Caracas, paralizada por una huelga de transporte sin precedentes

Caracas amaneció este lunes sin transporte público. Una protesta de choferes de autobús tuvo un impacto muy claro en la actividad laboral y económica del día en la denominada Gran Caracas. Muchas personas llegaron tarde a sus trabajos y otras no pudieron llegar. Las rutas más importantes de los autobuses que circulan por las avenidas y barriadas de la ciudad detuvieron sus labores. En las estaciones del Metro de Caracas —que, al ser un servicio estatal, no acató el llamado—, así como en el servicio de trenes a los Valles del Tuy, se produjo una caótica aglomeración de personas.

Lo relevante de esta protesta laboral es que es la primera que se hace en su tipo en mucho tiempo —acaso en varios años— en el país. Durante los últimos meses, los transportistas inconformes, como el resto de los miembros de la sociedad civil, solo se habían atrevido a ensayar medidas reivindicativas escalonadas, o protestas discretas muy focalizadas, que se fueron extinguiendo conforme aumentaron los temores de una arremetida inesperada de la policía política.

Durante los recién concluidos tiempos de la “furia bolivariana” —un estatus de alerta que se decreta en los cuerpos estatales armados cuando hay amenazas a la estabilidad del régimen—, las protestas del sector público que demandaban mejoras salariales fueron neutralizadas con visitas de la policía política o acusaciones directas de conspiración y terrorismo contra sus organizadores. La circunstancia se convirtió en un problema crónico entre los líderes civiles, particularmente después de las fallidas elecciones presidenciales de julio de 2024.

Junto a las manifestaciones del movimiento estudiantil y de grupos sindicales que han podido llegar con sus demandas sociales a la sede de la Asamblea Nacional el pasado 12 de marzo —también por primera vez en varios años—, esta huelga, que ha amenazado con convertirse en “indefinida”, constituye una expresión más de la apertura política que ensaya en Venezuela la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de los sucesos militares del pasado 3 de enero.

En esta ocasión, los dirigentes chavistas no denunciaron la existencia de una conspiración para derrocar al Gobierno o un complot para alterar la tranquilidad pública: los medios oficiales informaron con discreción de la protesta, ofrecieron algunas alternativas y destacaron la tranquilidad existente en las calles. Algunos, como el diario Vea, hablaban del “fracaso” de la convocatoria.

“Tuve que bajar caminando de mi casa al Metro, aquello fue horrible”, cuenta Dalia Ochoa, que trabaja como empleada doméstica y reside en Casalta, una zona popular montañosa y retirada del oeste de Caracas. “El metro estaba imposible de usar, lleno de gente, con retraso. Casi me desmayo. No sé cómo voy a hacer para regresar a mi casa. Estos señores (los transportistas) quieren duplicar el precio del pasaje, pero todos aquí seguimos ganando salario mínimo”, se queja.

En las primeras horas de la mañana, zonas céntricas de la ciudad, como Chacaíto o la Plaza Venezuela, lucían inusualmente desiertas. Pueblos y ciudades dormitorio cercanas a Caracas, como Guarenas, y el eje de los Valles del Tuy, también acusaron los rigores de la huelga. Se paralizó, además, La Guaira, el puerto marítimo que sirve a Caracas, capital del vecino estado Vargas. La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana organizaron planes de contingencia para trasladar rezagados a sus trabajos. No se informó de incidentes importantes.

“Salí muy temprano en la madrugada y tuve que caminar largo; ayer me habían hablado de que venía un paro de transporte y no le presté atención. Terminé tomando un taxi para llegar a Caracas, carísimo y compartido con otras personas”, cuenta Ligia Guevara, trabajadora en el departamento de limpieza de una oficina privada y residente de un caserío-dormitorio cercano a Caracas llamado Hoyo de la Puerta. “Primero tienen que aumentarnos el sueldo, y luego se aumenta el pasaje, no al revés. Además, sin abusar”, argumenta. “Aquí lo están duplicando”.

Nelson Vivas, vocero gremial de las cooperativas de transporte público que sirven a la Gran Caracas, exigió al Gobierno que devuelva a sus dueños los autobuses retenidos por la policía por cobrar el aumento del pasaje urbano de manera unilateral. La paralización de actividades del día 16 de marzo, dijo, se debió “a la falta de respuesta a nuestros planteamientos por parte del ministro de Transporte”.

El transporte urbano en Caracas cuesta 60 bolívares (apenas unos centavos de dólar). Los transportistas quieren llevarlo a 120 bolívares. El aumento está aprobado. El Gobierno tiene resistencias para aplicarlo, en la misma medida en que aún no tiene todos los instrumentos para decretar el esperado aumento salarial.

“Llegué tarde al trabajo, yo creo que el paro alcanzó a toda la ciudad”, cuenta Ramón Berríos, ayudante en una frutería en la zona de Sabana Grande. “Aquí, hasta que no suban los salarios, nadie va a poder pagar ningún aumento. Yo no sé para qué ponen en eso los transportistas. Además, a esa gente ya les han autorizado varios aumentos del precio del transporte, el año pasado y antes también”.

Vivas, por su parte, dirigió también un mensaje personal al poderoso Diosdado Cabello, número dos del régimen y ministro del Interior y de Justicia, para que devuelvan los autobuses confiscados a los afiliados de estas cooperativas urbanas que hoy están protestando. “Nos tienen retenidas nuestras unidades desde hace dos años. Estos señores que son dueños de ellas las han comprado con mucho sacrificio, y hoy en día no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares”, pidió.