Las últimas palabras de Álvaro Uribe para pedir su absolución: “Yo no busqué testigos, pedí verificaciones”
Después de siete años de proceso judicial, en el que el expresidente es acusado de soborno de testigos, la jueza emitirá una decisión el próximo 28 de julio


Las cartas ya están echadas. El juicio más sonado de la política colombiana ha llegado a su fin con la extensa intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sumó cerca de 18 horas a lo largo de dos días de audiencia y cerró este martes con un tono casi suplicante. Frente a la jueza Sandra Heredia, la mujer que sostiene su destino judicial y político entre las manos, Uribe le pidió con solemnidad que lo declare inocente de los cargos de soborno a testigos y fraude procesal. En el Complejo Judicial de Paloquemao, ese laberinto gris en el corazón de Bogotá donde se libra su batalla legal más dura, pronunció sus últimas palabras antes de la deliberación: “Yo soy muy viejo, señora juez. Yo tengo 73 años. Con todo respeto pido a usted, en mi alma, yo quiero que usted me absuelva”.
En la sala, rodeado por sus abogados y figuras cercanas como la senadora Paloma Valencia y la exministra Alicia Arango, Uribe ofreció un discurso cargado de gravedad y tono personal. Abrió su intervención defendiendo su reputación con vehemencia contra el senador del oficialismo que interpuso la denuncia en su contra que ahora lo tiene en el banquillo de los acusados: “Iván Cepeda ha afectado gravemente mi honra, mi imagen y mi buen nombre”, dijo. Según él, el legislador “ha impulsado un sistemático descrédito con señalamientos infundados que han tenido un alto costo personal, familiar y político”. En realidad el caso arrancó cuando Uribe señaló a Cepeda de soborno a testigos y fraude procesal, pero cuando la Corte Suprema miró las pruebas del caso decidió, en 2018, cerrar este contra el senador de izquierdas, y abrir uno contra el expresidente de derechas. Un efecto boomerang que ha mantenido a la política colombiana en suspenso
Uribe aseguró que en siete años de proceso ha escrito 24 libretas y 91 informes para probar su versión. Reiteró que no hubo plan alguno para comprar testimonios desde las cárceles, como alega la Fiscalía en el caso de Juan Guillermo Monsalve, el exparamilitar que lo señaló desde 2012 y que, según la acusación, en 2018 habría recibido presiones o beneficios para firmar una carta de retractación. “La mayoría de esos presos fueron encarcelados durante mi gobierno. Eso es un indicativo muy importante de que no tendrían interés en favorecerme”, sostuvo.
También se detuvo en otro de los episodios controvertidos del expediente: la supuesta carta que, según Monsalve, envió a la Presidencia de la República al final del mandato de Uribe, en la que pedía protección a cambio de mantener su silencio frente a confesiones sobre el paramilitarismo. El expresidente negó haber recibido o conocido esa comunicación: “Monsalve ha indicado que ha dirigido una carta a la Presidencia de la República al final de mi ejercicio. Primero, esa carta no la recibí, ni la conocí. Segundo, ni siquiera yo habría intentado hacer eso”. En su intervención negó, además, haber ordenado actuaciones ilegales por medio de sus abogados: “Yo no determiné a nadie para que fuera a hacer una gestión de soborno de testigos. Yo no fui a buscar testigos. Yo fui a verificar unas acusaciones falsas”.
Los abogados Jaime Monsalve y Jaime Granados, organizaron su estrategia en torno a episodios concretos para desmontar la tesis de un plan sistemático de soborno. Comenzaron hablando del testigo estrella contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve; siguieron con el caso de la exfiscal Hilda Niño, a quien señalan como parte del supuesto patrón de buscar testimonios favorables desde las cárceles. Luego, siguieron con el caso del exparamilitar Juan Carlos El Tuso Sierra y dejaron espacio para hablar de Santiago Uribe, el hermano del exmandatario acusado de integrar un clan paramilitar.
Uribe también se refirió a la finca Guacharacas, propiedad de su familia y epicentro de parte de las acusaciones, para explicar el contexto violento de la región. Mencionó el testimonio de Óscar Albeiro Jiménez, un antiguo trabajador de la hacienda que ha declarado contra Santiago Uribe Vélez y ha afirmado que se reunía allí con grupos paramilitares que acampaban en los terrenos. En su lugar, el expresidente justificó la situación explicando que los paramilitares pernoctaban ocasionalmente en la finca, pero no en la casa, que estaba destruida, y que el predio era tan grande y expuesto a la carretera y que allí podían instalarse indistintamente paramilitares, guerrilleros o incluso el Ejército. “No es de ponerle malicia, señora jueza. Cualquiera podía pasar la noche allí”, agregó Uribe, subrayando que el verdadero problema de su familia fue haber crecido y trabajado en el campo, “en medio de la violencia política”.

