Ley de amnistía en Venezuela: quiénes pueden acogerse, quiénes quedan excluidos y cómo se aplicará

La ley de amnistía es un primer paso, pequeño, que se ha logrado luego de una intensa y dolorosa batalla de los familiares de los presos políticos en Venezuela. La ley llega cuando quedan más de 600 detenidos en las cárceles del Gobierno y más de 11.000 personas siguen sometidas a medidas restrictivas judiciales, según Foro Penal. Esa y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que si no se desmantela el aparato de justicia y de represión estatal, el objetivo de reconciliación nacional de la amnistía no será posible.

El pulso con el chavismo para que garantice el Estado de Derecho no termina con esta ley. El Gobierno va con rapidez. La norma ya fue promulgada y publicada en Gaceta Oficial y la comisión que verificará el cumplimiento se instalará este mismo viernes.

La noche del jueves, luego del último debate, la presidenta, Delcy Rodríguez, pidió que se revisen los casos que han quedado por fuera de la norma y se active la reforma del poder judicial encargada al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Aprobada la ley, hacemos un recorrido por sus puntos principales.

¿Qué tan amplia es la ley de amnistía?

La ley está limitada a trece momentos específicos ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y 2026, relacionados, en su mayoría, con periodos marcados de meses en los que hubo “manifestaciones y hechos violentos”.

La norma está condicionada desde su concepción, pues no hay reconocimiento del daño causado a miles de personas juzgadas por su actividad política o por su libertad de expresión. Está concebida como un perdón a quienes el Gobierno considera que cometieron delitos y no como la eliminación del carácter delictivo aplicado a hechos que no lo son. También tiene un carácter excesivamente discrecional. Serán los tribunales que encarcelaron a las personas los que decidirán si salen.

En sus objetivos se señala que busca contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional.

¿Qué hechos están alcanzados por la norma?

El texto final ha quedado con un listado de 13 momentos políticos:

• El Golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002, incluyendo los asaltos y ataques a gobernaciones. En 2007, Hugo Chávez ya había dado una amnistía por estos hechos.
• El paro petrolero de diciembre del año 2002 a febrero de 2003.
• Las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que siguieron al referéndum revocatorio contra Chávez en 2004. En el marco de esta crisis política, el Gobierno persiguió judicialmente a aquellos que habían pedido con su firma la realización de la consulta. Estos casos quedan fuera de la amnistía. 
• Las manifestaciones y hechos violentos de mayo del año 2007 por el cierre del canal de televisión RCTV.
• Las manifestaciones ocurridas entre julio y septiembre de 2009, que incluyeron huelgas de hambre estudiantiles y detenciones por oponerse a la aprobación de la Ley de Educación.
• Las manifestaciones y hechos violentos por las elecciones presidenciales de abril del año 2013 y la proclamación de sus resultados.
• Las protestas registradas entre febrero y junio del año 2014, que dejaron 43 muertos. Por este caso también fue condenado a 14 años de prisión Leopoldo López, acusado de incitar las manifestaciones. El dirigente está exiliado desde 2021.
• Las actuaciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora instalada para el período 2016-2021 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas. Este fue uno de los periodos de mayor persecución política, cuando la oposición conquistó en elecciones el Parlamento. Se abrieron investigaciones contra varios diputados y se encarceló a gran parte del equipo del dirigente Juan Guaidó. El Supremo bloqueó judicialmente la actuación del Parlamento y Nicolás Maduro ordenó la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente paralela que funcionó entre 2017 y 2021.
• Las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto del año 2017 y entre enero y abril del año 2019, salvo los constitutivos del delito de rebelión militar. Con esta condicionante queda excluida gran parte de los señalados por la Operación Gedeón y otros intentos de derrocamiento del Gobierno.
• La convocatoria y realización de las elecciones primarias opositoras 2023, cuando se aplicaron decenas de inhabilitaciones políticas. 
• Las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en julio del año 2024 y las ocurridas en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional realizadas en el año 2025.

¿Quiénes pueden acogerse a la amnistía?

Se podrán beneficiar quienes se hayan sometido a la justicia o lo hagan después de la aprobación de la ley. Quienes estén en el exterior, como cientos de exiliados, pueden hacerlo a través de un abogado.

Este punto ha sido especialmente cuestionado, porque da un trato de delincuentes a quienes han sido víctimas de un aparato judicial y policial represivo. La ley también establece que la amnistía “solo abarcará a las personas que hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito o falta objeto de amnistía o cesen en su ejecución luego de la entrada en vigencia de esta Ley”.

¿Quiénes quedan excluidos?

Quedan fuera del alcance de la norma los juzgados por delitos de rebelión militar ocurridos en 2019. Esta disposición hace alusión directa a los 32 procesados por la Operación Gedeón, una insurrección cívico-militar que contó con la participación de dos ex boinas verdes estadounidenses que están en libertad desde 2023, cuando fueron entregados por Venezuela a Estados Unidos a cambio del empresario Alex Saab.

También se ha señalado que no podrán ser beneficiadas “las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”. Esta es la acusación que constantemente hace el chavismo contra la líder opositora María Corina Machado.

Se han excluido también quienes estén incursos en violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; homicidio intencional y lesiones gravísimas; tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y delitos previstos en la Ley contra la Corrupción. Esta última ley también ha sido usada para la persecución de opositores al Gobierno, por lo que personas procesadas injustamente por estas causas quedarían excluidas.

¿Cómo es su aplicación?

La amnistía no es automática. Los tribunales revisarán los supuestos en cada caso y declararán el sobreseimiento de la causa, a solicitud del posible beneficiario, su abogado o del Ministerio Público. Tendrán 15 días para responder.

Organizaciones como Foro Penal señalan que en gran parte de los casos se ha negado el acceso a defensa privada, a revisar los expedientes y a los propios detenidos en las cárceles. También hay más de 50 personas consideradas desaparecidas.

La ley extingue todas las acciones penales, disciplinarias o civiles contra las personas beneficiadas por la amnistía, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, incluyendo las solicitudes de extradición. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal. Los cuerpos de investigación también deben finalizar las actuaciones y averiguaciones sobre hechos incluidos en la amnistía y se eliminarán los registros y antecedentes.

¿Qué lograron incorporar la oposición y las ONG al texto aprobado?

La presión opositora sobre el texto de la ley, y la decisión política del chavismo de aprobarlo por una unanimidad, permitieron que quienes estén en el exterior puedan iniciar la solicitud a través de un abogado. También se estableció un lapso de 15 días para la revisión de los casos.

El principio jurídico de que prevalezca el beneficio del acusado cuando haya dudas de su aplicación también fue un logro de los defensores que participaron en las discusiones.

Otra mejora fue la creación de la comisión de verificación y seguimiento, a la que se le ampliaron sus facultades para que pudiera revisar los casos que han quedado por fuera y recomendar la aplicación de “medidas expeditas” alternativas.

También creció el número de hechos amparados por la amnistía, incluyendo el período entre 2016 y 2021, cuando la oposición tuvo mayoría en el Parlamento y los diputados se convirtieron en blanco de persecución del chavismo.

¿Qué garantías hay de que la ley se cumpla?

La ley establece que una comisión parlamentaria verificará la implementación de la ley. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, designó a 23 diputados luego de la aprobación. En esta comisión, instalada este mismo viernes, recaerá la revisión de casos que no hayan sido considerados dentro de los delitos y los hechos y podrá pedir la “adopción expedita” de medidas alternativas.