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El jurado declara culpables a dos líderes de los Dominican Don’t Play por ordenar el asesinato de un joven en una discoteca en Fuenlabrada

El hombre al que encargaron conducir la furgoneta que llevó a los menores al lugar del crimen queda en libertad

Dos trabajadores de la funeraria levantan el cadáver del joven, en las inmediaciones de la discoteca ‘Caña Brava’, a 3 de octubre de 2022, en Fuenlabrada, Madrid (España). A. Pérez Meca (Europa Press)

Durante un mes, nueve hombres y mujeres han escuchado los argumentos para condenar a dos miembros de la banda juvenil Dominican Don’t Play por un asesinato. En este juicio no eran tan importantes las pruebas de ADN, las huellas o las imágenes de videovigilancia, porque no se valoraba quién disparó la pistola y empuñó el machete que mataron a Sailen Huraldo Mesa, sino quién dio la orden de hacerlo. El jurado debía dirimir si la responsabilidad de ese crimen cometido por menores recae sobre el acusado como jefe de la banda Joaquín D. y otro de los dirigentes, Kevin H. Y, casi 200 testigos después, esos nueve hombres y mujeres han dictaminado que por unanimidad que sí, que Joaquín D. ordenó una emboscada mortal esa noche de octubre de 2022 y que Kevin H. fue su cómplice en esta tarea.

La víctima era Sailen, un joven dominicano de 21 años, que esa noche había acudido a un concierto en una sala a las afueras de Fuenlabrada, en Madrid. Su presencia no pasó desapercibida, estuvo en el escenario, era muy alto y subió varias publicaciones a las redes sociales. El concierto era considerado de alto riesgo porque a sus conciertos suelen acudir miembros de bandas juveniles. Por eso, había una amplia presencia policial. Cuando ya había amanecido, casi todos los asistentes se habían marchado y la policía se retiraba, aparecieron dos pequeñas figuras vestidas de oscuro que dispararon y atacaron con un machete a Sailen. Esos dos autores materiales ya fueron condenados por el homicidio cometido en el seno de los Dominican Don’t Play en un procedimiento en la jurisdicción de menores.

La investigación de casi siete meses no se limitó a los que perpetraron el crimen, sino que llegó hasta los que lo habían ordenado. Así, la causa culminó con la detención de Joaquín D. y Kevin H., a los que la policía situó en la cúspide de la organización en el barrio de Campamento. También fueron arrestados Benji de M. como miembro de la banda y Lucien I., por ser el que conducía la furgoneta blanca que era noche llevó a los menores a Fuenlabrada.

Benji de M. ha sido considerado culpable de pertenecer a una organización criminal y Lucien I. ha quedado en libertad después de que el jurado considerara que no era cooperador necesario del asesinato y que no sabía lo que iban a hacer los menores. Su abogada, Cristina González, designada por el turno de oficio, ha asegurado que ahora pedirá la indemnización correspondiente por los cuatro años que lleva en prisión preventiva. Lucien I. era completamente ajeno a la banda y era la primera vez que los Dominican Don’t Play planeaban un ataque hasta tal punto que subcontrataron la logística del crimen.

Una de las pruebas fundamentales fue el intenso intercambio de llamadas entre Lucien I. y Joaquín D. “Una vez es cometido el asesinato, la primera persona a la que llama es a Joaquín D., pero no le contesta. Después, hay una serie de llamadas con una insistencia denotaba que denotaba una urgencia muy grande”, declaró el instructor del caso. El principal acusado justificó esta intensa relación telefónica con el enganche de Lucien a las drogas, ya que Joaquín reconoció que se dedicaba a la venta de estupefacientes. Los investigadores también acreditaron, gracias al posicionamiento telefónico, que Joaquín participó en una especie de ensayo previo del crimen y acudió al lugar del ataque horas antes del homicidio.

El contenido de los teléfonos en el que se evidencia la relación jerárquica dentro de la organización ha sido otra de las claves en la decisión del jurado con respecto al considerado como jefe de la banda. En uno de sus terminales, además, se encontró una conversación con un usuario en la que se interesaba por la compra de un arma de fuego con el mismo calibre que los restos hallados en la escena del crimen de Fuenlabrada. Este revólver nunca se encontró, pero sí se localizó en el teléfono del acusado Kevin H. un vídeo borrado en el que se veía un recorrido por la Casa de Campo y el arma. Los agentes consideran que fue el vídeo que el acusado grabó al día siguiente de los hechos para indicar dónde estaban escondiendo el revólver.

El asesinato se circunscribe dentro de la guerra entre los Dominican Don’t Play y los Trinitarios, las dos bandas juveniles predominantes en Madrid. Según la investigación policial, el ataque en Fuenlabrada fue una respuesta a otra agresión sufrida por Joaquín D. apenas unas semanas antes del crimen, cuando salía de una discoteca en el centro de Madrid en la que actuó el mismo cantante de la noche del asesinato de Sailen. En los registros en las viviendas de los acusados, la policía intervino numeroso material típico de bandas, como un folio con el reglamento interno, pañuelos y collares y pulseras. “Tenía todo eso para hacerme el chulo, para ser guay”, declaró Kevin H. uno de los acusados. “Por esas cosas, se matan”, aseveró un policía de la Brigada Provincial de Informacion experto en los grupos juveniles violentos. La investigación no acreditó que el objetivo del ataque fuera Sailen, cuya familia ha estado representada por el abogado José María Andrés Cervera, o a los menores les habían encargado matar a cualquiera.

La fiscalía ha solicitado la pena de prisión permanente revisable para Joaquín D., 70 años para Kevin H. y cinco para Benji de M. Las defensas del resto de acusados ejercidas por Armando Torres, Pablo Corral, Lucas González han solicitado las penas mínimas para sus representados.

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