Naciones Unidas pide a Venezuela más transparencia en la aplicación de la amnistía a presos políticos

Una de las primeras promesas de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ha quedado en el aire es dar transparencia a las liberaciones de presos políticos en el marco de la Ley de Amnistía. La mandataria dijo que pedirá al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, incorporarse al proceso de verificación de las listas de beneficiados. Este lunes, sin embargo, el funcionario ha advertido que persisten “opacidad y dudas” y ha instado a las autoridades venezolanas a intensificar y transparentar el proceso.

La declaración la hizo durante la actualización oral en el Consejo de Derechos Humanos. Türk destacó que, aunque las autoridades venezolanas han informado que más de 7.700 personas han sido liberadas sin condiciones, su oficina solo ha podido confirmar la excarcelación de 950 detenidos de forma arbitraria, y muchos de ellos bajo restricciones severas. Es lo que también sostienen varias ONG, que han exigido que sea el Gobierno, que tiene control sobre tribunales y cárceles, quien entregue los listados de excarcelados y beneficiados por la ley, sin que esto haya ocurrido hasta el momento.

El asunto de las listas es medular y la denuncia de Naciones Unidas ha llevado a reaccionar al canciller de Venezuela, Yván Gil, quien acusó a Türk de tener un “sesgo inmoral” y de actuar como una “caja de resonancia de falsedades”. “Insiste en una narrativa parcializada hacia nuestro país, repitiendo acusaciones infundadas y omitiendo deliberadamente el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos del pueblo venezolano”, dijo, en un mensaje difundido su canal de Telegram.

La comisión parlamentaria dirigida por Jorge Arreaza, del partido de Gobierno, ha difundido cifras que no se pueden auditar. Defensores de derechos humanos han denunciado recientemente casos de presos políticos que han desaparecido, como Víctor Quero, cuya madre, Carmen Navas, de 81 años, ha peregrinado por distintas prisiones sin que le confirmen su paradero. Quero fue visto en la cárcel de Rodeo en octubre pasado. Otro caso es el de Oliver Laufer, de 70 años, trasladado el fin de semana —al igual que otro número no determinado de presos— sin que sus familiares sepan a qué cárcel.

Türk denunció que ha recibido denuncias de torturas y malos tratos en las cárceles de Rodeo, donde permanece la mayor cantidad de detenidos por motivos políticos, y el Fuerte Guaicaipuro. “Muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño”. También informó que el 3 de marzo las autoridades venezolanas otorgaron visados al personal de su oficina, lo que permitiría una presencia sostenida en el país, después de haber sido expulsados por Nicolás Maduro en 2024.

El Alto Comisionado recomendó al Gobierno venezolano, una vez más, liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente, impulsar reformas estructurales en el sistema de justicia y seguridad, incluyendo el desarme de grupos civiles armados que han intimidado a la población, promover estadísticas oficiales confiables y garantizar el acceso a alimentos, salud, empleo y servicios básicos para todos los ciudadanos, en referencia a la grave crisis económica que aún persiste en el país. También pidió fortalecer la cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, y pidió que el país reconsidere su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional.

La semana pasada, la argentina María Eloísa Quintero y el canadiense Alex Neve, expertos incorporados recientemente a la Misión de Determinación de Hechos, presentaron sus avances en la investigación sobre Venezuela, con énfasis en la situación que siguió a la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Los investigadores advirtieron que, pese a los cambios en la presidencia, el aparato represivo no ha sido desmantelado. “Altos funcionarios del Gobierno y de las fuerzas militares previamente identificados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder en el Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad”, señaló Neve. Quintero agregó: “No puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado”.

La misión celebró las recientes excarcelaciones de presos políticos, pero al igual que el Alto Comisionado reiteró su preocupación por la falta de transparencia. “Corresponde a las autoridades proporcionar información detallada sobre el número y la identidad de las personas detenidas y de aquellas que han sido liberadas”, dijo Quintero. También señalaron que la Ley de Amnistía, adoptada el 20 de febrero, se aprobó con limitaciones en su alcance y aplicación “sin un proceso de consulta pública inclusivo y carece de mecanismos esenciales para garantizar la verdad, la rendición de cuentas y la reparación”.