La pobreza cae en Colombia pese a las fallidas políticas sociales del Gobierno y a algunas dudas estadísticas

El primer Gobierno de izquierdas de la Colombia contemporánea ha fallado a los más pobres entre los pobres. Es una paradoja. El presidente Gustavo Petro ha celebrado como logro propio los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que indican una reducción notable en la pobreza monetaria del 34,6% en 2023 al 31,8% en 2024 —la tasa más baja desde 2012—. Sin embargo, su retrato resulta incompleto y el avance no ha sido uniforme. Al hacerle doble clic al informe de la agencia estadística se detalla que la franja más vulnerable, el 20% de la población más necesitada, fue la que menos vio crecer sus ingresos per cápita y, debido a las falencias en los programas sociales del Ejecutivo, las ayudas redujeron ese aumento en -1,68%.

Se trata de una noticia agridulce y un fracaso social atribuible a las políticas del Gobierno progresista. Detrás de esta madeja de cifras se halla una realidad descarnada: algo más de 16 millones de colombianos tuvieron que arreglárselas para subsistir con 460.198 pesos mensuales (unos 114 dólares, al cambio de hoy) a lo largo del año pasado. Esa fue la línea roja para medir el umbral de la llamada “pobreza monetaria”, un capítulo estadístico que mapea el ingreso mínimo vital. Son familias y hogares que a duras penas alcanzaron a llegar a final de mes con lo justo; que tenían el dinero contado para cubrir los servicios básicos y una alimentación elemental que no es garantía de una dieta adecuada.

¿Qué ha sucedido con el 20% de colombianos con menores ingresos? Al despiezar los datos, diversos expertos han alzado la voz para subrayar que las ayudas oficiales no los han beneficiado. Los subsidios han ayudado a sectores mejor posicionados en la larga fila de la precariedad. A ciudadanos, por ejemplo, que lograron acceder al mercado laboral tras la crisis del Covid. La gran mayoría de ellos lo hizo a través de ese profundo universo soterrado que es la informalidad en Colombia. El llamado “rebusque”. O por medio de la robustecida burocracia estatal, que durante la era de Petro se ha ensanchado a través de casi dos millones de contratos de prestación de servicios temporales. Es una palanca a la que el precandidato presidencial opositor Mauricio Cárdenas ha catalogado de “empleo militante”.

“El presidente, de forma simplista, muestra en la gráfica la serie de tiempo, y dice: he reducido la pobreza de manera histórica. Pero al descomponer los datos queda claro que sus políticas de redistribución han tenido poco que ver con esto”, explica la experta en políticas sociales Natalia Galvis Arias. Ella no subestima los resultados, pero los matiza con un análisis detenido. “Debemos tener claro qué factores inciden. Hoy el DANE tiene la capacidad de evidenciar que los programas de Prosperidad Social [la entidad estatal encargada de las ayudas] no están reportando valores, simplemente porque los acabaron. Desmontaron los programas de transferencia monetaria que venían funcionando”, argumenta Arias.

Se trata, más allá de la lectura de las gráficas, de una crisis en la que uno de cada nueve hogares sufrieron de una condición material severa que es destructiva para cualquier sociedad. Por eso llama la atención el escaso impacto de las políticas sociales a la hora de reducir la pobreza extrema -un indicador que, en la más reciente publicación oficial, mide el número de personas cuyos ingresos mensuales no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos—. Esta tasa descendió de 12,6% a 11,7% en el último año. Son colombianos que, a lo largo del año pasado, no tuvieron cómo comprar una canasta básica, que en las zonas urbanas costaba 242.389 pesos (unos 59 dólares) por persona, mientras en el campo ascendía a 176.154 (43 dólares).

El catedrático de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes Andrés Álvarez precisa que la lenta reducción de esta situación, en la que se vulneran derechos básicos, no es un asunto de falta de recursos estatales. Por el contrario, recuerda que los programas sociales del Gobierno tienen una asignación importante del presupuesto de la Nación. Por eso, señala que, entre las causas para explicar los exiguos avances, se halla la ruptura técnica y metodológica implantada por la Administración de Petro en los mecanismos del escudo de protección social. “Los datos dan cuenta de que las ayudas estatales no están generando una disminución de la pobreza. Al contrario, muestran que las remesas que envían las familias del extranjero han incidido más en la disminución de la pobreza. Es una paradoja”, detalla Álvarez. Además de esos giros, los expertos encuentran dos factores notorios para la reducción de la pobreza, como son el crecimiento económico y el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno.

Ahora bien, Galvis llama la atención sobre una noticia que la directora de la agencia estadística, Piedad Urdinola, reveló en la rueda de prensa de presentación de los datos: “Entregó el informe ajustado de 2023. Dos años más tarde nos cuentan que el DANE reportó cifras que no se corresponden con la realidad”. Considera que se trata, a la vez, de un desacierto y un ejercicio de honradez e independencia del departamento estadístico. “Primero nos dijeron que en 2023 la pobreza se redujo a 33%. Ahora nos informan que, en realidad, quedó en 34,6%”, explica Galvis.

Añade que el desfase resulta más grave aún en el caso de la lectura de pobreza en las zonas rurales, donde en principio se reportó una disminución del 45% al 41%. “Ahora sabemos que quedó en 44%. Es decir, no bajó. La directora ya advirtió que hay que esperar los ajustes que hagan a la cifra de este año. Podemos anticipar que el patrón que han reportado tiene errores y que la pobreza monetaria, en realidad, ha sido más alta”, se queja la experta.

El DANE ha reconocido que falló. Su directora, Piedad Urdinola, afirmó a este diario: “Cuando se detecta la necesidad de realizar un ajuste, como ocurrió con la estadística de pobreza monetaria 2023, activamos de inmediato nuestros protocolos técnicos, ajustamos los datos y publicamos la nota metodológica correspondiente”. Y concede que “detrás de cada dato hay personas y realidades concretas. Por eso asumimos con responsabilidad la entrega de cifras sólidas”. ¿Qué sucedió? Natalia Galvis precisa que la agencia oficial contabilizó valores correspondientes a una transferencia monetaria específica, la de devolución del IVA, en hogares que jamás la recibieron. “Ellos mismos mostraron por qué la cifra estaba inflada. Por eso, para saber realmente qué pasó en 2024, debemos esperar aún a la entrega definitiva el próximo año”.