Hacienda presentará a principios de 2026 una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica

El Gobierno se ha comprometido a presentar entre enero y febrero del próximo año un nuevo modelo de financiación autonómica a las comunidades. Así lo ha trasladado este lunes la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos del ramo reunidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La revisión del modelo, que lleva más de una década pendiente, se anuncia al inicio de un ciclo político que tendrá como primera cita electoral las próximas elecciones del 21 de diciembre en Extremadura. La reforma constituye una de las principales exigencias de las autonomías, que, sin embargo, se han mostrado escépticas ante el anuncio, quejándose de que la ministra no ha profundizado en los detalles ni ha convocado los grupos de trabajo, y que no sería la primera vez que el Gobierno promete una reforma que después se queda en saco roto.

“Este Gobierno quiere reformar este modelo de financiación y así se lo hemos hecho saber a los consejeros de Hacienda”, ha insistido Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión. La ministra ha recordado que a finales de 2021 su departamento dio un paso en esta dirección y presentó una propuesta de reforma de una de las principales variables del modelo, la población ajustada, que finalmente no salió adelante por las “posiciones de máximos” de las autonomías. La vicepresidenta primera ha explicado que esta es una de las razones por las cuales el ministerio llevará ahora una propuesta completa, en lugar de ir parte por parte. El objetivo es presentarla a comienzos de 2026 para negociar con las autonomías y los grupos y que eche a andar en 2027, aunque el Gobierno es consciente de las dificultades de sacarla adelante en un Congreso en el que tiene minoría parlamentaria.

La iniciativa surge en un contexto político que se ha complicado en las últimas semanas tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo, que está profundizando más todavía la parálisis legislativa que ya vivía España. Los Presupuestos llevan prorrogados desde 2023 y no hay seguridad de que el Congreso dé luz verde a la senda fiscal, paso previo en la configuración de las nuevas cuentas. La propuesta de reforma de la financiación autonómica coincide con el inicio de un ciclo electoral que empieza en Extremadura en diciembre y que implicará que Montero deje su puesto para lanzarse a la carrera, previsiblemente en primavera, por la presidencia de la Junta de Andalucía.

Algunos de los detalles que la vicepresidenta ha adelantado sobre la propuesta también apuntan en esta dirección. Montero ha explicado que el nuevo esquema se aplicará a las 15 comunidades de régimen común sin excepción, lo que “no impedirá tener en cuenta singularidades o particularidades territoriales”, ha dicho en un claro guiño a Cataluña. Por eso se abordarán determinadas materias de manera bilateral “sin que compita con los recursos del resto de comunidades”, ha avanzado sin querer dar más detalle: “Comprenderán a qué nos referimos cuando presentemos el modelo”.

También ha puesto sobre la mesa algunas de las “vigas maestras” del nuevo modelo en un claro intento de buscar consensos también entre las autonomías en manos de la oposición, incluida aquella en donde competirá por la presidencia. La ministra ha asegurado que ninguna comunidad saldría perjudicada y todas contarían con recursos adicionales para poder sufragar los servicios en los que tienen competencias, como sanidad, educación o dependencia. Esto se traduce en que irremediablemente tendría que crecer la bolsa de recursos disponibles, lo que abre la puerta a la posibilidad de traspasar una mayor cuantía de la recaudación de impuestos a los territorios.

Además de esto, el sistema promete reducir las diferencias por habitante ajustado. La brecha actual entre la comunidad mejor y peor financiada (Cantabria y Murcia, respectivamente), que ronda los 1.000 euros por habitante y que “no está justificada”, se reducirá. Montero también ha confirmado que se avanzará en el despliegue de un nuevo modelo en red entre las comunidades y la Agencia Tributaria y que se estudia poner fin al esquema de entregas a cuenta.

La vicepresidenta ha sugerido también, aunque con prudencia porque todo está en fase inicial, que el nuevo modelo podría incluir frenos a las bajadas fiscales de determinadas comunidades que, a su juicio, practican dumping fiscal. “Soy partidaria de que se contemplen estos desincentivos, pero es algo que tenemos que discutir con las comunidades”. La titular de Hacienda ha criticado que algunos gobiernos regionales bajen impuestos y pierdan recaudación mientras, a la vez, piden más recursos a la Administración Central. “La relación del Gobierno de España con las comunidades autónomas no puede fundamentar en que es gratis pedir y reprochable no dar”, ha reflexionado.

