El Gobierno intenta salvar la jurisdicción agraria en medio de un frágil consenso con la oposición

El Gobierno de Gustavo Petro no quiere que se le desarme uno de los pocos acuerdos que ha logrado con la oposición en el Congreso: aprobar la jurisdicción agraria, una deuda del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas FARC y que busca resolver las disputas por la tierra en el campo colombiano. Desde diciembre de 2024, cuando las comisiones primeras del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley en un debate conjunto con un amplio apoyo de todos los partidos, la iniciativa cayó en el ostracismo. Pero una movida de la Agencia de Tierras la ha devuelto a la primera línea del debate político, e incluso el presidente Gustavo Petro advirtió que si el Congreso no la aprueba denunciaría ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un incumplimiento directo del pacto de paz.

La mecha la encendió el martes pasado la senadora opositora Paloma Valencia, del Centro Democrático. “El Gobierno pretende romper los acuerdos que logramos en diciembre sobre la jurisdicción agraria y revivir la extinción de dominio exprés”, sostuvo en su cuenta de X. Se refería a una demanda que la Agencia de Tierras presentó ante la Corte Constitucional para que, mientras se crea la jurisdicción agraria, sea la propia agencia la que pueda decidir sobre asuntos como los baldíos de la Nación o la extinción de dominio a predios rurales sin que tenga que pasar por un juez obligatoriamente.

El Gobierno ha intentado eliminar esa fase judicial en los procesos de tierras desde que empezó su mandato. Históricamente, la Agencia de Tierras —o sus antecesores, el Incoder o el Incora— había resuelto esos asuntos por su cuenta, y decidía cuáles tierras son baldíos y cuáles son de propiedad privada. Pero en 2017, en medio de la implementación del Acuerdo de Paz, el Gobierno de Juan Manuel Santos decidió por decreto que esas decisiones las debía tomar un juez y no una entidad del Ejecutivo. Se supondría que eso iría de la mano del nacimiento de la jurisdicción agraria, para que fueran jueces especializados en esos asuntos quienes zanjaran los debates. El problema es que han pasado ocho años y, sin esa justicia experta, están paralizados muchos procesos claves para recuperar tierras que están en manos de quienes las han despojado.

Ante eso, la Agencia decidió por su cuenta pedirle a la Corte que le permita ir por las tierras que se necesitan para la reforma agraria, al menos mientras se aprueba esa jurisdicción especializada. El jurista Rodrigo Uprimmy, del centro de estudios Dejusticia y quien intervino ante la Corte sobre esa demanda, explica que el recurso pide una medida temporal. Y argumenta que, precisamente, “la mejor forma de enfrentar esa eventualidad es acelerar la aprobación de la jurisdicción agraria”, en lugar de oponerse con el argumento de que el Gobierno está rompiendo lo acordado.

Según dos fuentes del Ministerio de Agricultura y de la Agencia, que conocen de primera mano el proceso, la entidad decidió interponer la solicitud ante la parálisis del proyecto en el Congreso, previendo que la aprobación pueda empantanarse en los dos meses que quedan de sesiones legislativas. Y es que, pese a que todas las bancadas acordaron mantener la fase judicial para los procesos de baldíos y de extinción de dominio en los que haya oposición, el proyecto toca intereses clave.

El caso más claro es el del presidente del Senado, el liberal Lidio García. El congresista bolivarense tiene abiertos dos procesos en la Agencia de Tierras, que buscan determinar si dos predios en el municipio de Mahates (Bolívar), que aparecen formalmente a su nombre, son baldíos ocupados irregularmente. Ahora, la corporación que preside García tiene en sus manos agendar en su plenaria el debate de la jurisdicción agraria para que pueda ser aprobada.

Otra voz que se opone a la jurisdicción, tal como está en este momento y pese al acuerdo con todos los partidos, es la de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). El gremio también se opone con firmeza a que las decisiones las tome la Agencia de Tierras. “Reiteramos que el texto aún genera la enorme preocupación de impedir a los jueces y magistrados rurales y agrarios decidir sobre varios de los asuntos sobre la propiedad de la tierra”, se lee en el concepto jurídico, firmado por el presidente de esa sociedad, Jorge Enrique Bedoya, enviado a varios senadores en junio de este año.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la principal abanderada de la jurisdicción agraria, ha tratado de mantener el consenso alrededor del proyecto, aún después de que la senadora Valencia haya acusado al Gobierno de intentar romperlo. La ministra, en una extensa respuesta en X a la senadora, ha recordado esta semana que mientras la Agencia tenga las manos atadas es muy difícil recuperar los predios que tendrían que ir al Fondo de Tierras para campesinos, al que deben ingresar tres millones de hectáreas, según el Acuerdo de Paz. También ha pedido a las mesas directivas del Senado y la Cámara que agenden el proyecto.

El texto pendiente de aprobar es el último paso de la compleja creación legal de la jurisdicción, una ley que la reglamenta, fija las competencias de sus jueces y determina el procedimiento a seguir ante ellos. Es un camino que empezó hace más de dos años, cuando el Congreso aprobó una modificación a la Constitución que permitía crear esa rama de la justicia. Después, el Gobierno sacó adelante la ley estatutaria con el diseño institucional de esos juzgados. Pero en este último paso, la discusión se fue frenando.

Movimientos internos en el Gobierno este año incidieron en que fuera perdiendo fuelle. Dos de sus principales impulsores, Ángela María Buitrago y Juan Fernando Cristo salieron de sus cargos como ministros de Justicia e Interior, respectivamente, y la ministra Carvajalino se quedó con la iniciativa. El nuevo titular de Interior, Armando Benedetti, le ha dado menos relevancia que Cristo, quien este miércoles —pesa a ya no está en el Gobierno— aseguró que había hablado con los presidentes del Senado y la Cámara y ellos se habían comprometido a agendar el debate que falta. Horas más tarde, la Cámara anunció que estará en el orden del día de la plenaria del próximo martes 21 de octubre. En el Senado todavía sigue pendiente.