La amnistía en Venezuela: un perdón limitado a 10 acontecimientos de convulsión social

El borrador de la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comenzó a circular entre diputados un día después de su aprobación en primera discusión. El texto promete una “amnistía general y plena” para delitos políticos, pero —pese a establecer un marco temporal que va del 1 de enero 1999 al 30 de enero de 2026— acota su alcance a 10 episodios específicos de violencia, incluido el periodo represivo tras las elecciones de julio de 2024. El debate sobre su alcance está servido.

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, visitó este viernes una prisión en Caracas donde permanecen al menos 80 detenidos por motivos políticos, muchos de ellos arrestados recientemente. El diputado se encontró con familiares que desde hace semanas acampan en los alrededores de la sede de la Policía Nacional Bolivariana para exigir su liberación. “Vamos a sacar a todos”, les dijo, prometiéndoles que una vez que se apruebe la ley el proximo martes, las liberaciones serán inmediatas. “El martes que viene y a más tardar el viernes estarán todos sueltos”, prometió, desatando la emoción de quienes le escucharon. Es la primera vez en más de un mes de protestas que un alto representante del Gobierno se acerca a las familias.

Los diputados opositores siguen analizando la redacción de la ley, un texto al que no tuvieron acceso antes de respaldarlo en la sesión del jueves. Algunos han expresado reservas sobre su alcance y apuestan por introducir cambios durante el debate del articulado. Una de las propuestas más determinantes es la derogación de normas aque vienen usándose para perseguir a críticos del régimen, como la ley contra el odio, que permite encarcelar a ciudadanos por expresarse en redes sociales. Los parlamentarios Antonio Ecarri y Pablo Pérez, miembros de la comisión parlamentaria que trabaja el texto, también plantean derogar la ley contra el fascismo y suspender los procesos administrativos que derivaron en inhabilitaciones y otras restricciones de derechos políticos.

El borrador actual, de apenas seis páginas, contempla la amnistía para personas procesadas o condenadas por delitos políticos en el contexto de diez episodios considerados clave en la historia de la confrontación política venezolana. Entre ellos se incluyen el golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez en abril de 2002 y el paro petrolero que se extendió entre diciembre de ese año y febrero de 2003. También figuran las protestas de febrero, marzo y agosto de 2004, vinculadas a los obstáculos impuestos por el Gobierno para activar el referéndum revocatorio contra Chávez.

La lista incorpora asimismo mayo de 2007, cuando se produjo el cierre del canal privado RCTV; abril de 2013, tras las elecciones celebradas luego de la muerte de Chávez; los ciclos de protestas contra Nicolás Maduro entre marzo y agosto de 2017 y entre enero y abril de 2019. Y, finalmente, el periodo posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024. La ley acota esta última etapa a un marco temporal muy específico, pero durante el último año —e incluso en los primeros meses de 2026— se han seguido registrando detenciones arbitrarias.

Hasta el mismo día del debate parlamentario habían circulado versiones más amplias del proyecto, que contemplaban, por ejemplo, la liberación inmediata de manifestantes sin vincular los casos a episodios concretos. En el texto actual, esas particularidades no aparecen contempladas.

Al debate se ha sumado el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien este viernes se reunió en Caracas con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con dirigentes opositores y con familiares de presos políticos. Para Zapatero, la ley de amnistía es “ambiciosa” y supone “un antes y un después”. El exmandatario aseguró que su aspiración es que la medida sea “lo más amplia y rápida posible”, declaró a la agencia EFE.

Pese a mantener el espíritu de la amnistía, la redacción más concisa del texto ha generado dudas sobre quiénes quedarían excluidos de la medida de gracia. Un ejemplo sería el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en 2009 tras ordenar la liberación de un empresario en una decisión judicial que Hugo Chávez cuestionó públicamente durante una alocución televisada. Afiuni fue condenada por “corrupción espiritual”, violada en prisión y sufrió un aborto durante su encarcelamiento. Aunque ya no está detenida, sigue sujeta a restricciones legales. La actual redacción, limitada a marcos temporales muy específicos, podría dejarla fuera de la amnistía.

También quedarían excluidos numerosos militares, que representan cerca del 20% de los presos políticos del país, la mayoría arrestados por hechos ocurridos entre 2020 y 2023, fuera de los episodios expresamente contemplados en el borrador.

Mientras el oficialismo presenta la amnistía como un gesto de cierre y reconciliación, persisten interrogantes sobre su alcance real. ¿Se beneficiarán quienes fueron encarcelados por razones políticas fuera de los episodios delimitados? ¿Quedarán amparados los críticos del chavismo que expresaron sus opiniones pública o privadamente en cualquier momento de los últimos 27 años?

Joel García, abogado de varios presos políticos de alto perfil, criticó que el beneficio esté limitado a fechas concretas. “Esto ignora que la persecución ha sido una política de Estado sostenida durante 27 años, y no una serie de incidentes esporádicos”, escribió en redes sociales. “Venezuela no necesita un perdón por partes ni una reconciliación con calendario. Una amnistía que excluye años de represión no busca la paz”, añadió.

Tras las primeras excarcelaciones registradas el mes pasado, comenzaron a salir a la luz más casos de presos políticos cuyos familiares habían mantenido ocultos por temor a represalias. Entre ellos hay trabajadores del sector público y militares cuyos procesos judiciales no parecen encajar en los supuestos temporales previstos en la ley. Los defensores calculan que había cerca de un millar de presos políticos de los que deben quedar al menos 600 entre rejas.

Abogados como Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, han advertido además que el procedimiento para solicitar la amnistía queda en manos de tribunales y fiscales que participaron en procesos judiciales arbitrarios, sin que se establezcan plazos claros para resolver las solicitudes. También cuestionan que la medida sea presentada como un acto de “clemencia soberana”. “Las leyes de amnistía establecen la extinción de responsabilidades sobre hechos que no son perseguibles penalmente. Hablar de clemencia implica asumir que los beneficiarios son culpables”, señaló.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, denunció la falta de transparencia en la discusión parlamentaria. “¿Alguien en esta sala sabe exactamente qué se aprobó en la Asamblea Nacional?”, preguntó este viernes durante una reunión con diputados. Apitz fue convocado por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, junto a otros académicos, para aportar a la agenda legislativa. “Celebro que el presidente de la Asamblea haya pedido perdón, pero ese perdón debe estar en la ley y acompañado de reparación. Los presos políticos no cometieron delitos y se les ha causado un daño a ellos y a sus familias”, afirmó.

Las posibilidades de ampliar la ley siguen siendo inciertas. Tanto Jorge Rodríguez como Rodríguez Zapatero han insistido en la urgencia impuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez cuando anunció la medida la semana pasada. Según el jefe del Parlamento, habrá poco margen para consultas adicionales. Zapatero aseguró que se tratará de una de las “amnistías más rápidas” aplicadas en países que han atravesado cambios políticos profundos.