Los consejeros del PP, que son mayoría —representan 12 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla—, temen que el anuncio de la ministra sea un brindis al sol y que la eventual propuesta sea al dictado de las exigencias de los partidos independentistas con los cuales el Gobierno ha negociado la financiación singular de Cataluña. “Los independentistas que quieren irse de España son los que están negociando el modelo para el resto de España”, ha lanzado la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España (PP), al salir de la reunión. “Hoy [Montero] dice que va a presentar el modelo completo. En ese sentido, la valoración es positiva. Pero no dice nada, salvo que va a reconocer las singularidades y el tratamiento bilateral, y no nos ha aclarado nada más a este respecto”, ha añadido su homóloga extremeña, Elena Manzano (PP).

También Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE —aunque crítico con el Gobierno central—, se ha mostrado escéptico hacia el anuncio de reforma del sistema y sobre todo en referencia a los cortos tiempos en los que el ministerio ha asegurado que lo presentará a las comunidades. “La financiación autonómica es el producto del reparto de la riqueza nacional y debe garantizar que todas tengan los recursos suficientes”, ha apuntado.

Solo Alicia Romero, consejera de Hacienda en Cataluña por el PSC, ha mostrado su satisfacción al abandonar el encuentro: “Habrá que esperar a la presentación, pero de entrada suena bien y se alinea con lo que quiere Cataluña y con lo que se pactó en la reunión bilateral de julio”.

Reparto del déficit

Montero también ha comunicado a las comunidades el objetivo de déficit para el periodo 2026-2028, de un 0,1% del PIB para cada ejercicio, una meta que elevaría el margen de gasto de los Gobiernos autonómicos en unos 5.500 millones. La propuesta ha recibido los votos suficientes para salir adelante, puesto que solo necesita el apoyo del ministerio y una comunidad más, pero la mayoría de los consejeros, del PP, ha votado en contra. Para Montero, la negativa de estos territorios solo puede entenderse a partir de una orden directa de la calle Génova, puesto que “no tiene sentido que los territorios voten en contra de sus intereses”. Ante la posibilidad de que la senda no obtenga luz verde en el Congreso, como sucedió el año pasado, Montero ha asegurado que regirían los objetivos recogidos en el Plan Estructural que se planteó a la Comisión Europea, con equilibrio para las autonomías.

Ya antes del inicio del encuentro, los consejeros autonómicos del PP habían lamentado que la convocatoria del ministerio llega, en su opinión, tarde y mal, puesto que han tenido que diseñar sus presupuestos a ciegas, sin conocer los objetivos presupuestarios. También lamentaron que no necesitan endeudarse más, sino un nuevo sistema de financiación lo antes posible. Varias de ellas, sobre todo las infrafinanciadas, cargaron contra el reparto del desequilibrio entre los subsectores de la Administración (la central, las comunidades, las entidades locales y la Seguridad Social) y reclamaron más margen.

Montero, sin embargo, ha explicado que el objetivo de déficit para la Administración General del Estado (AGE) será del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028. De esos 1,8 puntos, ha matizado, 1,4 son transferencias a la Seguridad Social. “Cuando algunas comunidades hablan de asimetría hay que tener en cuenta que del aparente objetivo de la AGE, 1,4 puntos son de Seguridad Social”. Eso, junto con la transferencia a las comunidades de la recaudación del impuesto a la banca ―que suma una décima― hace que la Administración Central tenga solo un margen del 0,3%, ha insistido la vicepresidenta.

El Ministerio de Hacienda también ha actualizado, al alza, el importe de las entregas a cuenta para 2026. Se trata de los recursos que las autonomías reciben del sistema de financiación por adelantado, en función de las previsiones de crecimiento económico y de la recaudación fiscal. El pasado julio, el departamento encabezado por Montero anunció por carta que los gobiernos autonómicos recibirían 156.990 millones de euros por este concepto, que ahora eleva hasta los 157.731 millones, el mayor importe de la historia y un 7% superior al de este año.

La revisión ha sido posible gracias a la buena dinámica de la economía, según ha explicado Montero en la rueda de prensa posterior al CPFF. De hecho, el Gobierno actualizará mañana sus previsiones de crecimiento para este año, del 2,7% al 2,9%. Si a la cifra de las entregas a cuenta se le suma la previsión de liquidación de 2024, la financiación total para las comunidades en 2026 será de 170.300 millones, un 7,7% más que el ejercicio en curso.