El Consejo de Estado frena la intención de Petro de sacar la reforma a la salud por decreto

El Consejo de Estado, el máximo tribunal de las decisiones que toma la administración pública, suspendió de manera provisional a última hora del jueves el decreto que implementaba parte de la reforma a la salud que ha impulsado el presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato. La normativa, que firmó el Ejecutivo a finales de julio, cambiaba las funciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y modificaba el funcionamiento de la atención primaria, para ponerle foco a la prevención. La alta corte señala que, con esos cambios medulares al esquema sanitario, el mandatario “excedió la potestad reglamentaria” al saltarse la aprobación del Congreso de la República, en donde la reforma ya fue negada y que en la actualidad se encuentra estancada.

En su decisión, la magistrada Nubia Margoth Peña le da la razón al representante a la Cámara del uribismo, Andrés Forero, que demandó el decreto y pidió al tribunal frenar su aplicación de forma inmediata, incluso antes de estudiarlo a fondo. Con la aprobación de la medida cautelar, la encargada del caso indica que el decreto se toma atribuciones que la Constitución encarga al Legislativo. El auto del Consejo de Estado sostiene que “el Gobierno nacional no podía expedir un decreto reglamentario que regulara de manera integral el modelo de Seguridad Social en Salud”, según se lee en el auto, del 21 de octubre.

El congresista opositor ha celebrado la decisión. “En la práctica era la implementación por la puerta de atrás, saltándose al Congreso, de la inconveniente reforma a la salud. Esta es una gran noticia para Colombia”, manifestó en las redes sociales.

La noticia es un duro golpe para el Gobierno. El ministro de Salud y principal impulsor de la medida, Guillermo Alfonso Jaramillo, lamentó el fallo. “Es inadmisible que se intente frenar el modelo preventivo y predictivo que impulsa el presidente para fortalecer la atención primaria en salud”, señaló en su cuenta de X. Para el ministro, la discusión es sobre el “vehículo normativo” más no sobre “la legitimidad del modelo” que aplicó el Ejecutivo. “Los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho. No nos vamos a paralizar. El cambio continúa”, ha anunciado. Petro, por su parte, ha respondido que el sistema preventivo “no es negocio. Por eso, este asunto público de gran dimensión, es atacado por los negociantes porque disminuye el negocio”.

El decreto conformaba en Colombia los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como “primer contacto y vínculo” con las personas y “base territorial” de su afiliación. Estos son los centros de salud más básicos de las clínicas y hospitales. También fortalecía los equipos de salud territoriales, que ya existen y han sido objeto de gran polémica por su costo y sus dudosos resultados. La normativa también modificaba los requisitos de autorización de funcionamiento de las EPS, sin llegar a eliminarlas.

El Gobierno busca fortalecer la función del Estado como administrador de los recursos y disminuir el papel de las EPS, a pesar de que el sistema creado hace tres décadas logró aumentar la cobertura de menos del 50% a más del 95% de los colombianos. Para Petro es urgente modificar el modelo actual para que la salud no sea un negocio en el que se enriquezcan empresas privadas, sino un derecho fundamental, como lo establece la Constitución.

La visión del presidente no ha conseguido un apoyo suficiente, ni siquiera en su equipo de Gobierno inicial. La disputa sobre algunos elementos medulares llevó a la salida de varios ministros a inicios de 2023 y a que el presidente rompiera la coalición mayoritaria que gozaba en el Legislativo. Petro insistió con la versión más radical de la reforma, que radicó ante el Congreso y que el Senado tumbó en abril del año pasado. Esa ha sido una de las peores derrotas políticas que ha endosado el Gobierno.

Aun así, Petro volvió a presentar la iniciativa en la última legislatura de su mandato y ha conseguido ciertos avances: la Cámara de Representantes aprobó el proyecto en marzo con amplias mayorías. Ahora, la propuesta se vuelve a topar con el mayor obstáculo: la Comisión Séptima del Senado, conformada por una mayoría de senadores de la oposición. Es la misma corporación que rechazó el año pasado la reforma y que vuelve a tener en sus manos el futuro de la mayor apuesta política del Ejecutivo.

A la celebración de figuras de la oposición, como el representante Forero, por la decisión del Consejo de Estado, se han sumado también las EPS. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la agremiación que reúne a estas entidades públicas o privadas, ha manifestado su satisfacción. En palabras de Ana María Vesga, presidente ejecutiva de la asociación, “es una decisión en derecho, fundamentada, que respeta el ordenamiento de nuestro sistema y protege a todos los pacientes”.

La decisión del alto tribunal tiene efecto inmediato, por lo que la suspensión se mantendrá hasta que los magistrados resuelvan de fondo la demanda de nulidad del decreto. El tiempo se agota para el proyecto insignia de Petro, que dispone de unos meses antes de que el Congreso entre en modo electoral de cara a su renovación a mediados del próximo año.