El caso contra Diego Cadena, el ‘abogángster’ que arrastró a Álvaro Uribe a los estrados judiciales

“De día, abogado; de noche, abogángster”. La frase, captada en una interceptación telefónica con una exnovia, no solo hizo célebre a Diego Cadena, sino que condensó el estilo con el que ha sido descrito: audaz, provocador y habituado a moverse en los márgenes del poder. El penalista que representó a Álvaro Uribe Vélez, acusado de sobornar y manipular testigos en cárceles en su favor, es la figura clave del proceso que mantiene al expresidente sentado en el banquillo. Ambos procesos, contra el expresidente y su antiguo defensor, avanzan casi en paralelo, y los dos están a pocas semanas de recibir un primer fallo. Hay días en los que parece que la condena o absolución de uno depende de la del otro.

En medio de la espera, Uribe ha querido aprovechar para referirse directamente al caso de quien fuera su abogado. Este miércoles publicó un comunicado sobre el juicio de Diego Cadena en el que afirmó que “no hay pruebas sino mentiras comprobadas” cuando se dice que su exdefensor hizo sobornos monetarios en su favor, y agregó: “Ningún interés tendría el Dr. Cadena en efectuar esos pagos en efectivo, dado que dejó de prestarme servicios desde mediados del 2018”. Cerró el mensaje con una frase contundente: “No hay una sola prueba de que el Dr. Cadena hubiera pedido mentir o callar”.

La trayectoria de Cadena como penalista ha tenido la talla de los más poderosos hombres del narcotráfico. En la página web de su firma de abogados, escribe que “ha sido reconocido por ser experto en temas de extradición y representar a poderosos capos colombianos ante las autoridades estadounidenses y europeas”. Uno de sus clientes llegó a ser Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo hasta su extradición. También Diego León Montoya, Don Diego; y Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, por nombrar algunos capos. Creció y se hizo abogado en Tuluá, un municipio marcado en la década de los noventa por el dominio del cartel del Norte del Valle, cuyos principales capos se convirtieron en sus clientes años más tarde.

También fue abogado del expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado en 2023 por blanqueo de capitales (caso New Business). Sin embargo, el caso que le ha valido la mayor visibilidad mediática y política ha sido el que hay en su contra desde 2020, cuando la justicia lo señaló a él y a su colega Juan José Salazar de entregar supuestos sobornos a favor de Álvaro Uribe. Esto lo llevó a enfrentar una detención domiciliaria por 269 días en octubre de 2021. En julio del año siguiente quedó en libertad por vencimiento de términos.

Según la Fiscalía, Cadena y Salazar entregaron dinero y beneficios a exparamilitares como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve para que cambiaran su versión en favor del jefe político del Centro Democrático. Las visitas de Cadena a varias cárceles del país se convirtieron en el núcleo de la investigación judicial: interceptaciones telefónicas, chats, giros de dinero a familiares de los presos y las confesiones de los propios testigos han sostenido las acusaciones que se extendieron hasta Uribe, señalado por la Fiscalía como el principal beneficiario de esa estrategia.

En el juicio más sonado de la política colombiana, Cadena es la pieza suelta que convirtió una denuncia del expresidente en un proceso penal histórico en su contra. Tanto él como Uribe han rechazado de forma tajante los señalamientos, asegurando que los pagos a exparamilitares eran “ayudas humanitarias” y no sobornos para alterar sus testimonios. En una entrevista que dio el abogado a W Radio en 2019, aseguró que eran pagos para transportes de familiares de los presos o recargas telefónicas. “Eran giros de 300.000, 200.000 pesos” y luego, en la misma charla, aseguró que, si hubiera querido comprar sus versiones, no habría dejado rastro de las transacciones.

Pero no negó que fuera la primera vez que entregaba “ayudas humanitarias” a criminales en prisión. “Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda”, dijo a esa emisora para apuntar que su firma de abogados ha entregado ropa y elementos de aseo en prisión, como actos de caridad propios de su cercanía con las personas privadas de la libertad. La defensa del expresidente ha intentado marcar distancia, sosteniendo que Cadena actuó por cuenta propia y sin su autorización. En sus palabras finales antes del cierre del juicio, Uribe insistió: “Yo no busqué testigos, pedí verificaciones”. Y reafirmó que, si hubiera sabido de las andanzas de su abogado, lo habría rechazado.

