El expresidente Álvaro Uribe declara desde el banquillo de acusados: “Yo no he ido a buscar testigos, he ido a verificar”

Este lunes, los colombianos fueron testigos de un hecho sin precedentes. Por primera vez en más de medio siglo vieron a uno de sus gobernantes dar una declaración desde el banquillo de los acusados. En los juzgados de Paloquemao de Bogotá, un par de kilómetros al occidente del palacio presidencial que ocupó durante ocho años, Álvaro Uribe entregó su primer testimonio en el juicio que enfrenta desde hace un año. En nueve horas de audiencia, en las que reiteró puntos de vista y afirmaciones que ha repetido por años, respondió las preguntas formuladas por la cabeza de su equipo de defensa, Jaime Granados, en torno a un caso en el que es acusado de soborno, manipulación a testigos y fraude procesal.

Las declaraciones del expresidente (2002-2010) de derecha, en su característico tono pausado, giraron alrededor de tres ejes: “su buena fe” —“He procurado tener una vida pública, con equivocaciones humanas, pero honorable”, dijo—, la revisión de la línea de tiempo —indica que si hubiera querido sobornar testigos, lo hubiera hecho en 2012, cuando fue denunciado por vínculos con el paramilitarismo, y no en 2018, fecha de los hechos del caso— y, como tercer punto, su defensa de las Convivir, unas asociaciones de ganaderos y empresarios formadas en los años noventa en regiones azotadas por las guerrillas. Aunque el caso no es por vínculos con el paramilitarismo, la gran sombra que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política, el asunto ocupó un espacio importante de su intervención, la primera de una versión que se prevé tome varios días.

El expresidente defendió esas asociaciones y argumentó que es “un creyente en todo lo que es la cooperación ciudadana con la fuerza pública”. Afirmó: “En la gobernación de Antioquia [departamento que dirigió entre 1995 y 1997] apoyé las Convivir, creadas por el Gobierno nacional. Y, siendo presidente de la República, se crearon en todo el país grupos de informantes, de cooperantes, que ascendieron a 4.600.000 personas en armas, fundamentalmente con comunicaciones, y eso ayudó bastante [en la lucha contra las guerrillas]”. Dichos grupos han sido cuestionados por ser considerados el origen de los ejércitos paramilitares, que fueron responsables de decenas de masacres y miles de asesinatos. Aunque se han verificado casos concretos de asociaciones convertidas luego en ejércitos, para Uribe se trató de casos aislados y aberrantes. Durante la audiencia defendió que “obedecían, en el Estado de derecho, al deber de solidaridad de cada ciudadano con los representantes de las instituciones del Estado”.

Los nombres de Juan Guillermo Monsalve Pineda y de Pablo Hernán Sierra, testigos que lo señalan de haber tenido vínculos con el paramilitarismo, también salieron a relucir a lo largo de la sesión, interrumpida cada hora y media para permitir que el político se tomara un breve descanso de cinco minutos. A la pregunta de Granados sobre si conocía al señor Monsalve, Uribe dio una respuesta negativa: “Nunca lo he conocido. Lo vi aquí sentado cuando vino a dar testimonio en este juicio”. Monsalve, un confeso paramilitar, ha asegurado que Uribe y su hermano Santiago fundaron un grupo paramilitar, el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una acusación que el expresidente siempre ha negado. Un abogado de Uribe, Diego Cadena, visitó a Monsalve en la cárcel en febrero de 2018. Hoy, dicho defensor enfrenta un juicio paralelo, en el que es acusado de haber sobornado a exparamilitares para que modificaran sus testimonios a favor del expresidente.

La versión de Uribe es totalmente opuesta. Lo reiteró este lunes: “Yo no he ido a buscar testigos. Yo he ido a verificar”, dijo. Ese ha sido su argumento para explicar los contactos entre sus abogados o enviados y varios paramilitares. Según dice, cuando escuchó rumores sobre que el senador de izquierdas Iván Cepeda había recorrido cárceles de Colombia y Estados Unidos en busca de personas que declararan en su contra, decidió investigar. Uribe sostiene que Cepeda los habría sobornado, hecho por el que el expresidente lo denunció ante la Corte Suprema en 2012. Ambas partes se acusan del mismo delito.

En 2018, el alto tribunal le dio un giro total al caso: archivó el proceso contra el senador de izquierdas y, en cambio, pidió investigar al expresidente, bajo la sospecha de que él y sus abogados manipulaban testigos para que acusaran a Cepeda de presionarlos para enlodar a Uribe. “Para mí, esto ha sido muy difícil con el senador Cepeda”, dijo este lunes el antiguo jefe de Estado. “Yo vivo muy extrañado. A veces pienso que el senador Cepeda, en esa actividad febril contra mí, piensa que yo tuve que ver con el asesinato de su padre”. Y reitera: “A mí nunca se me habría ocurrido ir a buscar testigos para una cosa distinta que verificar”.

Sobre el otro testigo en su contra, Pablo Hernán Sierra, ex jefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Uribe repitió su versión. “Yo no lo conozco”, dijo. Sierra ha asegurado que la hacienda Guacharacas, en tiempos en que era propiedad de la familia Uribe, fue el primer asentamiento paramilitar en Antioquia, a finales de los años ochenta. Uribe le pidió a la juez que revise la línea de tiempo de los hechos, pues sostiene que desde 1983 él se desvinculó de la finca por causa del dolor que le generó que fue allí donde la guerrilla de las Farc asesinó a su padre. El exmandatario ha señalado que ese hecho lo marcó profundamente, y es uno de los sucesos que definieron su derrotero político. “Dolor mas no odio. Yo con odio no hubiera aspirado a la presidencia de la República”, aclaró.

“¿Por qué me marca tanto ese hecho del 14 de junio de 1983?”, se preguntó, de forma retórica, refiriéndose a la fecha exacta en que su padre fue asesinado. “Mi hermano Santiago trató de desorientarlos [a los guerrilleros] gritando desde otro lado; con un fusil le atravesaron el pulmón. Mi hermano es sobreviviente por milagro”, agregó. Tras la muerte de su padre, el expresidente cuenta que no volvió a Guacharacas, una tierra adquirida en el oeste antioqueño en 1977 y que —añade— su familia “malvendió” en 1996, cuando él era gobernador. También respondió a los señalamientos que apuntan a que la venta se habría hecho solo sobre el papel, a testaferros. “Hay mentiras que se detectan muy fácil por la línea de tiempo”, reiteró.

La última intervención del expresidente consistió en desligarse de Cadena, al afirmar que no le dio instrucciones de cometer ninguna irregularidad. Sobre las 5 de la tarde la juez suspendió la sesión para citarla, de nuevo, este martes a las 8.30 de la mañana. No será la última. Faltan horas de testimonio del expresidente, además de las indagatorias a los más de 70 testigos que fueron anunciados por su defensa.