El carbón colombiano prohibido por Petro se sigue exportando a Israel

El presidente Gustavo Petro agitó en agosto del año pasado las banderas propalestinas y decretó un bloqueo a las exportaciones de carbón colombiano a Israel. La sanción contra las operaciones militares en Gaza no era una cuestión menor. El país sudamericano es el mayor proveedor para la energética estatal situada en Haifa. Un año más tarde, sin embargo, la realidad discurre por otros caminos a los que deseaba el mandatario. El comercio de este recurso clave entre Sudamérica y Medio Oriente continúa. Casi sin alteraciones. Además, la enviada de la ONU, Francesca Albanese, que se encuentra en una cumbre multilateral en Bogotá a favor de los palestinos, evidenció recientemente en un informe que multinacionales como Drummond y Glencore, que extraen dicho mineral del norte de Colombia, están ligadas a los daños provocados por la ocupación en Palestina.

Al decreto de Petro le faltan dientes sancionatorios y se ha convertido en un gesto vacío de contenido. El flujo de buques carboneros ha sido constante desde entonces. Lo certifican los rastreadores digitales de tráfico marítimo. Al menos una treintena, como el granelero Algoma Value, han zarpado con cierta frecuencia desde Santa Marta o Ciénaga en Colombia, y han atracado en la ciudad portuaria de Ashkelon (Israel). Así mismo, entre septiembre y abril, Colombia exportó 1,24 millones de toneladas de carbón a Israel, según informes de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s.

Las dos multinacionales señaladas por la relatora de la ONU —la estadounidense Drummond y la suiza Glencore— concentran las ganancias. El medio Vorágine calcula que las exportaciones durante ese lapso ascienden a unos 400.000 millones de pesos (alrededor de 100 millones de dólares). “Es un decreto político que no estipulaba multas. El impacto ha sido mínimo. Las empresas han puesto sus contratos antes que una norma que, en realidad, buscaba hacer más ruido que tener un impacto real”, argumenta el geólogo Amat Zuluaga, director del Observatorio de la Transición Energética del Caribe.

Hoy, con todo, se calcula que el ritmo en la ruta comercial de carbón entre los dos países se mantiene en un 90%. “La aplicación del decreto ha tenido consecuencias, sobre todo, para todas aquellas exportaciones que no estaban negociadas y definidas mediante contratos de suministro ya perfeccionados”, detalla el director del departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, Milton Fernando Montoya. Es decir, el vacío se ha creado en los negocios que no se llegaron a sellar antes de agosto de 2024. Sin embargo, la maquinaria del Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia e Israel en 2020, está bien engrasada: “Es una norma que quedó volando. Las empresas han seguido con su operación normal, a pesar del gancho político que utilizó el presidente Petro para generar inquietud económica”, asegura el asesor minero Guillermo Hurtado.

De cualquier forma, Montoya afirma que ya hay más de un atasco en el Ministerio de Industria y Comercio para acreditar los negocios de exportación que ya habían sido firmados antes de la expedición del decreto presidencial. Un proceso que califica de “engorroso” y “complejo” por la cantidad de documentación requerida. Pero entre la infracción a una norma restrictiva y las críticas de Francesca Albanese, relatora de la ONU, hay unas diferencias. Por eso, las multinacionales suiza y estadounidense han rechazado con firmeza las acusaciones de que sus negocios forman parte de una “economía del genocidio”.

“Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania está bajo un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos”, se lee en el documento. En declaraciones publicadas por la BBC, un portavoz de Glencore aseguró que los señalamientos son infundados y carecen de “fundamento jurídico alguno”. La Drummond, por su parte, detalló al medio británico que en agosto de 2024 el Gobierno colombiano expidió una autorización añadida que reforzaba lo ya estipulado en el decreto: las empresas tendrían derecho a cumplir con sus obligaciones ya establecidas.

El trabajo de Albanese señala que el suministro del mineral desde los departamentos del Cesar y La Guajira apoya la red civil que Israel utiliza para “consolidar su anexión permanente y la destrucción de la vida en Palestina”. También afirma que dichas instalaciones abastecen al ejército israelí mientras este destruye Gaza: “La naturaleza aparentemente civil de dicha infraestructura no exime a una empresa de su responsabilidad”. Su crítica demoledora pone en el punto de mira a los grandes productores mundiales de energía, tecnología y construcción. También a los fabricantes de armas.

En Colombia, los gremios del sector se han limitado a reconocer que el carbón colombiano, que representa más del 50% del mercado israelí, continúa entrando a ese Estado a pesar de la sanción presidencial. Una postura, en parte, comprensible dentro de un sector que atraviesa horas bajas. Basta recordar que si el país vendió en 2024 casi 67 millones de toneladas, este año no llega aún a las 20 (antes de la pandemia el promedio era de 120). No es momento para vetos comerciales, repiten.

Por eso, más de uno prefiere pasar de puntillas frente al tema. El drama en Oriente Próximo es innegable: más de 58.000 personas han muerto en Gaza. Y, al mismo tiempo, la situación de miles de habitantes de regiones que dependen del carbón empieza a estrecharse en el país sudamericano. Aunque las exportaciones a Israel solo suman el 5% del total de la balanza, la Asociación Colombiana de Hidrocarburos advirtió el pasado agosto que el bloqueo podría traducirse en pérdidas por hasta 650.000 millones de pesos en impuestos y regalías.

“Por eso, las empresas han tratado de bajarle el ruido a la situación, y el Gobierno ha preferido hacerse el de la vista gorda. Unos y otros se han quedado quietos. El presidente ya envió su mensaje simbólico que pretende mostrar a Colombia como salvadora del mundo, y las multinacionales saben que los acuerdos comerciales existentes son más fuertes que cualquier escándalo coyuntural”, opina Zuluaga.