El Ministerio Público también ha jugado sus cartas en contra de Cadena en el juicio y ha pedido que sea condenado por soborno y fraude procesal junto con Juan José Salazar. Lo que la Fiscalía intentó probar en el juicio es que, además de los registros de transacciones, se entregó dinero en efectivo a exparamilitares como Carlos Enrique Vélez para, supuestamente, alterar su testimonio y favorecer al expresidente y a su hermano, Santiago Uribe, quien fue investigado —y absuelto— por sus nexos con el grupo paramilitar Los 12 apóstoles. Vélez, por su parte, también ha declarado ante la justicia y ha dicho que Cadena lo buscó en 2017, en nombre de Uribe, para ofrecerle 200 millones de pesos (49.800 dólares) a cambio de escribir tres cartas a favor de los Uribe Vélez.

Según esa versión de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, alcanzó a recibir 40 millones de pesos (unos 9.900 dólares), que supuestamente le fueron consignados por partes a varias personas de su círculo cercano. El primer pago, asegura, se lo entregó en efectivo el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, un jurista que trabajó con Diego Cadena, a cambio de escribir, de su puño y letra, una carta testimonial en favor del expresidente. “Él me dictó”, ha repetido en varias declaraciones. Una segunda carta, también incorporada al expediente, fue escrita —según Vélez— en presencia de Juan José Salazar, socio de Cadena. En una entrevista que dio a la revista Raya, el exparamilitar resumió su vínculo con Cadena con crudeza: “Yo le dije a Cadena: ‘Entre bandidos nos vamos a entender”.

En el caso de Juan Guillermo Monsalve, la Fiscalía presentó una carta, sin firmar, en la que supuestamente el exparamilitar se retractaba de sus declaraciones contra Uribe. La Fiscalía ha sostenido que esa es una prueba del intento de Cadena por sobornar a otro testigo clave en el caso, además de los registros de ingreso del abogado a la cárcel La Picota en 2018 a visitar a Monsalve. El fiscal Daniel Hernández, en medio del juicio, afirmó que, aunque no se concretó nunca la retractación final, porque Monsalve se negó a firmar, “se trató de una maniobra para construir una prueba a favor de Uribe con base en la presión y la manipulación”.

Esas pruebas, junto con los testimonios y declaraciones, están siendo evaluadas por el juez del caso, quien deberá emitir sentencia a finales de mes, casi de forma paralela al fallo que prepara la jueza que estudia el expediente contra Uribe por los mismos hechos.

Una nueva denuncia contra Cadena

Esta semana, a menos de un mes de que se dicte su fallo, el periodista Daniel Coronell, quien ha seguido de cerca los pasos de Diego Cadena desde hace casi una década, reveló la existencia de una reunión entre el abogado y Manuel Castañeda, conocido como el narcochofer de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Es un hombre que trabajó en las arcas del Estado gestionando, desde el interior de la entidad que provee protección a las personas amenazadas, beneficios para criminales como carros blindados para transportar cocaína o vendiendo esquemas de protección.

Según el informe periodístico, se reunieron en un hotel de Bogotá en el que Cadena, supuestamente, le ofreció a Castañeda beneficios con agentes federales de Estados Unidos a cambio de declarar contra el senador Iván Cepeda, víctima acreditada en el caso Uribe, y Miguel Ángel del Río, su abogado, e involucrarlos en negocios falsos de narcotráfico. “Yo manejo estos temas hace muchos años, así que yo sé cómo camina esto”, se le oye decir al abogado en una conversación telefónica que fue grabada. También se conocieron chats y capturas de pantalla en donde se ven nombres de supuestos agentes estadounidenses de la DEA, el FBI y el HSI (Homeland Security Investigations).

Cepeda y del Río emitieron un comunicado público sobre la revelación, y calificaron el episodio como “un plan criminal de la mayor gravedad” que buscaba, una vez más, manipular testigos, presuntamente “con la intervención de agencias de investigación extranjeras”. El senador oficialista advirtió que, desde finales de junio, ya habían alertado sobre un posible complot en su contra. A pesar de la seriedad de la denuncia y del anuncio de la Fiscalía de abrir una indagación por las filtraciones, ni el Centro Democrático ni Álvaro Uribe Vélez —el personaje más activo y mediático del caso en redes sociales— se han pronunciado al respecto. La Fiscalía ya anunció que indagará las filtraciones. El ambiente, ad portas de los fallos en el juicio político más importante de las últimas décadas, está cada vez más cargado de tensión.