Petro redobla su apuesta por una salud estatal de cara a las legislativas

A una semana de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro ha redoblado una de sus apuestas políticas más claras y persistentes: la transformación del sistema de salud colombiano. Lo hizo, una vez más, con el poder del Ejecutivo, combinando decretos, actos administrativos y una puesta en escena política de alto voltaje en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Se trata de una refrendación de un proyecto que gira alrededor de la idea de que el Estado debe garantizar, de forma directa, la protección del derecho a la salud. No deben hacerlo ya los intermediarios, privados o públicos y llamados Entidades Prestadoras de Salud (EPS), que ha tachado de corruptos.

El mensaje no es ajeno a la campaña electoral, que entra a su recta final: la cabeza de la lista cerrada al Senado del oficialista Pacto Histórico es Carolina Corcho, su primera ministra de Salud y arquitecta de una reforma legal que ha rechazado dos veces el Congreso. Se trataba de un ajuste normativo de gran calado, por el que el primer presidente de izquierdas de la Colombia reciente echó a tierra la mayoritaria coalición legislativa con la que inició su cuatrienio. Como alternativa, ha echado a andar, poco a poco y desde hace más de un año, la reforma vía decretos. El presidente y el petrismo no dan su brazo a torcer y más bien duplican su apuesta de cara a las elecciones.

El decreto: salud por vía administrativa

El decreto expedido esta semana por el Ministerio de Salud, en cabeza del médico y político de izquierda Guillermo Alfonso Jaramillo, modifica las condiciones bajo las cuales pueden operar en el territorio las EPS, entidades a las que se deben afiliar los colombianos para que estas aseguren sus servicios de salud. El decreto establece que cada una solo puede actuar allí donde tenga afiliada a por lo menos el 3% de la población, pero con un máximo de hasta 5 EPS en cada lugar. Eso significa que muchas de ellas tendrán que entregar miles de sus afiliados a otra.

Esas nuevas reglas sobre dónde y cómo pueden operar responden a uno de los consensos sobre las falencias del modelo creado por la Ley 100 de 1993: la lógica de competencia entre EPS funciona mal en las zonas rurales donde suele existir un solo hospital de primer nivel y, en el mejor de los casos, una sola EPS disponible para la afiliación. La promesa de competencia, base del modelo, se diluye. El decreto lo argumenta directamente: “En zonas dispersas, marginadas o de baja densidad poblacional, el Estado debe adoptar medidas razonables, eficaces, progresivas y continuas que aseguren a sus habitantes opciones de acceso oportuno e integral a los servicios de salud que requieran”.

El Gobierno tomó esa falencia como punto de partida para justificar el nuevo esquema. El efecto agregado, de acuerdo con cálculos de gremios como ACEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, sería que alrededor de 2,6 millones de colombianos tendrían que trasladarse desde sus EPS actuales hacia la Nueva EPS, que controla el Gobierno. Las personas saldrían de entidades privadas como Sanitas, Coosalud, Asmet Salud, Faminsanar y Emssanar.

Ese punto es clave. Nueva EPS, que ya concentra alrededor de 11,5 millones de afiliados —casi una cuarta parte de la población del país—, fue intervenida en abril del 2024 por el Gobierno, y luego la administración Petro adquirió para el Estado la mayoría accionaria en noviembre pasado. Se trata del embrión de un asegurador público dominante, el sueño del presidente. Para los críticos del decreto, la medida acelera una concentración riesgosa del sistema en una entidad que ha visto crecer las quejas por fallas en la atención. Para el Gobierno, en cambio, es un paso necesario hacia un modelo menos fragmentado y más controlable desde lo público.

La Plaza de Bolívar: la escenificación de la salud pública

Mientras el decreto generaba reacciones airadas en la oposición y debates técnicos, el Ejecutivo reforzaba el mensaje por otra vía: la simbólica. El jueves, el presidente y su ministro lideraron un acto público con cientos de contratistas del sector y decenas de ambulancias públicas. Lo hicieron en el corazón político del país, en la Plaza de Bolívar de la capital, que Petro ha usado repetidas veces como escenario político, empezando con el día de su posesión. Allí, los dos políticos reiteraron una idea central: es el Estado —y no el mercado— el que debe garantizar el derecho a la salud.

El evento fue inusual incluso para los estándares de este Gobierno. Ambulancias públicas recorrieron avenidas centrales de Bogotá con sus sirenas encendidas antes de estacionarse frente al Capitolio. Cientos de contratistas de los llamados equipos básicos de prevención —una de las estrategias estrella del Ministerio— escucharon al ministro comprometerse a avanzar hacia su vinculación laboral directa con el Estado. “Todo trabajador de la salud del hospital público o privado debe ser empleado legal laboralizado”, dijo Petro. “Si queremos prevenir la enfermedad y no solo atenderla cuando ya es grave, necesitamos trabajadores de la salud con estabilidad, no con contratos precarios”, dijo el ministro, en un discurso aplaudido por unos como promesa laboral y leído por otros como advertencia fiscal.

Ni el discurso ni el decreto parecen estar destinados a convencer a los indecisos sobre la reforma a la salud, pero el efecto político no pasa por la persuasión individual, sino por la construcción de una narrativa coherente en campaña. Mientras el país lidia con una coyuntura cargada —una guerra comercial con Ecuador, secuestros o retenciones de candidatos al Congreso, recrudecimiento del conflicto armado y escándalos persistentes de corrupción—, el Gobierno insiste en colocar la salud en el centro del debate público.

No es casual que Jaramillo sea uno de los ministros más longevos en un gabinete muy cambiante. Petro ha hecho de la salud un eje tan central de su proyecto que preserva a su ministro como garante de continuidad. Y, mientras se discuten encuestas, consultas interpartidistas y eventuales alianzas para las presidenciales, el Ejecutivo vuelve una y otra vez a la Plaza de Bolívar como símbolo de poder popular y de movilización de bases.

El objetivo es claro: llegar al domingo 8 de marzo con la sensación de que el Gobierno no retrocede en su apuesta más identitaria, incluso si debe avanzar por vías administrativas y simbólicas cuando la legislativa se cierra. Si la reforma a la salud es, como ha dicho Petro, una de las columnas de su proyecto de país, la semana que termina deja claro que el Gobierno está dispuesto a jugar esa carta hasta el final, con decreto en mano y plaza llena.