La Personería distrital alerta una crisis de salud en Bogotá por el colapso de la Nueva EPS en la capital

La crisis del sistema de salud se acentúa en Bogotá. El personero de la ciudad, Andrés Castro, ha alertado esta mañana a través de redes sociales que se está “desconociendo el derecho a la salud a los usuarios de la Nueva EPS”, la más grande del país con más de 11,7 millones de afiliados. Castro ha explicado que entre enero y septiembre de 2025, se han presentado casi 2.000 quejas de bogotanos contra esa empresa prestadora de salud “enfocadas en la falta de entrega de medicamentos y disponibilidad para atender citas médicas”. Se trata, según el personero, de “una cifra sin precedentes en la historia que viene en aumento”. Asimismo, ha agregado que hay hospitales que ya no están atendiendo a los pacientes remitidos por esa EPS por falta de pago de la entidad a los centros de salud. “Se afecta la salud de las personas en la capital de la república”, ha manifestado el personero.

La Personería ha enfatizado en un comunicado que no se trata de una “simple falla de atención” sino de un “colapso estructural” y una “crisis operativa” que vulnera “de forma sistemática el derecho a la salud de los bogotanos”. Agrega que “una de cada cinco quejas que recibe la Personería contra las EPS del distrito es contra la Nueva EPS” y que solo entre enero y septiembre de 2025, se han documentado 1.943 quejas de afiliados que no recibieron atención. Casi la mitad de los reclamos son por demoras en la entrega de medicamentos y más de un tercio son por la imposibilidad de conseguir citas médicas.

La entidad ha identificado causas “técnicas y financieras” para la crisis y asegura que la propia EPS admite que tiene “problemas en la implementación del nuevo software de gestión” y “graves dificultades financieras”. Además, incide en que las “deudas multimillonarias” que tiene la empresa con sus prestadores (hospitales y centros de salud) “están rompiendo la red de atención”: hospitales principales de la ciudad como el San José y la Clínica Shaio han anunciado la terminación de sus contratos por falta de pago por parte de la EPS. La Shaio asegura que la deuda asciende a más de 95.000 millones de pesos. El Hospital San José dejará de atender a pacientes de la Nueva EPS desde el primero de diciembre de este año.

De la misma manera, Audifarma, una empresa farmacéutica, anunció en enero de este año la suspensión de la entrega de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS por falta de pago y advirtió del riesgo para millones de pacientes, particularmente aquellos con enfermedades crónicas o de alto costo. La Personería señala la terminación de ese contrato como una de las causas directas “de que los pacientes no reciban sus tratamientos”.

Si bien son quejas que vienen de hace meses, la alerta de la Personería ocurre cuatro días después de que el gobierno nacional tomara el control de la Nueva EPS tras adquirir el 51% de las acciones de la compañía. Antes de la adquisición, el gobierno tenía casi la mitad pero seis cajas de compensación (Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Comfandi) poseían el 50,1%. No se conoce el porcentaje de participación cedido por cada una de ellas ni cuáles fueron las que cedieron para permitir el control del Gobierno. El ejecutivo nombró como nuevo interventor de la EPS a Óscar Gálvez, quien ha liderado otros procesos de intervención a EPS durante el gobierno Petro y quien se encarga de vigilar las decisiones administrativas y financieras de la empresa.

La empresa prestadora de salud ha manifestado que se encuentra “implementado ajustes en su red de prestadores de servicios de salud” para “fortalecer la red de atención de sus afiliados”. Ha asegurado que “después de la notificación de la terminación del contrato, los prestadores deben continuar brindando servicios de baja y media complejidad durante 60 días” y que, mientras tanto, “Nueva EPS estará trabajando en la articulación de la nueva red”. Asimismo, ha dicho que está “avanzando” en la estabilización de los pagos, “garantizando giros por más de 3.5 billones de pesos desde agosto de 2025”. Finalmente, la empresa ha dicho que también revisará 14,5 millones de facturas por un valor de más de 15 billones de pesos.

Ya en septiembre pasado la Contraloría General de la Nación advertía sobre la crisis administrativa y financiera de la entidad. El organismo de control detectó “falencias relacionadas con anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas”, tras una revisión de archivos de entre 2022 y mediados de 2025. Entre 2023 y 2024, la Contraloría encontró un incremento de 3,4 billones de pesos a 8,6 billones en anticipos (pagos que las EPS hacen a los hospitales antes de que estos presten el servicio de salud y que después se cruza con el valor del servicio prestado en realidad). Ese monto incrementó a 15,27 billones a junio de 2025, lo que deja sin liquidez a la entidad. Además, encontró casi 23 millones de facturas sin procesar, muchas de ellas duplicadas, por más de 13 billones de pesos. A eso se suman contratos sin documentos mínimos, deudas con hospitales y prestadores por más de 21 billones de pesos y reservas técnicas mal calculadas por 11 billones, eso significa que la EPS no está reconociendo toda la plata que debe realmente. Con todo ello, la Contraloría concluyó que la entidad muestra un “alto riesgo de colapso”.

Tras el informe de la Contraloría, la Superintendencia de salud ordenó a la Nueva EPS realizar un plan con sus prestadores para legalizar los anticipos con actas que expliquen a qué facturas corresponden los pagos.

La Nueva EPS lleva intervenida por la Superintendencia de Salud desde abril de 2024 y continuará de esa manera, al menos, hasta abril de 2026. En su momento, el gobierno argumentó que la empresa no cumplía con requisitos normativos para operar y que acumulaba millonarias deudas, cosa que ponía en riesgo la atención a los afiliados. La intervención estatal no ha funcionado, sin embargo, para mejorar el servicio, como lo demuestra la alerta de la personería en Bogotá, así como los datos de la propia Superintendencia de Salud. Este año se han registrado 658.000 quejas y reclamos por el mal servicio a nivel nacional, un aumento del 35% con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la Defensoría del Pueblo registró un incremento de las tutelas por la vulneración del derecho a la salud del 34% entre enero de 2024 y julio de 2025. Muchos de ellas terminan en desacatos de las EPS o las clínicas.