La Generalitat logra la mejor valoración crediticia en una década a la espera de la quita de la deuda y una mejor financiación

Dos de los hitos que tiene marcados en rojo el Govern de Salvador Illa están relacionados directamente con la tesorería autonómica. Uno es la propuesta para un nuevo modelo de financiación; otro es la condonación de parte de la deuda que la Administración catalana acumula del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el auxilio financiero con el que el Estado rescató a la mayoría de las comunidades autónomas tras la Gran Recesión. Mientras ambos instrumentos siguen cocinándose a fuego lento en Moncloa, la Generalitat abre 2026 con la mejor valoración crediticia en una década: las tres agencias de calificación que fiscalizan sus cuentas han dejado de considerar su deuda como bono basura.

La recuperación ha llegado a trompicones. Los analistas de las casas de rating Fitch y DBRS hace años, en 2021 y 2022, que tomaron la decisión de dar a la deuda catalana el grado de inversión. Pero no fue hasta septiembre pasado que Moody’s optó por seguir la misma dirección, al elevar un escalón su nota y situarla en el Baa3 con perspectiva positiva. Ese código supone situar la calidad de la deuda por encima de la línea que separa el grado de inversión y el de alto rendimiento. Es decir, el límite entre ser una inversión segura pero con rentabilidad moderada o un negocio más arriesgado aunque mejor pagado. Confiar más o menos en el emisor de la deuda.

El resultado del último examen de Moody’s muestra una mejora de los ingresos fiscales de la Generalitat que se da por segura en los próximos años, una coyuntura económica al alza que debería permitir reducir el peso de la deuda y “el extraordinario apoyo” del Gobierno como sostén para cumplir con las obligaciones con sus acreedores. De hecho, la mejora del rating de Cataluña, como en el caso de otros 13 territorios españoles, obedece a una mejora preliminar de la nota de la deuda soberana de España.

No es difícil entender ese último punto: España lleva años siendo el principal, casi de forma monopolística, banco de la Generalitat a través del FLA. El último informe para inversores internacionales elaborado por el Departamento de Economía que dirige Alícia Romeo señalaba que en 2025 el mecanismo de rescate tenía previsto prestar 8.488 millones de euros y que este curso esa cifra ascendería a 8.538 millones. La Generalitat adeuda todavía al Estado más de 75.000 millones de euros de ese fondo de liquidez, casi el doble que su presupuesto anual.

La relevancia de la mejora en la calificación que ofrecen las casas de rating, además de generar más confianza en la administración, es que permite abaratar los tipos de interés que la Generalitat tiene que pagar. El FLA era una barata fuente de financiación en sus orígenes, con tipos de interés que rondaban el 1% y nunca alcanzaban el 2%. Pero a partir de 2022 las tornas cambiaron al son del Banco Central Europeo y el dinero que llega del Estado se ha de devolver desde hace tres años con unos intereses del 3%. De ahí que la Generalitat haya buscado alternativas en el mercado, siempre con la autorización del Ministerio de Hacienda, puesto que beneficiarse del FLA también cuenta con el condicionante de la fiscalización estatal y la falta de autonomía para buscar dinero alternativo.

En agosto pasado, el Ejecutivo catalán anunció que había refinanciado 3.500 millones de euros —el máximo permitido por el Ministerio de Hacienda, en una decisión que pasó por el Consejo de Ministros— que le había dejado inicialmente el FLA con dinero prestado por seis entidades financieras españolas. Es la única opción con la que cuenta ahora para buscar dinero y se convirtió en la primera vez en 13 años que la Generalitat salía del redil crediticio del Estado. El tipo de interés de promedio se situó en el 2,951% (frente al 3,497% máximo del FLA) y el Govern cifró el ahorro en 115,9 millones de euros a lo largo de 11 años. Además, tanto la Generalitat como algunas entidades de su sector público están buscando financiación en el Banco Europeo de Inversiones. El próximo paso, anunciado por el Govern cuando lo pilotaba ERC pero que aún sigue siendo una incógnita, debería ser la la emisión de deuda, en busca de recursos frescos que le devuelvan la autonomía que perdió cuando se le cerraron los mercados y tuvo que salir al rescate el Estado.

Ese posible reestreno se ve beneficiado por la última nota que le dio Moody’s. Hacienda marcó en julio pasado unas nuevas reglas para las autonomías que quisieran recuperar su autonomía financiera. Desde entonces, para hacerlo hay que cumplir una de estas dos condiciones: cerrar el ejercicio con superávit o que el nivel de endeudamiento respecto al PIB no sea superior al 19,5%. Cataluña no cumple ni una (cerró 2024 con un déficit del 0,5% y Moody’s señala que el resultado de 2025 será muy similar) ni otra (según la AIReF es del 28,7%), pero se podría beneficiar de la letra pequeña incluida por el Gobierno central: las comunidades con grado de inversión podrán ir a los mercados para financiar hasta un 10% de sus necesidades financieras anuales siempre y cuando lo argumenten en un plan anual de endeudamiento.

En todo caso, el segundo de los impedimentos parece más fácil de superar que el primero. Sobre todo si el Congreso acaba aprobando su plan de quitas de deuda para las comunidades autónomas que forzó ERC para permitir la reelección de Pedro Sánchez en 2023. Si eso acaba ocurriendo, pese a la oposición del PP, la Generalitat se liberaría de una tacada de 17.000 millones de euros, el 20% del total. Además de ahorrarse 175 millones de euros en el pago de intereses en un año, su proporción de deuda respecto al PIB caería exponencialmente, una tendencia que continuaría aunque de forma más aminorada gracias a la buena evolución del PIB, que sigue al alza y con buen ritmo.