Stiglitz, Piketty y más de 200 académicos piden a Petro retirar a Colombia del arbitraje de inversión

Más de 200 economistas y académicos del derecho de 24 países, entre ellos los Nobel Joseph Stiglitz y el economista Thomas Piketty, enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que le piden que lidere el retiro de Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión, un sistema de justicia acordado entre Estados para proteger mutuamente sus inversiones por fuera de los tribunales nacionales. En concreto, le llaman la atención sobre la oportunidad que representa la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que Colombia coorganiza en Santa Marta del 24 al 29 de abril, para impulsar una acción coordinada de otros países en la misma dirección.

El documento, que EL PAÍS revela en exclusiva, reúne firmas de académicos de universidades como Columbia, Cambridge, Harvard, la Escuela de Economía de París, la Universidad de los Andes y la UNAM, entre otras. Entre las firmas está el colombiano José Antonio Ocampo, primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro y exsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos.

Entre los otros firmantes figuran el economista surcoreano Ha-Joon Chang, de la SOAS University of London y autor de trabajos influyentes sobre desarrollo y libre comercio, como 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo; Jayati Ghosh, profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst y referente del pensamiento económico del Sur Global; Laurence Tubiana, una de las arquitectas del Acuerdo de París y actual decana de la Paris Climate School; y Laurence Kotlikoff, economista de la Universidad de Boston conocido por posiciones heterodoxas.

Por Colombia firman, además de Ocampo, el economista Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Universidad de los Andes y comisionado de la Earth Commission; Carlos Lozano Acosta, de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN; Enrique Prieto-Ríos, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; y Juan Camilo Sarmiento Lobo, del Grupo de Trabajo Lex Mercatoria sobre poder corporativo y derechos humanos de CLACSO.

La carta señala que el arbitraje de inversión, incorporado en miles de tratados comerciales internacionales —incluidos 18 suscritos por Colombia—, permite a las multinacionales extranjeras demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que una política pública afecta su rentabilidad. Según los firmantes, ese mecanismo opera de forma asimétrica: protege a los inversionistas extranjeros con garantías que no están disponibles ni para las empresas nacionales ni para los ciudadanos del país receptor. Y eso beneficia más a las multinacionales que a los Estados.

El argumento central de la carta es que este sistema representa un obstáculo directo para la transición energética. Cuando los gobiernos adoptan medidas para reducir el uso de combustibles fósiles, advierten los académicos, quedan expuestos a demandas millonarias. Como ejemplo citan al coanfitrión de la conferencia de Santa Marta, los Países Bajos, que enfrenta actualmente casos iniciados por ExxonMobil y Shell ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el cierre del campo de gas de Groningen.

Para Colombia, el riesgo es concreto. El gobierno de Petro ha detenido la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, pero el país cuenta con 129 proyectos del sector cubiertos por acuerdos que incluyen el arbitraje de inversión, lo que lo expone a reclamaciones por miles de millones de dólares. Un informe del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente ha descrito este mecanismo como un sistema que equivale a “pagar a los contaminadores”.

Los firmantes recuerdan que el propio Gobierno colombiano anunció en noviembre de 2024 su intención de renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea en lo relativo a los laudos arbitrales. La carta los insta a ir más lejos y a convertir esa decisión en una posición de liderazgo internacional.

La carta también cuestiona el argumento tradicional de que el arbitraje de inversión es necesario para atraer capital extranjero. Cita evidencia empírica que no encuentra una conexión significativa entre los compromisos en esta materia y el aumento de los flujos de inversión, y recuerda que Brasil —el mayor receptor de inversión extranjera de América del Sur— no ha adoptado el sistema.

El llamado se enmarca en una tendencia global: países como Sudáfrica, India, Indonesia, Ecuador y Bolivia han denunciado acuerdos que lo incluían. Dentro de la Unión Europea, los Estados miembros han terminado sus tratados bilaterales de inversión entre sí. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) eliminó el arbitraje de inversión entre Washington y Ottawa y lo restringió en su relación con México.

La carta llega un día antes de un foro académico convocado para el martes 24 de marzo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, dedicado precisamente al arbitraje de inversión y la transición energética en Colombia. El evento, que lleva por título Colombia en una encrucijada, reunirá a académicos, juristas y funcionarios del gobierno Petro, entre ellos la ministra de Ambiente, Irene Vélez. También participarán Jeffrey Sachs y Ha-Joon Chang, firmantes de la carta. Enrique Prieto-Ríos, profesor del Rosario que suscribe el documento, moderará uno de los paneles.