El Govern aprieta a Junts para que apoye la financiación: “No sabemos si dentro de un año tendremos esta oportunidad”

La consejera Alícia Romero hizo suya este miércoles la máxima del filósofo francés Jean Paul Sartre de que cualquier medio es bueno si es eficaz. La titular de Economía y Finanzas defendió en el Parlament la propuesta del Gobierno central para un nuevo modelo de financiación con el argumento de la inyección de dinero, de 4.686 millones, que supondrá para las arcas catalanas. Lo hizo sobre todo para convencer a Junts, que sigue propugnando un concierto que carece de respaldo en Madrid y de cuyos votos dependerá en los próximos meses la propuesta de la ministra María Jesús Montero. Por ello, Romero acudió a la Cámara catalana con dos ideas fuerza que plasmó en la única diapositiva que empleó durante su intervención: la cifra que ha atado para Cataluña, que se traduce en 626 euros más por habitante, y la consecución del respeto del principio de ordinalidad. “Terceros en aportar, terceros en recibir”, apuntó gráficamente la consejera. La formación de Carles Puigdemont criticó la oferta del Gobierno al considerar que sigue siendo “café para todos”, si bien no dijo que vaya a votar en contra.

En el Parlament hay una mayoría a favor de cambiar el modelo de financiación. Quieren hacerlo PSC, ERC y Comuns, que apoyan al Govern de Salvador Illa. Pero también dicen estar dispuestos a hacerlo Junts, PP y CUP –Aliança no ha acudido a la comisión de Economía y Hacienda—, aunque no por la vía propuesta por Montero. El problema es que los números dan en Cataluña, pero la reforma debe pasar por el Congreso de los Diputados, donde la aprobación del modelo depende de los siete votos de Junts. Por ello, Romero se dirigió a ellos para preguntarles si dejarán pasar ese tren. “No podemos perder la oportunidad de obtener 4.686 millones de euros. Tenemos esta oportunidad hoy y no sabemos si tendremos dentro de un año”, ha sostenido Romero en referencia a la posibilidad de que dentro de un año en La Moncloa se instale un gobierno del PP, que ya ha avanzado que tiene otro modelo planeado.

La consejera socialista ha defendido que el modelo corrige distorsiones, “desigualdades” e “injusticias” que el vigente sistema estaba cronificando, como las grandes diferencias de recursos fiscales que recibían unas comunidades y otras. “Ahora un niño de Extremadura recibe 1.000 euros más que uno de Murcia”, ha sostenido Romero, quien ha alabado la “valentía” del Gobierno por aportar 21.000 millones más al sistema. “Es una cifra que permite que todas las comunidades ganen y nadie pierda”, ha afirmado para calmar tanto a las otras comunidades socialistas, que han rechazado el modelo, como a los partidos de Sumar que recelaban de los primeros acuerdos entre PSC y ERC al temer que se tratase de un concierto.

Romero ha defendido que el modelo sigue regido por la solidaridad de las tres comunidades aportadoras (Madrid, Cataluña y Baleares), pero que esta quedará limitada por el principio de ordinalidad, como vienen pidiendo los gobiernos de Illa y Marga Prohens. La consejera recordó, además, que próximamente debe aprobarse la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por 17.000 millones de euros pactada por ERC, lo cual dará oxígeno a la Hacienda catalana y debe allanar su regreso a los mercados financieros.

Pero más allá de presentar el modelo a los grupos parlamentarios, Romero ha buscado respuestas en Junts, que será clave para que el modelo pueda salir adelante. El partido de Puigdemont sigue anclado al concierto económico y, además, ha roto formalmente con el PSOE. Sin embargo, los socialistas todavía albergan esperanzas en conseguir que Junts permita que el modelo vea la luz. La propuesta final debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de Semana Santa para después ir al Congreso. “Quedan meses”, describen fuentes del partido, que ven difícil que Junts quede al margen de ese pacto. Desde las formaciones que apoyan a Illa hay la convicción de que la presión a Junts debe venir sobre todo de sus alcaldes y de los agentes sociales. Por ahora, Romero ha empezado esta semana una gira para dar a conocer los pormenores del pacto a organizaciones territoriales, empezando por las de Manresa y Girona.

En cualquier caso, Romero se ha dirigido sobre todo al diputado de Junts, Antoni Castellà, quien ha dicho que el modelo era más de lo mismo: “Café para todos”. “¿Llevará el concierto al Congreso? No tiene una mayoría para ello”, le ha advertido Romero, quien le ha pedido que permita que pase esta propuesta y siga luego trabajando “para avanzar”. Castellà ha criticado que el modelo no tenga los rasgos “singulares” anunciados ni se haya negociado de forma “bilateral”. Y ha lamentado que tampoco incluya como criterio para ajustarlo el coste de la vida. Aun así, no se ha oído un portazo desde las sillas de Junts. “Cuando tengamos la letra sobre la mesa lo veremos”, ha dicho Castellà para advertir sobre la “letra pequeña” del pacto.

La bilateralidad del acuerdo

La bilateralidad que no ve Castellà es la que han criticado, en cambio, PP y Vox. Los populares han afirmado que sí quieren reformar el modelo, pero no con acuerdos a dos bandas entre Oriol Junqueras, líder de ERC, y Pedro Sánchez. “Estamos delante de un acuerdo bilateral cerrado en despachos”, ha criticado Juan Fernández, diputado del PP. David Cid, de los Comuns, ha señalado esa contradicción: “Dicen que o bien es un atraco a mano armado o que lo hemos perdido todo. Y las dos cosas no pueden ser”, ha señalado.

Albert Salvadó, de ERC, ha sido el encargado de apuntar hacia el próximo capítulo de una discusión que, en pleno caos ferroviario, se antojaba incluso extemporánea. Y ese no es otro que la gestión del IRPF por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). “No damos la negociación por cerrada”, ha advertido el diputado, quien ha recordado que hay una proposición de ley en el Congreso sobre la gestión del IRPF por parte de la Generalitat de la que penden los Presupuestos. Y el PSOE ahí aún no ha fijado su posición.