El Gobierno acelera la reforma de la financiación ante el ciclo electoral de 2026 y la presión de los socios

El Gobierno ha acelerado la nueva propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica, que prevé presentar a los consejeros autonómicos de Hacienda en las próximas semanas. La vicepresidenta del Gobierno y ministra del ramo, María Jesús Montero, ha afirmado esta semana que tiene ya “muy avanzada” una oferta que consistirá en poner sobre la mesa más recursos para sufragar los servicios públicos de las autonomías. El Ejecutivo intentará calmar con la apertura de esa negociación a sus socios, en especial a ERC, que este viernes ha reclamado más avances en la llamada “financiación singular” catalana. Pero también permitirá a Montero acudir a las elecciones andaluzas, que tendrán lugar en el primer semestre del año, con mejoras para las finanzas de la comunidad y una quita de casi la mitad de su deuda pública. Por ahora, la vicepresidenta ya ha avanzado que el nuevo modelo aportará más dinero a las “comunidades que han estado infrafinanciadas”, entre las que hay un amplio consenso entre los expertos que está Andalucía.

Tras el batacazo en Extremadura, el Ejecutivo central busca a toda costa poner en el centro del debate la financiación para la mejora de los servicios públicos en vistas a las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía. La candidata para Aragón, Pilar Alegría, arrancaba su precampaña para los comicios del 8 de febrero señalando que el actual jefe del Ejecutivo, Jorge Azcón, ha “asfixiado” esos servicios, mientras que Montero acusó en una entrevista en Cadena SER al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tocado por la crisis de los cribados, de “coquetear con el copago” y la “privatización” de la sanidad. Frente a eso, la vicepresidenta abogó por una reforma de la financiación que “va a aportar más recursos para destinarlos a las políticas y competencias de la Junta de Andalucía”. “En detrimento del Gobierno de España”, concretó. “Renunciamos a recursos para ponerlos a servicio de las comunidades autónomas”, agregó.

Como en la anterior reforma de la financiación, la clave del nuevo modelo estará en la cantidad extra que inyecte el Gobierno. En esta ocasión, el Ejecutivo central podría aportar alrededor de 18.000 millones de euros, según fuentes cercanas a las negociaciones. Con esa cantidad, Montero debe ser capaz de cuadrar el complejo puzle de la financiación. Y eso supone, como mínimo, mantener el statu quo de las actuales beneficiadas por el sistema, atender las demandas del Govern de Salvador Illa y sus socios parlamentarios y premiar a las cuatro comunidades que se han visto tradicionalmente agraviadas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. Y todo ello con el PP a los mandos de 11 regiones que cargan contra los pactos del Gobierno con los independentistas pero que tampoco logran acordar una hoja de ruta común. Prueba de ello es que Baleares defiende el polémico principio de ordinalidad ―es decir, que si es la segunda comunidad que más aporta, ocupe la misma posición en cuanto a disposición de recursos fiscales―, mientras que Andalucía lo rechaza de plano.

La financiación autonómica, de hecho, ya ha estado en el centro del debate político andaluz esta semana después de que un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) concluyese que la región ha sido la peor financiada de los últimos 20 años. La portavoz de la Junta, Carolina España, sostuvo que se trata de un “agravio sostenido en el tiempo” y añadió: “Estamos viendo un Partido Socialista que lleva más de siete años en el Gobierno dando a España la espalda a nuestra tierra”. Montero insistió en que espera que el PP apoye el nuevo modelo y le afeó que no acepte la quita de la deuda pública que planea para Andalucía.

La condonación de la deuda será la otra gran baza con la que podrá jugar Montero cuando lleguen las elecciones en Andalucía. El Gobierno ha aprobado ya la quita de parte de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que permitirá aliviar las finanzas de las comunidades en 83.252 millones de euros. Esa medida deberá pasar ahora por el Congreso de los Diputados, donde se topará con la negativa del PP y la incógnita del sentido del voto de Junts. La formación de Carles Puigdemont ha anunciado que votará en contra de todas las iniciativas que surjan de Gobierno, aunque en esta ocasión esa cerrazón podría costarle a Cataluña 17.104 millones que serían fundamentales para que la comunidad vuelva a financiarse a los mercados y rompa su dependencia con el Estado, que ahora prácticamente su único banquero. La quita, sin embargo, es mayor en Andalucía, que se zafará de 18.791 millones, casi la mitad de la que tiene ahora.

La impaciencia de ERC

La nueva financiación estará condicionada por las elecciones de 2026, en las que el PSOE parte en desventaja. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe satisfacer también a sus socios. Empezando por ERC. Los republicanos, que pactaron la financiación singular a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa en Cataluña, se han visto opacados en Madrid por Junts, cuyo apoyo sigue buscando Sánchez pese a su anuncio de ruptura. El respaldo de los republicanos, no obstante, es clave también en su condición de socios de Illa en Cataluña, donde tampoco hay Presupuestos.

Los republicanos mostraron de nuevo este viernes su inquietud. “Es obvio que esta ministra no iba a permitir un cupo catalán”, había dicho Montero en su entrevista en la SER el jueves. Junqueras admitió los “avances” que se están produciendo en la reforma del modelo, con la que Cataluña aspirar a captar unos 5.000 millones, según fuentes consultadas. Sin embargo, Junqueras no ve progresos en la configuración de esa parte de la financiación que debe justificar el adjetivo de “singular”. Y esa pasa por dar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la potestad de recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar los impuestos generados en Cataluña, empezando por el IRPF.

El acuerdo entre ERC y PSC contemplaba que la agencia dependiente de la Generalitat empezara a recaudar el IRPF en 2026, pero la falta de medios y plantilla lo hacía inviable. Por ello, se retrasó hasta 2028. Este viernes, Junqueras dijo que quiere ver compromisos también sobre la cesión de la gestión de ese tributo, para el que se piensa en una delegación de competencia, para apoyar los Presupuestos de Illa. “ERC no quiere que estas negociaciones se eternicen y se alarguen indefinidamente, porque esto perjudica a la sociedad catalana”, ha señalado Junqueras, que ha remarcado que la financiación debe respetar el principio de ordinalidad. “Si el acuerdo sobre la recaudación del IRPF tarda más, la negociación presupuestaria tardará más”, ha advertido. Tanto el Gobierno central como el catalán se proponen llevar unos presupuestos a sus parlamentos. Pero, por lo pronto, ambos se han visto obligados a prorrogar otro ejercicio más las cuentas de 2023.