“Yo también tengo derecho a los derechos humanos”
En la última sesión de la audiencia, este martes, el exmandatario terminó su intervención sin dar espacio a preguntas. El líder de la oposición abandonó el Complejo Judicial de Paloquemao por el parqueadero para evitar ser interpelado por la prensa, mientras el senador oficialista Iván Cepeda, demandante en el caso, dijo a los medios de comunicación que “desde la bancada de víctimas, lo que señalamos es que sea cual sea la decisión, la aceptaremos con respeto y procederemos de acuerdo al derecho y a la justicia”. La decisión de la jueza se dará a conocer el próximo lunes, 28 de julio, a partir de las 8.30 de la mañana.
En su segunda y última jornada, Uribe Vélez calificó el proceso en su contra como un montaje político. Reiteró que los dineros entregados por Diego Cadena, su anterior abogado, a exparamilitares involucrados en el proceso, eran “ayudas humanitarias” que se entregaron a sus espaldas y sin su autorización. Y dedicó una buena parte de su alegato a señalar las afectaciones que ha vivido por cuenta de este expediente. “En 2018, por casi una década, he vivido un maltrato permanente. Un señalamiento permanente de paramilitar. Me han relacionado con Pablo Escobar; con la empresa que había contratado unos sicarios que asesinaron a don Guillermo Cano; con Santiago Gallón, el día que lo pusieron preso por narcotráfico. El daño reputacional y moral que me ha hecho este proceso es inmenso, pero también daño electoral”, aseguró.
En medio de la diligencia, el expresidente solicitó investigar la ausencia de la abogada Mercedes Arroyave, afirmando que “es clave en este proceso y no aparece”. Según Uribe, su testimonio sería fundamental para aclarar si hubo o no maniobras indebidas en la recolección de declaraciones de exparamilitares, dado que ella habría tenido contacto con varios de ellos mientras se definían versiones sobre sus presuntos nexos con el paramilitarismo. También señaló que la Fiscalía debía explicar por qué no la había ubicado o llamado a declarar, sugiriendo que su versión podría desmontar las acusaciones en su contra.

No fueron pocas las veces que el expresidente le pidió a la jueza Sandra Heredia que lo declare inocente. “Yo le pido muy comedidamente, señora juez, que me absuelva en este episodio. Sufrí tanto cada vez que la fiscal ha pedido que me condene”, señaló. También aprovechó varios episodios para referirse a las coyunturas políticas del Gobierno. “Yo he procurado hacerle oposición al gobierno del presidente Petro, con franqueza, pero sin insultos, y sin un discurso que estimule la acción de los criminales”, señaló en la mañana del martes, y aprovechó para referirse al atentado a Miguel Uribe Turbay, el senador que abaleado el pasado 7 de junio. “Me ha dolido tanto”.
En un receso de sus alegatos, el delegado de la Fiscalía intervino para pedirle a la jueza, además, que sean condenados Diego Cadena y su colega, el también abogado Juan José Salazar Cruz, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En su argumentación, decían que hay pruebas suficientes para evidenciar que como abogados del expresidente entregaron beneficios y dinero a exparamilitares en las cárceles. “Fue parte de una estrategia sistemática para influir en los testimonios y favorecer a Uribe”, señaló.
En la última parte de sus alegatos, Uribe apeló a una frase emotiva en medio de un discurso sobre supuestos riesgos de seguridad. “El asilo que he pensado pedir, es en el corazón de mis compatriotas”. Y terminó su intervención reiterando su inocencia. “Yo también tengo derecho a los derechos humanos. Yo, que he tenido la condición de acusado, también quiero decir que amo mucho a Colombia y he procurado proteger la vida de quienes me han apoyado y de quienes me han combatido. Señora juez, le pido respetuosamente que me absuelva. Yo no pedí testigos, pedí verificaciones”.
“No se puede permitir que se normalice la compra de testigos”
Del otro lado de la sala, las víctimas del proceso también hicieron uso de la palabra para contradecir la versión del expresidente y pedir justicia. La semana pasada, cuando la jueza dio paso a los alegatos finales de las víctimas, tomó la palabra el abogado Miguel Ángel del Río. Según él, existió “un modus operandi para manipular testigos, para que cambiaran su versión a favor del señor Álvaro Uribe Vélez”. Agregó que había “una estructura organizada para ofrecer beneficios a cambio de retractaciones”. En su mensaje final, insistió en que “si no se condena esta conducta, se envía un mensaje de impunidad”.
El abogado Reynaldo Villalba reforzó esa línea y alertó sobre la gravedad de la decisión. Aseguró que “lo que aquí se buscaba era enlodar a testigos que habían declarado sobre la relación de Álvaro Uribe con el paramilitarismo” y calificó el expediente como “un caso paradigmático de obstrucción de la justicia”. Con esas intervenciones, la bancada de víctimas cerró sus alegatos respaldando la petición de condena de la Fiscalía y solicitando a la jueza una sentencia que marque un límite claro contra la manipulación de testigos y la corrupción en procesos judiciales. Frente al tribunal, insistieron en que el proceso no es una persecución política sino la oportunidad de sancionar penalmente hechos graves y probados.
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