbado la emergencia económica que decretó para el departamento de La Guajira.

Esa mezcla de victorias y derrotas judiciales es similar a la de otros Gobiernos. La Corte Constitucional validó en su momento la reforma constitucional que dio vía libre a la reelección de Álvaro Uribe, para luego negar la posibilidad de un tercer período, por dar un ejemplo recordado. El presidente ha chocado en el pasado con ella, como también lo ha hecho con el Congreso. Pero el Legislativo, como el tribunal, le ha aprobado iniciativas como la ley de paz total o las reformas tributaria, pensional y laboral. También le ha negado otras, especialmente la reforma a la salud o la propuesta de convocar una consulta popular (pese a la negativa, con ella Petro logró revivir la reforma laboral). Es un balance mixto que le permite sacar adelante parte de sus proyectos, y una señal clara de que el “bloqueo institucional” que ha señalado es más bien el contrapeso institucional el Ejecutivo que está encarnado en la Constitución de 1991. La misma que ha defendido de forma reiterada a la vez que propone una asamblea constituyente para reformarla.