Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño: “Tenemos que lograr que esta guerra no mute a violencias despiadadas”

En Colombia hay casi un consenso unánime de que la política de Paz Total, bandera del presidente Gustavo Petro que busca dialogar con todos los grupos armados del país, no está dando los resultados esperados. Las cifras de violencia van en aumento, tanto de reclutamiento forzado, desplazamientos y asesinatos, especialmente en departamentos como el Cauca, al occidente, o Norte de Santander, al oriente. Los diálogos de paz con varias de las organizaciones guerrilleras más grandes están congelados o rotos, como ha pasado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central. Pero en una esquina de Colombia, su esquina suroccidental, la paz se siente más cerca. En Nariño, cuentan las cifras de 2023 a 2024, se han reducido los asesinatos en un 83%, y los desplazamientos en un 16%.

“En el 2023 se asesinaron a 21 líderes sociales, y en 2024, solo dos personas”, dice con orgullo su gobernador, Luis Alfonso Escobar, del oficialista Pacto Histórico. “Y en 2024, ni un solo firmante de paz fue asesinado”, añade. Se refiere a los exguerrilleros de las antiguas FARC que se comprometieron con un acuerdo de paz en 2016, pero a cientos de ellos los han matado después de dejar las armas. Escobar cuenta que hay al menos 500 firmantes de paz en su territorio y, desde el último año, han podido respirar más tranquilos. “Tumaco, que era el municipio más violento del país, hoy es el tercer municipio menos violento del país”, asegura.

¿Cuál es el secreto? ¿Por qué a Nariño le va mejor que a su vecino del Cauca? “Por apostarle a una paz territorial”, explica el gobernador, y luego da más detalles para entender a qué se refiere. En Nariño, más que las guerrillas con alcance nacional, la guerra la dominan grupos de disidencias más pequeños como Comuneros del Sur, que se separó del ELN, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que reúne a dos estructuras disidentes de la Segunda Marquetalia. Esto ha permitido llegar a acuerdos más rápidamente, con participación de los armados y las comunidades locales, sin tener que lidiar con las complejidades económicas y políticas de otros territorios. En otras palabras, que hubiera disidencias locales, separadas del mando central, “fue muy positivo” para lograr la paz, dice Escobar.

Los armados ya se han comprometido con proyecto de desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos y entrega de material de guerra. Comuneros del Sur, el año pasado, fue el primer grupo que entregó armamento al Gobierno: 585 artefactos explosivos que fueron destruidos por el Ejército. “Con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se van a destruir 8 toneladas [de armas]“, anuncia el gobernador. Escobar acaba de llegar de un viaje por la Unión Europea para comprometer a más países en apoyar estos esfuerzos de paz en su departamento con dinero de cooperación, una tarea difícil cuando esos recursos se han dirigido a apoyar al gobierno de Ucrania. “No hemos estado en el lente, pero en Nariño estamos redireccionando el eje de la paz a Colombia”, dice Escobar.

Nariño es un laboratorio curioso, porque si bien la paz se empieza a establecer, es una de las zonas donde ha habido varios grupos armados que han competido históricamente por economías ilegales, especialmente la del tráfico de cocaína y la de la minería ilegal. “Tenemos que legalizar esa vaina”, dice el gobernador, no en referencia a la cocaína, sino al oro ilegal, por lo que ha venido impulsando un proceso de formalización de los mineros y la creación de una empresa estatal pública que pueda regular esa economía. Frente a la cocaína, los acuerdos con los grupos guerrilleros incluyen un proceso largo de sustitución de cultivos, que ya arrancó, para cambiar las plantaciones de coca por otras que tengan cacao o açai. “El acuerdo, para que eso funcione, es hacer la vía que comunica Roberto Payán con Tumaco”, dice el gobernador. Es decir, conectar los cultivos de este municipio rural con un gran puerto que dé al océano Pacífico. Sin rutas para el comercio, no hay sustitución de cultivos que valga.

El reto no es fácil. Por un lado, el tráfico de cocaína sigue siendo un negocio muy lucrativo en Nariño, el departamento que más cultivos de coca tiene en el país. Los narcotraficantes “han creado una ruta que llega al Putumayo, Brasil, lo tiran al África, y por el África sube a Europa. Y está a 60 mil euros el kilo”, dice Escobar. Si los guerrilleros en Nariño salen de la guerra, entonces hay que buscar formas de que otros no se armen para mantener esas mismas rutas ilegales. “Tenemos que lograr que esta guerra no mute a violencias despiadadas”, añade el gobernador. Otro reto es Cauca, el departamento vecino, donde han aumentado dramáticamente la violencia y el reclutamiento forzado, donde la Paz Total no ha dado los mismos resultados. Escobar dice que el gobierno de Petro ha aumentado el pie de fuerza militar en la frontera entre los dos departamentos, para proteger los logros en Nariño: “Así se controla el movimiento de los grupos armados. Antes habían 70 hombres en esa zona, ahora hay más de mil. Eso porque se entendió que Nariño podía ser una experiencia de paz territorial”.