La fiscalía militar solicita que Bolsonaro sea expulsado de las Fuerzas Armadas por indigno

El Tribunal Supremo Militar de Brasil emprende este martes un juicio como ningún otro en sus dos siglos largos de historia. Juzga por primera vez a oficiales de alta graduación y a militares condenados por golpismo. El tribunal, integrado por uniformados y civiles, decidirá si Jair Messias Bolsonaro, expresidente de la república y capitán del Ejército en la reserva, tres generales y un almirante condenados en la justicia civil por intentar perpetrar un golpe de Estado son dignos de pertenecer a la oficialidad de las Fuerzas Armadas o si deben perder los galones y ser expulsados de la institución. Sería un castigo añadido a las penas de entre 19 y 27 años que ya cumplen por conspirar contra el poder legítimo.

En el pliego de acusación, el Ministerio Público militar ha pedido la expulsión de Bolsonaro de las Fuerzas Armadas con el argumento de que su condena por parte del Tribunal Supremo se basa en hechos incontrovertibles que demuestran que “violó preceptos éticos militares”. Y enumera entre otros que “lideró una organización para “alcanzar objetivos inconstitucionales”, que intentó llevar a Brasil a “un nuevo periodo de excepción democrática”, que “promovió ataques a militares que no respaldaron el movimiento golpista” y que intentó “invertir la lógica constitucional de la sumisión del poder militar al civil”.

Bolsonaro está recluido en el ala militar de la cárcel de máxima seguridad de Pampuda, en Brasilia, donde cada semana recibe visitas de familiares y aliados políticos. Allí tiene atención médica las 24 horas, y un patio para pasear.

El proceso en la justicia castrense durará meses. Si falla contra los acusados, sufrirán la llamada muerte ficticia, es decir, simbólicamente habrán muerto para las Fuerzas Armadas. Un golpe colosal al honor para estos hombres de largas carreras en la jerarquía militar. Un golpe, además, para la reputación de las Fuerzas Armadas. También sufrirán consecuencias tangibles. La más evidente, perder el derecho a cumplir condena en una prisión castrense, como hasta ahora.

Pero la muerte ficticia no afectará al bolsillo familiar, siempre y cuando estén en buenos términos con sus esposas y con sus hijas menores o solteras. La norma vigente indica que ellas heredarán la pensión que les corresponde como militar en la reserva, que en el caso de los acusados oscilan entre los casi 13.000 reales mensuales (unos 2.580 euros) que se embolsa Bolsonaro y los 38.000 (alrededor de 6.129 euros) del general Gustavo Heleno, que lideró a los cascos azules de la ONU en Haití y es uno de los militares contemporáneos más prestigiosos.

Este es un caso realmente extraordinario para el Tribunal Supremo Militar, más habituado evaluar la dignidad de condenados por corrupción. Creado en 1808, en tiempos imperiales, es el tribunal más antiguo de Brasil. Presentado el pliego de acusaciones, el caso contra cada uno de los acusados tendrá un instructor y un revisor de la instrucción (un militar y un civil). La decisión final será adoptada por los 15 miembros del tribunal (cinco civiles y diez militares).

En caso de empate, la presidenta de la corte, Maria Elizabeth Rocha, una civil, emitirá su voto, siempre a favor del reo. Tras la condena a los golpistas, Rocha ha protagonizado tensiones públicas con alguno de sus colegas militares.

El general Heleno, el más anciano del quinteto, es el que tiene más opciones no ser expulsado. Los que corren mayor riesgo de morir a ojos del Ejército son Bolsonaro y el general Walter Braga Netto. Este fue ministro y candidato a vicepresidente en 2022. En la trama del golpe, se encargó de instigar a otros oficiales en una campaña de acoso contra los generales que rechazaron embarcarse en la aventura golpista.

Es muy probable que el fallo final se conozca celebradas las elecciones presidenciales del próximo octubre en las que un hijo de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, pretende medirse con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concurre a la reelección.

La trayectoria del alto tribunal militar en los últimos años indica que juzga con mayor dureza los delitos perpetrados contra la propia institución y los compañeros de armas que contra los civiles. Recientemente, absolvió a ocho policías militares acusados de matar a un conductor en una balacera en una favela, según recordaba la prensa local este martes.