Bitácora de una estrategia dilatoria: así frena el Congreso la jurisdicción agraria

El Congreso de la República se niega a discutir el proyecto de la jurisdicción agraria, que busca resolver las disputas por la tierra en el campo colombiano por la vía de la justicia. Después de casi un año del acuerdo en que todos los partidos pactaron sacarla adelante y aprobar la ley que la creaba en diciembre de 2024, la discusión se ha empantanado en el último paso para que la iniciativa se materialice: la ley que asigna las competencias que tendría esta nueva rama de la justicia. Durante las últimas tres semanas, cuando el proyecto ha estado a punto de discutirse por fin en la Cámara de Representantes, cambios de última hora promovidos por congresistas de la oposición han mandado el proyecto al fondo del cajón. En el Senado ni siquiera ha sido agendado. Se trata del único acuerdo que en este Gobierno se había logrado concretar, en el que coincidieron desde los opositores del Centro Democrático y Cambio Radical hasta los oficialistas de izquierda del Pacto Histórico, y el partido Comunes, de la extinta guerrilla de las Farc.

El martes 28 de octubre, después de meses de discusión aplazada, la jurisdicción agraria aparecía agendada como el primer punto para debatir en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, antes de empezar la deliberación, dos senadores del partido opositor Centro Democrático, Jhon Jairo Berrío y Christian Garcés, radicaron una proposición para que primero se discutiera la ley del profesional en construcción. La movida la completaba su compañero de filas, Juan Espinal, quien radicó otra proposición para que después de ese se discutiera el proyecto para crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Entre ambos proyectos dejaban por fuera la discusión de la jurisdicción agraria. La mayoría de los congresistas votó a favor de aplazar la jurisdicción y en contra del Gobierno, una decisión poco común en la Cámara de Representantes, donde en los tres últimos años el presidente Petro había tenido las mayorías incluso en reformas más controversiales como la de la salud y la laboral.

Para la plenaria del día siguiente, el proyecto de la jurisdicción apareció ya en quinto lugar en el orden. Ese cambio ocurrió porque precisamente en esa fecha empezó a regir la sanción que el Partido de la U impuso a Julián López, presidente de la Cámara y quien toma la decisión sobre el orden del día, que le impedía ejercer sus funciones. Él había sido un aliado fiel del Gobierno, pero en su ausencia el control quedaba en manos del representante del Nuevo Liberalismo Juan Sebastián Gómez y de Daniel Carvalho, de Centro Esperanza, con quienes el Gobierno no tiene la misma interlocución. Ese día, además, la representante Sandra Ramírez Caviedes, de Cambio Radical —el otro partido en abierta oposición al Gobierno— propuso pasar al primer lugar un proyecto para conmemorar los 500 años del municipio de Puebloviejo, en el Magdalena, en el norte de Colombia. El representante liberal Juan Carlos Lozada denunció lo que estaba pasando: “Aquí lo que hay es una clarísima estrategia para no discutir la jurisdicción agraria; leyes de honores al primer punto del orden día y hay gente que justifica eso”. La bancada de Gobierno intentó posicionar el proyecto al menos en segundo lugar, pero al final no se aprobó ninguna modificación y se discutieron otros proyectos ya agendados.

La semana siguiente se repitió la misma estrategia. El martes 4 de noviembre la jurisdicción estaba de tercera, pero una vez más los representantes uribistas Juan Espinal y Jhon Jairo Berrío pidieron una modificación y esta vez fue para condecorar al senador republicano estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, el opositor más férreo a Petro en Washington, y al demócrata Rubén Gallego. Esa iniciativa acaparó buena parte de la sesión, tuvo que ser votada dos veces porque en la primera hubo empate y al final fue rechazada por la mayoría. Al día siguiente, la jurisdicción fue agendada muy abajo en el orden del día y tampoco pudo discutirse.

En esta última semana ocurrió un bloqueo similar. En la plenaria del martes 11, el proyecto estaba en el primer punto del orden del día, pero los representantes John Jairo Berrío y Andrés Forero, del Centro Democrático; José Octavio Cardona, del partido Liberal, y Juan Daniel Peñuela, del Conservador, radicaron proposiciones para discutir primero otros proyectos. Incluso, los representantes priorizaron la condecoración de la presentadora y activista ambiental Claudia Bahamón por encima del proyecto que busca beneficiar alrededor de 12 millones de campesinos.

