La angustia de las familias pese a la promesa de amnistía en Venezuela: “No sé dónde está mi hija ni cómo me la tienen”

Hace seis meses que Fanny Lozada busca en las sombras a su hija, Ariannys Araujo. La última vez que la vio fue en televisión, cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, mostró su fotografía para acusarla de participar en una supuesta conspiración fallida que pretendía colocar un explosivo en el centro de Caracas, presuntamente por órdenes de la líder opositora María Corina Machado. Ariannys fue detenida en el oriente del país por un equipo comando que la trasladó en avioneta hasta la capital. Desde entonces, su familia no ha vuelto a verla.

Este martes, Fanny se desmayó mientras denunciaba la desaparición de su hija, micrófono en mano, durante una protesta que movilizó a cientos de estudiantes en la Universidad Central de Venezuela. Las manifestaciones se han intensificado con el paso de los días, a pesar del anuncio de una ley de amnistía.

“No sé dónde está mi hija ni cómo me la tienen”, decía la madre, que se ha unido a las vigilias frente a distintas cárceles sin saber en cuál se encuentra Ariannys. En su relato, denunció que ella misma y sus tres nietos fueron detenidos de manera arbitraria durante doce días, como forma de presión ante la imposibilidad de localizar a su hija. “Mi hija tiene tres hijos y toda su familia fue detenida. Al de 15 años me lo torturaron. Le amarraron la cabeza con bolsas, le metieron corriente. Es un bebé, está en cuarto año de bachillerato y no quiso seguir estudiando. Hasta la fecha no tengo fe de vida ni sé dónde está ella. Él sí sabe”, dijo, en referencia a Cabello, antes de desplomarse.

Lozada se sumó a la vigilia permanente frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, donde permanecen familiares de al menos 80 presos políticos. La concentración se mantiene en esta prisión —como en otras del país— desde que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció excarcelaciones el pasado 8 de enero. Hasta entonces, Fanny no había denunciado públicamente su caso por miedo. Ahora ha sido acogida por otras mujeres que esperan la liberación de hijos, esposos, hermanos o padres. “Nosotras somos su familia. Ella no tiene a más nadie”, decía Flor Zambrano, madre del preso político Renny Chourio, mientras la acompañaba en el hospital donde fue atendida.

El caso de Ariannys Araujo es uno de más de 700 denunciados después del 3 de enero, una cifra que dificulta consolidar una lista definitiva de presos políticos. El Foro Penal trabaja contra reloj para revisar nuevas denuncias. Hasta esta semana, la organización confirma 344 excarcelaciones desde el 8 de enero y registra que 687 personas continúan privadas de libertad.

A la manifestación en la Universidad Central de Venezuela —vigilada por policías y colectivos armados— se sumaron también familiares de militares, de los que se tiene registro de al menos 182 detenidos, ninguno de los cuales ha sido excarcelado. También acudieron parientes de decenas de trabajadores de PDVSA arrestados en octubre de 2024 en distintos puntos del país, sin órdenes de captura ni expedientes claros, todos bajo una misma causa.

“A mi esposo lo llamaron a una reunión y de ahí se lo llevaron. Estuvo desaparecido. Le dio un infarto en la cárcel; sobrevivió, pero no tiene tratamiento”, contó Gaudi Astudillo, residente del estado Anzoátegui, que debe recorrer 300 kilómetros para visitarlo. Su esposo, Ernesto Zapata, trabajaba desde hacía 33 años en la industria petrolera. En este caso se señala a al menos 120 trabajadores más, cuyos familiares exigen ser incluidos en las liberaciones.

Aunque las excarcelaciones no se han detenido, la ley de amnistía general anunciada el viernes pasado por Delcy Rodríguez no avanza con la urgencia prometida. El Foro Penal y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad han presentado distintas propuestas para alimentar un debate que aún no ha comenzado. La Asamblea Nacional no ha incluido el tema en su primera sesión de esta semana.

La redacción del proyecto está en manos de Diosdado Cabello y de los integrantes del Programa de Convivencia, Democracia y Paz, un grupo creado recientemente por Rodríguez e integrado por funcionarios chavistas, influencers, empresarios y algunos miembros de la sociedad civil, con el objetivo de promover el diálogo. Esta semana, Cabello marcó límites al proceso que las víctimas y la sociedad civil esperan que sea lo más amplio posible. “Toda ley de amnistía tiene una lista”, afirmó, y aseguró que se hará una revisión de los casos “de acuerdo a los delitos” para identificar “los que puedan ser sujetos de ese beneficio”. El dirigente chavista sostuvo que la iniciativa es una propuesta del Ejecutivo y advirtió que se elaborará sin la participación de ONG, de gobiernos extranjeros ni de jerarquías eclesiásticas.