El proceso penal contra Álvaro Uribe llega a su última etapa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha llegado al momento clave de un caso penal en su contra que arrancó en 2018. En los próximos tres meses, la jueza Sandra Heredia debe definir si él se convertirá en el primer jefe de Estado colombiano en ser condenado por un proceso de soborno a testigos y fraude procesal. El juicio, que ha vivido en un laberinto judicial, ha llegado a la fase final esta semana: el líder de la derecha colombiana, quien fue presidente del 2002 al 2010, dirá sus últimas palabras de defensa este lunes ante la juez Heredia. Luego ella se irá a su despacho a tomar una de las decisiones más importantes para la política colombiana.

En mayo, cuando llegó el turno de la defensa para presentar a sus testigos, la jueza ironizó durante la audiencia: “Nos va a dar aquí la Navidad señalando fechas”. Manifestaba su preocupación por una posible estrategia del expresidente para dilatar el caso hasta su prescripción, el 8 de octubre de 2025. La defensa había propuesto inicialmente llamar a 92 personas a declarar a favor de Uribe. Cuando comenzó el juicio, redujo el número a 56. Tras varios llamados de atención de la togada, finalmente solo declararon 22.

Para evitar la prescripción, la jueza Heredia se fijó como plazo máximo la última semana de septiembre para dictar un fallo en primera instancia. Con ese horizonte, los abogados de Uribe se jugaron la semana pasada su carta final: durante más de 22 horas expusieron ante la jueza que no hay pruebas sólidas para condenarlo. La Fiscalía, en cambio, insistió la semana antepasada en que sí existió un plan sostenido para manipular testigos y reclamó un fallo condenatorio. La Procuraduría, en cambio, se alineó con la defensa al solicitar la absolución. Así están las cartas en la mesa de la jueza Heredia antes de escuchar al expresidente.

La defensa: “Usted no puede condenar por antipatías ni por emociones”

Las últimas palabras de Uribe hoy seguramente retomen mucho de lo que sus abogados, Jaime Lombana y Jaime Granados, dijeron la semana pasada: se tomaron más de 22 horas para dejar sus alegatos finales antes de la deliberación de la jueza. Uno de ellos habló sin parar durante varias horas sin tomar un vaso de agua. La tensión en la Fiscalía se siente en el aire. La juez ha hecho todo para que los implicados puedan hablar sin que la defensa lo dilate al infinito.

En la mañana del martes, Jaime Granados tomó la palabra. Con la voz pausada, el penalista se dirigió a la jueza con una petición que no dejó espacio para rodeos: “Venimos a pedirle a usted, señora jueza, que absuelva a Álvaro Uribe Vélez porque no hay prueba más allá de duda razonable que permita condenarlo”. Así arrancó un alegato que se extendió por varias horas y en el que sostuvo que la Fiscalía había construido su caso sobre pruebas manipuladas, grabaciones editadas y suposiciones políticas que, según él, nunca debieron cruzar la puerta de un estrado judicial.

Granados estructuró su presentación en bloques temáticos. Primero, arremetió contra la fiscal Marlene Orjuela, la delegada que asumió la acusación en la fase final del juicio, y a quien señaló de actuar con parcialidad y de ofrecer una versión distorsionada de los hechos. “Aquí no se está aplicando el derecho penal del acto. Se está aplicando el derecho penal del autor: se prejuzga a Álvaro Uribe Vélez por ser quien es”, afirmó.

Luego, el abogado cuestionó la forma en que la Fiscalía presentó los cargos. Señaló que la acusación no explicaba con claridad en qué momento, cómo o dónde supuestamente Uribe ofreció dinero o promesas para manipular testigos. “No ha sido capaz de decir cuál fue el acto de ofrecimiento”, lanzó Granados, argumentando que esa falta de precisión, por sí sola, debía llevar a la absolución.

El momento más extenso y técnico fue con respecto a la grabación del reloj espía, la prueba reina de la Fiscalía. Se trata del video que Diego Cadena, exabogado de Uribe, grabó con un dispositivo camuflado durante una visita a Juan Guillermo Monsalve, testigo que acusaba al expresidente de vínculos con paramilitares. Según la Fiscalía, en ese encuentro Cadena le habría ofrecido beneficios judiciales a cambio de retractarse.

