La Universidad de Antioquia enfrenta un futuro incierto

“La Universidad de Antioquia está en crisis”, se ha repetido por años en los pasillos de uno de los claustros públicos más importantes del país, el más tradicional del departamento con mayor población en Colombia. Pero, en el último año, esa aseveración ha cobrado una nueva urgencia. Para profesores y estudiantes, la palabra crisis ya queda pequeña. A dos meses de acabar 2025, la rectoría explica que la Universidad tiene un déficit de 148.000 millones de pesos, unos 38.000 dólares y el 9% de su presupuesto del año.

El rector, John Jairo Arboleda, acepta la complejidad. “Tenemos una crisis financiera histórica, producto de la fórmula de financiación de las universidades públicas. Desde la rectoría hacemos grandes esfuerzos institucionales para tratar de contenerla”, señala en una entrevista en su despacho. Se refiere a un problema nacional. La Ley 30 de 1992, que estructura todo el sistema y determina cuánto dinero entrega la Nación a las universidades, es señalada por Arboleda y por sus críticos como la culpable de un déficit que, según la agremiación de las universidades públicas, suma al menos 19 billones de pesos en todo el país. De ellos, la Universidad de Antioquia arrastra 433.252 millones de pesos, unos 120 millones de dólares.

El Gobierno de Gustavo Petro, elegido en 2022 con especial fuerza entre las juventudes, ha buscado reformar la ley. Su propuesta, que fracasó en el Congreso en 2024 y que ahora ha aprobado el Senado, propone impulsar el crecimiento de los aportes de la Nación a las universidades, al atar su cambio anual no a la inflación general, sino a un índice específico de sus costos. Mientras se da ese cambio, que depende de la Cámara de Representantes y no la tiene fácil en el creciente ambiente electoral, la Universidad ha intentado sobreaguar. “Recibimos la institución con una desfinanciación acumulada y ese primer año [2018] lo cerramos bien. Luego, trabajamos en la gestión de recursos propios. Por eso no se había sentido tanto el impacto. No obstante, en los últimos dos años hemos agotado muchas de nuestras reservas”, agrega el Rector, un veterinario de profesión, quien apoya el proyecto de ley. “Frenaría la brecha que se ha venido abriendo en los últimos 30 años. Eso sí, nos tardaremos al menos una década en empezar a cerrarla”, afirma.

Otros estamentos de la Universidad coinciden en el efecto de la ley, aunque señalan que se suman otros factores. “Aquí hay varias crisis. Todas se cocinaron lento y mostraban indicios desde hace mucho”, explica Juan Manuel Muñoz, suplente de la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU), la mayor instancia de gobierno de la universidad.

Todo estalló en mayo del año pasado, cuando hubo un retraso en los pagos a los docentes y el personal administrativo. El escenario era inusitado y mostró la magnitud de la crisis financiera. Los profesores crearon una mesa ético-política, compuesta por 43 docentes y que busca estudiar la crisis y plantear soluciones. Los hallazgos han sido desalentadores, y no solo porque, como dice Muñoz, la mesa ético-política haya encontrado que el déficit creció un 700% desde 2018. “La gestión administrativa y financiera es malísima. Estamos en un punto de quiebre”, alerta Paola Posada, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Los docentes señalan que los problemas van más allá de la escasez de aportes y pasan por la gestión de Arboleda. “A sabiendas de que la Universidad tenía recursos escasos, decidieron crecer sin techo, generar nuevas infraestructuras, expandirse por diferentes municipios de Antioquia, expandirse en pregrados y posgrados, aumentar la cobertura. Eso generó un desbalance mucho mayor. Para controlarlo, en vez de frenar el crecimiento, se endeudaron más”, detalla la contadora María Isabel Duque, representante profesoral ante el CSU e integrante de la mesa.

