Estados Unidos sanciona a varias empresas y ciudadanos colombianos por reclutar a mercenarios para la guerra de Sudán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este martes a cuatro entidades transnacionales por haber reclutado a mercenarios colombianos para combatir en la guerra de Sudán, que ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del planeta. Los contratados por estas empresas luchan de la mano con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), un grupo paramilitar que ha ejecutado a miles de civiles en su lucha por hacerse con el control del país del norte de África. Los sancionados, entre los que también están cuatro ciudadanos colombianos, serán incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“El Tesoro tiene en el punto de mira a una red que recluta combatientes. Las RSF han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha agravado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones propicias para el crecimiento de los grupos terroristas”, ha indicado el Departamento estadounidense en una nota de prensa. Desde el inicio del conflicto, en abril de 2023, este grupo paramilitar ha matado sistemáticamente a civiles. El pasado octubre, los rebeldes mataron a al menos 460 personas que se encontraban en un hospital materno de la ciudad de El Fasher, que ahora controlan tras un asedio de meses.

Estados Unidos apunta que los logros de las RSF se han conseguido gracias al apoyo de los combatientes colombianos. EL PAÍS ha documentado que cientos de exmilitares han viajado a este país africano. Muchos de ellos han denunciado ser víctimas de engaños y niegan haber pactado luchar en este conflicto, según han documentado medios locales. El Tesoro norteamericano sostiene, por el contrario, que los colombianos “aportan sus conocimientos tácticos y técnicos, prestando servicio como soldados de infantería y artilleros, pilotos de drones, operadores de vehículos e instructores”. Algunos, incluso, entrenan a niños. Su presencia se ha registrado en varias ciudades de Sudán, como Jartum (la capital), El Fasher, Kordofán y Omdurman.

La representación permanente de Sudán ante la ONU había denunciado en septiembre ante el Consejo de Seguridad que los colombianos que integraban las filas paramilitares son responsables de crímenes de guerra tales como ejecuciones sumarias, reclutamiento infantil y el uso de sustancias químicas prohibidas como el fósforo blanco. El Gobierno transitorio de Sudán, liderado por el primer ministro Kamil Idris, apeló a los colombianos que no se unan a esta guerra. El Senado colombiano aprobó la semana pasada una ley que prohíbe la actividad mercenaria e ilegaliza a las empresas reclutadoras.

Washington apunta directamente a Álvaro Andrés Quijano, un ciudadano colombiano e italiano. Es un militar retirado que vive en Emiratos Árabes Unidos y que “se desempeña un papel fundamental en el reclutamiento y el despliegue de antiguos militares colombianos en Sudán”. Varios exmilitares han confirmado a este diario el rol de Quijano en el reclutamiento, como cofundador de la empresa Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá. Se trata del “principal centro de reclutamiento” que promueve “cubrir puestos, entre ellos operadores de drones, francotiradores y traductores” en Sudán. Su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, es la gerente de esta compañía. De acuerdo con el Tesoro, A4SI tiene vínculos con la empresa panameña Global Staffing para “minimizar su exposición legal” y ocultar sus vínculos.

EE UU también ha sancionado a Maine Global Corp S.A.S., una agencia de empleo con sede en Bogotá, cuyo presidente es Mateo Andrés Botero. “Maine Global Corp gestiona y desembolsa fondos para Global Staffing y la empresa que contrató a los colombianos, con el apoyo de empresas con sede en Estados Unidos asociadas con Duque. Esto incluye el procesamiento de los pagos de nómina de los luchadores colombianos y la intermediación en el cambio de divisas, convirtiendo euros y pesos colombianos a dólares estadounidenses”, alega el Tesoro. A su vez, la ciudadana colombiana Mónica Muñoz Ucrós la gerente suplente de Maine Global Corp y la gerente de Comercializadora San Bendito, también en la capital colombiana, que “realizó transferencias bancarias con una empresa estadounidense asociada con Duque y directamente con Duque”.

Estar incluido en la lista de la OFAC, también conocida como la lista Clinton, tiene repercusiones comerciales, financieras y reputacionales. Los sancionados no pueden hacer negocios o transacciones con ninguna persona o empresa en Estados Unidos, y por extensión, produce el riesgo de sanciones a quienes hagan negocios con ellos. Esto lleva a que, en la práctica, equivale a que se cierran las puertas de las entidades financieras de otros países, como Colombia o México, y a que decenas de empresas corten cualquier relación comercial.

Además, el Tesoro puede directamente congelar bienes y activos de los sancionados y prohibir sus vínculos comerciales. Las personas o empresas incluidas también pueden sufrir sanciones y multas económicas. A esa serie de consecuencias económicas, se suma el impacto reputacional. Los últimos colombianos incluidos en esta lista habían sido el presidente Gustavo Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Washington acusó en octubre al mandatario de tener vínculos con el narcotráfico.