Granados no negó la existencia de la grabación pero atacó su validez. Reconoció un corte de “un segundo” en el archivo y afirmó que eso bastaba para dudar de su integridad: “Ese video está fragmentado, incompleto, sin cadena de custodia adecuada. La propia Fiscalía reconoció cortes. Y aun con eso, en ningún minuto se escucha ofrecimiento de dinero, cargos públicos ni beneficios judiciales”. Según el abogado, la Fiscalía no ha entregado todos los fragmentos del video relevantes en el caso, y ha ignorado fragmentos donde Monsalve confirmaba presiones del senador oficialista Iván Cepeda para incriminar a Uribe.

Otra de las piezas clave del caso es la carta en la que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retracta de señalar a Uribe como promotor de grupos paramilitares, texto que fue redactado por el abogado Diego Cadena. Sobre este episodio, la defensa no negó que Cadena ayudara a escribir la carta, pero buscó desligar a Uribe de cualquier responsabilidad directa. “Es cierto que el abogado Cadena redactó borradores. Eso fue un exceso profesional. Pero no hay prueba de que Álvaro Uribe supiera de su contenido o que lo ordenara”, argumentó.

El abogado reanudó su exposición hablando de las interceptaciones telefónicas que la Fiscalía presentó como indicio de coordinación para sobornar testigos. “No hay ni un solo audio donde Álvaro Uribe Vélez hable de dar dinero o beneficios a un testigo. Ninguno. Todo es inferencia, conjetura, construcción narrativa”, sentenció. Y aprovechó para volver a defender el rol de Diego Cadena. Reconoció que el abogado había cometido errores, pero desligó al expresidente de ellos: “Cadena excedió sus funciones sin conocimiento ni consentimiento de Álvaro Uribe Vélez. Él actuaba como abogado, no como emisario criminal”, sostuvo.

Uno de los momentos más tensos se dio cuando Granados miró a la jueza y le pidió cautela al decidir el futuro de Uribe. “Su señoría, usted no puede condenar por antipatías ni por emociones”. Tras esa advertencia, cedió la palabra a su colega Jaime Lombana, quien continuó la defensa con sus propios argumentos al día siguiente. Según este, la Fiscalía no había explicado con suficiente claridad qué fue exactamente lo que hizo Uribe para cometer un delito, ni cómo ocurrió ese supuesto ofrecimiento a testigos. También criticó, según él, el caso estuviera contaminado por la opinión pública: “No puede este despacho sucumbir ante la presión mediática ni las emociones. La justicia exige rigor”.

La Fiscalía insiste en un plan sostenido para sobornar testigos

La jueza Sandra Heredia, en realidad, se ha mostrado firme en el control del proceso. Cuando un abogado de víctimas intentó apartarse de los hechos acusados para presentar un alegato más político, ella lo interrumpió con una advertencia seca: “Está haciendo su alegato que no hace parte de los hechos jurídicos y voy a suspender la audiencia”.

Mientras la defensa se jugaba la última carta de su estrategia la semana pasada, la Fiscalía, encabezada por la fiscal Marlene Orjuela, había pedido con firmeza la semana anterior la condena del expresidente. En sus alegatos iniciales señaló: “Comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno”. Según Orjuela, la Fiscalía había probado que Uribe coordinó con sus abogados, especialmente Diego Cadena, la manipulación de testigos, la redacción de cartas de retractación y la oferta de beneficios judiciales. Para la fiscal, no quedaba duda de que existía un plan sostenido en conversaciones, visitas carcelarias y grabaciones.

La Procuraduría, por su parte, adoptó la línea de la defensa. El procurador delegado Bladimir Cuadro solicitó la absolución, alegando que la Fiscalía no logró precisar con claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Tras meses de uno de los juicios más largos y seguidos de la historia reciente en Colombia, la jueza Heredia deberá deliberar y anunciar su sentido del fallo antes de octubre. No se trata solo del futuro penal de Álvaro Uribe: está en juego el desenlace del proceso judicial más importante de las últimas décadas, que ha mantenido al país pendiente y ha profundizado la polarización en torno al único expresidente de Colombia que se ha sentado en el banquillo de los acusados.

“Yo no fui a buscar testigos. Yo fui a verificar las acusaciones falsas que se me hacían”, fueron sus palabras en mayo, cuando arrancó esta etapa del juicio. Hoy el expresidente podrá volver a tomar la palabra.