Arboleda defiende el programa de regionalización. Para él, la expansión ha sido responsable, un éxito que ha saldado la deuda con las poblaciones más excluidas del departamento. “Ha contado con el respaldo de toda la comunidad universitaria - profesores, estudiantes, egresados- y de las dirigencias políticas local, regional y nacional. El programa tiene costos altos, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer es buscar que se financie para poder seguir aportando a la equidad y al desarrollo social y económico”, argumenta.

Las medidas

Desde junio de 2024, el claustro entró en una política de austeridad con la que, según datos oficiales, ha ahorrado 10.000 millones de pesos. Para los profesores, la estrategia no ataca los problemas estructurales; Duque las llama “acciones reactivas improvisadas”. Los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se han pronunciado contra varias medidas y el cuerpo docente del departamento de Sociología ha enlistado sus preocupaciones sobre directrices como la reducción de las salidas de campo.

“Es urgente revisar ciertos beneficios, como los sueldos de quienes están en comisiones o de los altos directivos. Necesitamos recortar tanta burocracia”, argumenta Muñoz, el representante estudiantil. Duque se detiene especialmente en el aumento del endeudamiento. “Standard & Poor’s — una de las agencias de calificación de riesgo y análisis financiero más importantes del mundo— nos ubica en el último nivel del grado de inversión. Si bajamos otro nivel, perdemos el grado y, si nos prestan, será costosísimo”, sostiene.

En medio de esas tensiones, en agosto el Ministerio de Educación ordenó una inspección a la institución. La decisión, en un contexto en el que la autonomía universitaria es un principio fundamental, enrareció aún más el ambiente. La rectoría apeló. Argumentan que la decisión es ilegítima pues “tiene por propósito perseguir e imponer restricciones a la institución (...) además de presumir una actuación anormal o ilegal”. Para los estudiantes y profesores con quienes conversó este periódico, la medida no es ideal, pero la crisis la ha hecho necesaria. En juego está la acreditación de alta calidad de la Universidad.

Los salvavidas

En cualquier caso, las soluciones son difíciles. Una de las propuestas de estudiantes y profesores es que la Gobernación y la Alcaldía de Medellín aumenten sus aportes, o por lo menos beneficios como la exención del pago del impuesto predial o de los servicios públicos. “Debería pedírsele a Medellín que asuma una responsabilidad política con la universidad que forma a 17.000 jóvenes de la ciudad”, sostiene Laura Melisa Olarte, representante estudiantil principal.

El rector explica que ya ha tocado las puertas del gobernador y el alcalde, y que ha visto una buena disposición. Sin embargo, el secretario de Educación de Medellín respondió a los profesores que ya financian otras instituciones educativas públicas. “No hemos recibido por parte de alguna autoridad una solicitud oficial de recursos”, aclara la Alcaldía a este periódico. Por su parte, la Gobernación señala que ha hecho aportes que van más allá de su obligación legal. “En el segundo semestre de este año transferimos 4.697 millones de pesos, el 33 % de la reducción del déficit que presentó la Universidad en 2024. Adicionalmente, aportamos 1.100 millones de pesos de regalías del Departamento para la culminación de escenarios deportivos del campus de Caucasia, y hemos contratado a la Universidad y a sus facultades para asesorías o consultorías por cerca de 50.000 millones de pesos entre 2024 y 2025”.

Los representantes estudiantiles se detienen en la relevancia social de la Universidad en la región. “Para muchas personas, representa la única posibilidad de acceder a la enseñanza superior de calidad”, enfatiza Muñoz, el representante estudiantil. “Anualmente, por lo menos 30.000 personas se postulan para ingresar, lo que muestra que sigue siendo un escenario fundamental de movilidad social”, complementa Olarte.

Por eso, un cese de actividades de la Universidad de Antioquia sería un ejemplo devastador para toda la educación superior de Colombia y para los más pobres del departamento. Mientras tanto, el cierre del año se acerca, el ambiente en el campus se tensa, las acusaciones empeoran y la incertidumbre recorre las aulas: 200 años de historia están en vilo.