Las comunidades y Hacienda retoman el debate sobre el peso de la población ajustada en la financiación

La población ajustada, criterio clave en el reparto de los recursos de la financiación autonómica, vuelve a estar sobre la mesa. El Ministerio de Hacienda y las comunidades han celebrado este martes un encuentro de carácter técnico para acercar posiciones sobre su actualización, un debate que el departamento de María Jesús Montero había abierto a finales de 2021 con una propuesta de reforma y que desde entonces está en un impasse. En la reunión de este martes, que no tiene trascendencia política, tampoco ha habido avances. Por un lado está Hacienda, que ha presentado un informe en el que resume su planteamiento sobre la población ajustada y las alegaciones que le trasladaron en su momento los territorios, destacando que no hay un consenso entre las autonomías sobre cómo modificar la variable. Por el otro lado están los representantes de las comunidades, que han reclamado al ministerio elaborar una propuesta integral de reforma del modelo de financiación en lugar de ir por partes, argumentando que hace falta tener una visión completa para que las negociaciones progresen.

Para poner orden en el asunto hay que volver a los años de la pandemia. En diciembre de 2021, el Ministerio de Hacienda envió a las comunidades una propuesta para modificar el cálculo de la población ajustada, un criterio que refleja las necesidades de gasto de los territorios. Esta variable pondera la población total en función de factores demográficos y geográficos y se emplea para realizar el primer reparto de los fondos del sistema de financiación. El departamento de Montero presentó el documento como un primer paso para reformar el modelo en su totalidad, que lleva desde 2014 pendiente de una actualización, puesto que el esquema vigente, aprobado en 2009, establecía que se revisara a los cinco años.

La propuesta de Hacienda planeaba reforzar las variables demográficas, elevando el peso del gasto sanitario y educativo a la hora de calcular la población ajustada. En las semanas siguientes, las comunidades mandaron sus alegaciones, pero el debate se quedó congelado. El ministerio no volvió a sacar el tema hasta mediados del pasado febrero, cuando en el Comité Técnico Permanente de Evaluación —el mismo grupo que se ha reunido este martes y que forma parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano donde comunidades y ministerio debaten asuntos de financiación autonómica— presentó un informe con el mismo documento de finales de 2021 y un resumen de las aportaciones de los Gobiernos regionales.

Hacienda destacó en esa ocasión que no había consenso entre las comunidades, lo mismo que alega ahora. Aunque la mayoría acepte que la población ajustada sea la variable representativa de las necesidades de gasto de las autonomías, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, densamente pobladas, solicitaban en sus observaciones que este criterio no supusiera “variaciones significativas frente a la utilización de la población”. En cambio, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y La Rioja, con problemas de dispersión geográfica, se mostraron a favor de mantener esta variable de manera transitoria hasta poder analizar el coste real de los servicios públicos que prestan.

“En algunos aspectos hay posturas opuestas entre comunidades que, aunque legítimas, dificultan el avance en el proceso”, resumía el documento de Hacienda, achacando de forma implícita a los Gobiernos regionales —la mayoría, 11 de 17, están gobernadas por el PP— la parálisis del proceso.

En realidad, el desacuerdo entre autonomías no es nuevo y no responde tanto a intereses partidistas, sino a características territoriales. Y enreda aún más la negociación política sobre la reforma del sistema, ya de por sí complicada —máxime con el actual reparto de escaños, que deja al Gobierno en minoría—. Las autonomías con zonas despobladas, por ejemplo, insisten en que les cuesta más prestar los servicios porque no pueden aprovechar economías de escala. De este bloque forman parte comunidades de distinto signo político, como Castilla-La Mancha (PSOE) y Galicia (PP). Del otro lado están los territorios con mucha población, como Madrid (PP) y Cataluña (PSC).

Tras concluirse la reunión de este martes, el ministerio pidió a los técnicos de las comunidades que firmaran el informe de síntesis que había presentado. La votación no estaba incluida en el orden del día y los representantes autonómicos declinaron hacerlo, según trasladan fuentes conocedoras. Los técnicos regionales también han pedido que se actualicen las entregas a cuenta, una medida que se había incluido en un decreto que el Gobierno no logró aprobar en el Congreso.

Nuevo escenario

Algunas comunidades protestaron en febrero porque Hacienda no había recogido sus observaciones en el documento de resumen. Este martes el ministerio ha vuelto a presentar la misma propuesta que había lanzado en 2021, pero incluyendo las alegaciones que habían quedado fuera. El panorama, sin embargo, ha cambiado mucho desde entonces: el Gobierno ha pactado una financiación singular para Cataluña y ha empezado los trámites para condonar parte de la deuda autonómica, siempre en virtud de un acuerdo alcanzado con los independentistas catalanes y que motivó el plantón de los consejeros de Hacienda del PP a la ministra Montero en el último Consejo de Política Fiscal.

El cambio de guion ha amplificado la demanda de las comunidades de que se aborde de una vez la reforma integral del modelo de financiación. La mayoría de los representantes autonómicos argumentan que no se puede reformar solo una pata del modelo, por importante que sea, sin conocer la estructura integral del nuevo sistema y los fondos adicionales que se inyectarán. Un aumento de recursos que, en este caso, reclaman todos los territorios, independientemente del color político, y que calienta la próxima Conferencia de Presidentes. En ese encuentro, previsto para el 6 de junio, la reforma de la financiación no forma parte del orden del día, pero los territorios están reclamando que el tema se ponga sobre la mesa.