Al día siguiente, en la tarde del miércoles 12, la plenaria aprobó un proyecto que crea un estatuto especial para etnoeducadores, pero las mayorías se fueron del recinto cuando iba a iniciar el debate sobre la jurisdicción. Rompieron el quórum a propósito para impedir que el proyecto bandera del Gobierno se debatiera. Pero no solo se salieron del recinto los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, opositores frontales de Petro, sino muchos representantes del Partido Liberal, la U y los Conservadores, que antes habían respaldado las iniciativas del Ejecutivo. Muchos de los que descompletaron el cuórum, en el pasado votaron a favor de los otros dos proyectos de ley que permiten la puesta en marcha de la jurisdicción.

El representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, ponente del proyecto, cuestionó las estrategias de dilación que han usado sus compañeros: “Hemos notado que hay una decisión política de no permitir que inicie la discusión de la jurisdicción agraria”, dijo Becerra en diálogo con EL PAÍS. “Ha habido lo que se llama, en el argot legislativo, cretinismo parlamentario. Es frustrante que tengamos cuórum para debatir otros proyectos, pero se descomplete tan pronto vaya a comenzar la jurisdicción y tengamos que levantar la sesión”. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la abanderada del proyecto dentro del Gobierno, ha asistido cada día al Congreso para dar la discusión y coincide en que hay una “decisión política de las élites” para que no se apruebe el proyecto y que ni siquiera se abra la discusión para “no tener que asumir el costo político que traería hundirlo abiertamente”, según ha afirmado a este diario.

Becerra también denunció presiones de los empresarios para impedir el debate del proyecto. “Hay un lobby gremial por parte de Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) que se opone a la discusión del proyecto. Preferirían que no hubiese ningún control a los conflictos en el campo”. La SAC ha buscado a representantes de partidos en oposición e incluso independientes como los liberales o los conservadores para hacerles llegar una proposición que modifica un asunto sustancial del proyecto. Lo que buscan es que todos los procesos agrarios —como recuperar baldíos de la Nación, reversar adjudicaciones que ya han sido hechas, o clarificar si un predio es privado o baldío, entre otros— los resuelva obligatoriamente un juez y no la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que tradicionalmente lo había hecho, hasta que en 2017 un decreto del Gobierno de Juan Manuel Santos le quitó esa facultad y ralentizó los procesos. Los representantes Juan Espinal, del Centro Democrático; Hernando Guida y Astrid Sánchez, de la U; Juan Daniel Peñuela, del partido Conservador, entre otros, radicaron proposiciones casi calcadas a la elaborada por la SAC, según los textos conocidos por EL PAÍS.

Pero a las dilaciones de la oposición se suma el desorden interno del Gobierno del presidente Petro, en concreto la falta de articulación entre la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Representantes de la izquierda reclamaron la presencia activa y el apoyo de Benedetti al proyecto. Gabriel Becerra lo dijo con claridad: “Nos gustaría ver una presencia más destacada del ministerio del Interior, como ocurrió en el debate en las comisiones primeras. El ministro Benedetti acostumbra a no ir a los debates”. Varias fuentes que conocen el proceso en el legislativo aseguran a EL PAÍS que el proyecto no ha avanzado como se esperaba porque el Gobierno no les ha dado dádivas, puestos o contratos a los congresistas. “Ni Benedetti ni el Dapre van a ayudar al Minagricultura a conseguir ningún voto. Hay una tensión interna”, dijo una persona que prefirió preservar su identidad.

El poco involucramiento del ministerio del Interior en esta etapa, que no ha asistido a ninguna de las plenarias, contrasta con la que tuvo esa cartera cuando el ministro era Juan Fernando Cristo, abanderado del Acuerdo de Paz e impulsor de esta jurisdicción. Algo similar ha ocurrido con el ministerio de Justicia, que también tiene que ver con el proyecto y que en la etapa de Ángela María Buitrago estuvo comprometido con sacarlo adelante.