Una microempresa de dos empleados recibe 2,7 millones de dólares del Gobierno de Colombia para asesorar la salida de Gustavo Petro de la Lista Clinton

El Gobierno colombiano contrató a una microempresa británica de dos empleados para asesorar la salida del presidente Gustavo Petro de la lista de sanciones de Estados Unidos. La consultora, Amadeus Consultancy, reporta activos cercanos a las 57.000 libras esterlinas según los registros mercantiles del Reino Unido. El contrato firmado con la Presidencia le permitirá recibir cerca de dos millones de libras (2,7 millones de dólares; 10.000 millones de pesos) en apenas 112 días: una suma equivalente a 35 veces su patrimonio.

La decisión se tomó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) incluyera al mandatario colombiano en su lista de sancionados por supuestamente favorecer al narcotráfico. Dos meses y medio después de esa decisión, el 9 de enero, la Presidencia de la República firmó un contrato por 10.000 millones de pesos para recibir “asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional”. En lugar de recurrir a uno de los grandes bufetes de Washington D.C., el Gobierno optó por esta pequeña consultora británica creada en 2017.

Según los registros de Companies House, el registro mercantil del Reino Unido, Amadeus Consultancy tiene un tamaño muy reducido. La empresa reporta un promedio de dos empleados, ha registrado ocho domicilios distintos en igual número de años y desde su creación figura formalmente como una consultora en gestión empresarial, no como una firma jurídica. Sin embargo, en su página web revelan su experiencia jurídica, incluyendo la asesoría a la defensa de un “enviado especial de Venezuela” que fue detenido en camino a Irán. Esa descripción encaja solamente con la del colombo-venezolano Álex Saab.

La empresa, ubicada en una oficina de un bloque prefabricado en un polígono industrial del noroeste de Inglaterra, es propiedad de la abogada Maryna Pogibko, una mujer de 43 años de edad, de origen ucranio y nacionalidad británica. El contrato fue firmado por ella y por su colega estadounidense Daniel Kovalik, quien aseguró en octubre que defendería al presidente Petro sin cobrar honorarios. Quien cobra es Amadeus, una empresa que pasó de tener un patrimonio de más de 578.000 libras esterlinas en 2021 a 56.723 libras esterlinas a 31 de marzo de 2025, el dato oficial más reciente.

Incluso sin que se conociera esa acelerada caída en el patrimonio de la consultora, ni su pequeño patrimonio actual, el monto del contrato ya había suscitado interrogantes. Los documentos previos elaborados por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) no explican cómo se llegó a la cifra de 10.000 millones de pesos, unos 2 millones de libras esterlinas o 2,7 millones de dólares. La justificación se limita a señalar la “alta complejidad técnica, jurídica y estratégica” del servicio requerido, así como el impacto que podría derivarse de una gestión inadecuada de las sanciones internacionales.

Lo firmado no contempla la representación judicial del Estado colombiano ni del presidente Petro. La consultora se limitará a elaborar análisis sobre las sanciones financieras internacionales y a formular recomendaciones. Los pagos se distribuyen en cuatro desembolsos asociados a reuniones de trabajo, informes de actividades, conceptos técnicos y evaluaciones de riesgo institucional.

Las condiciones del contrato también han generado cuestionamientos. A pesar del monto comprometido, Colombia no exigió a la empresa constituir garantías. El Gobierno argumentó que estas no resultaban procedentes debido a que su ejecución se desarrollará fuera del país.

El documento establece además que las fechas previstas para las actividades solicitadas son “solo estimativas” y que “el tiempo no será un factor esencial para la prestación de los servicios”. La supervisión del contrato recae en el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, cuyo seguimiento no deberá “desnaturalizar la autonomía técnica del contratista” ni “transformar el contrato en uno de entregables rígidos”. Con su visto y bueno, Amadeus recibirá cuatro pagos de 2.500 millones de pesos cada uno, contra la entrega de informes y conceptos.

Consultada sobre esta contratación, Angie Rodríguez, quien dirigía el Dapre cuando se cerró el negocio, afirma que la asesoría es preventiva y no busca la defensa de ningún funcionario. Según explica, la selección se basó en la experiencia acreditada por la firma. La funcionaria reconoce que no hubo un proceso competitivo abierto, sino la verificación de idoneidad propia de una contratación directa. También indicó que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado no fue consultada porque no existe un litigio en curso.

El abogado Kovalik prefirió no hacer ningún comentario, para no distraerse de su objetivo de “ayudar a Colombia y al presidente Petro”. Maryna Pogibko no respondió las llamadas a su oficina en Inglaterra. Ella ha sido objeto de señalamientos. Entre 2008 y 2010, ocupó la jefatura del Departamento de Economía e Inversión de Kiev durante la administración del alcalde Leonid Chernovetskyi, un periodo marcado por polémicas relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Tras dejar el cargo, la abogada se trasladó al Reino Unido, donde obtuvo la ciudadanía británica.

El caso ha despertado la atención de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió el 15 de enero una indagación preliminar. Dos meses después, el expediente continúa en etapa inicial mientras el organismo evalúa si existen elementos suficientes para iniciar una investigación disciplinaria. Mientras tanto, el contrato sigue en marcha.