Un gol de tres senadoras a los encuestadores reabre el debate sobre el poder de los sondeos en Colombia

Hace un mes, mientras la atención mediática en Colombia estaba puesta en el trámite de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, los congresistas le asestaron un golpe, discretamente, a los encuestadores de opinión. Sin que los medios de comunicación o las empresas afectadas se dieran cuenta, aprobaron un proyecto de ley que establece todo tipo de regulaciones al sector. De acuerdo al texto, los encuestadores solo podrán publicar la intención de voto en elecciones cuando falten tres meses para las inscripciones de candidaturas, que suelen comenzar cuatro meses antes de los comicios. Tendrán, además, que tener márgenes de error menores al 3% en mediciones nacionales y entregar las respuestas individualizadas y anonimizadas al Consejo Nacional Electoral. Para los políticos de diversos partidos que impulsaron la reforma silenciosamente, esta es una gran victoria de la democracia. Los encuestadores, por su parte, denuncian una vulneración del derecho a la información y preparan una demanda ante la Corte Constitucional: argumentan que el proyecto debió tramitarse como una ley estatutaria, con mayores exigencias para ser aprobado.

El texto, que aún requiere de la firma de Petro para ser ley, señala que su objetivo es “garantizar la igualdad de acceso a la información” y “la transparencia de los datos en aras de aumentar la confiabilidad”. Exige requisitos como que las encuestas incluyan a todos los municipios con poblaciones mayores a 800.000 personas y que, en las mediciones de candidatos, se contemple a todos los inscritos ante la Registraduría. Si los encuestadores incumplen estas obligaciones, la ley deja en claro que “responderán civil y penalmente por sus actos”. Las autoras de la reforma, que retomaron un proyecto de 2022 que se hundió en la Corte Constitucional, fueron tres senadoras en las antípodas ideológicas: la derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático; la centrista Angélica Lozano, de la Alianza Verde; la izquierdista Clara López, de la coalición oficialista Pacto Histórico. Después de la aprobación en la cámara alta en marzo, el centrista Juan Sebastián Gómez, del partido Nuevo Liberalismo, impulsó el proyecto en la Cámara de Representantes.

Los congresistas, usualmente divididos en casi cualquier otro asunto, encontraron en este proyecto un punto de consenso. “Coincidimos en que Colombia no puede vivir 24/7 en campaña política”, apunta por teléfono el representante Gómez. Para él, “no puede ser” que las encuestadoras elijan solo a unos pocos candidatos para hacer sondeos (actualmente hay más de 70 precandidatos presidenciales), o empiecen a medir al posible sucesor de un alcalde antes de que este llegue siquiera a la mitad de su mandato. “Se enrarece el ambiente”, enfatiza. Las encuestas tempranas, asegura Gómez, le hacen “un daño” irreversible a las candidaturas que obtienen números bajos en intención de voto. “Queda instalada la idea de que no tienen chances, cuando en realidad es muy difícil hacer cualquier lectura cuando todavía hay 35 candidatos”, subraya.

Este tipo de impactos se han visto, por ejemplo, en la interna del Centro Democrático. Antes del violento atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay a principios de junio, los sondeos ya mostraban una tendencia: el congresista, con un amplio apoyo del empresariado, los lideraba junto a María Fernanda Cabal. Valencia, una de las autoras de la ley, quedaba relegada a un tercer puesto y los analistas ya le daban pocas posibilidades de ganar la candidatura. Ahora, con la nueva norma, este tipo de sondeos con tanta antelación ya no se podrán difundir —solo se podrán manejar de manera privada—. Ni Valencia ni las otras dos senadoras que promovieron el proyecto accedieron a una entrevista sobre el tema.

Alirio Uribe, del petrista Pacto Histórico, es aún más enfático que Gómez en sus críticas. “Las encuestadoras no son actores neutros, tienen intereses políticos. Por eso a veces tienen resultados tan diferentes”, afirma en una llamada. Señala que la clase política en su conjunto “no les tiene confianza” y que eso fue clave en la aprobación del proyecto de ley. “El proyecto tuvo consenso porque hay una sensación compartida de que las encuestadoras manipulan a la opinión pública para favorecer a uno u otro candidato”, añade. “Era necesaria una ley que las regulara, que estableciera unas reglas de juego. Se busca más fiabilidad y transparencia”.

Los encuestadores rechazan estos señalamientos. El gerente de Cifras & Conceptos, César Caballero, considera que los políticos carecen de autocrítica. “Tienen la tendencia de que, cuando ganan, es por su mérito. Y que, cuando pierden, es por las encuestas. No aceptan que pierden por sus errores y optan por la salida fácil de echarnos la culpa”, señala por teléfono. La información de los sondeos, dice Caballero, es esencial incluso cuando faltan meses para los comicios: las utilizan los empresarios para ver a qué candidato fondear, los operadores políticos para definir alianzas y los medios de comunicación para definir a quién invitan a debatir. Para el encuestador, los congresistas pronto se darán cuenta de que “se equivocaron” al también exigir muestras más grandes, que implican mayores costos. “Va a derivar en pocas encuestas, hechas por los muy ricos [quienes contratan a las encuestadoras]”, asegura.

Martín Orozco, gerente de Invamer, comenta por teléfono que “es un mito” que las mediciones tengan tanto impacto en definir una elección. “Gran parte de los políticos cree que la gente se inclina siempre a favor del ganador de las encuestas, pero no existe un estudio científico que valide eso. ¿Por qué ganó Iván Duque la Presidencia si al inicio de 2018 estaba muy bajo? ¿O por qué ganó Andrés Julián Rendón en Antioquia [en 2023] si hasta el último mes no iba ganando?”, cuestiona. Asegura que sus críticas a la ley no son por una afectación económica. “No vivimos de esto, sino de investigaciones de mercado para empresas privadas. Las encuestas de política las hacemos solo por contribuir al país y a la información”, dice. Según él, la ley promoverá la desinformación. “Para cuando se pueda hacer encuestas serias, las personas ya estarán contaminadas por las mentiras en redes sociales”, afirma.

Miguel García Sánchez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, traza un punto medio entre ambas partes. Le da la razón a los políticos en restringir la publicación de sondeos de intención de voto con tanta antelación, cuando aún hay demasiados candidatos. “Hoy hay muchas encuestas inútiles, con un montón de aspirantes alrededor del margen de error”, apunta en una videollamada. “Los encuestadores se benefician porque posicionan su imagen y hablan durante un periodo bastante largo en los medios de comunicación sobre números que dicen poco”, explica. Para él, es mejor que haya menos encuestas y que estas sean “de mejor calidad” al tener muestras más grandes y dispersas en más municipios.

Por otro lado, duda de las motivaciones de los políticos. Señala que las precandidatas presidenciales Paloma Valencia y Claudia López, esposa de la senadora Angélica Lozano, tienen números más bajos de los que quisieran. “No les conviene quedar fijas en un 5% ante los ciudadanos. Pueden creer que eso les bloquea posibilidades de crecimiento”, dice. Asimismo, considera que es pertinente la preocupación por otras mediciones, no reguladas, en las redes sociales. “Puede que se hagan más análisis de opinión pública a través de Big data o redes sociales. Ahí no tienes probabilística”, subraya. Matiza, sin embargo, que no cree que todo esto tenga un impacto real en los resultados: “Se exagera la capacidad de las encuestas para mover la opinión. ¿Cuántos ciudadanos están al tanto? Imagino que la mayoría cambia de canal cuando aparecen”.