La brecha de financiación entre comunidades bate un nuevo récord después de tres años al alza

Mayores recursos, pero distribuidos de forma más desigual. La caja de la financiación autonómica ha engordado con fuerza en los últimos años, pero el reparto sigue escorado. La brecha de financiación por habitante entre el territorio peor tratado por el modelo, Murcia, y el mejor parado, Cantabria, ha alcanzado un máximo histórico de 957 euros después de ensancharse de forma continuada durante tres años. Los datos, relativos a 2023 —último ejercicio con cifras disponibles—, arrojan más conclusiones: en el año analizado, el sistema repartió recursos por debajo de la media a las cuatro autonomías históricamente infrafinanciadas (Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha) y también a Madrid, aunque en el caso de la región de la capital la distancia es más bien anecdótica.

Así lo refleja el último informe del centro de estudios Fedea La liquidación de 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, elaborado por su director ejecutivo Ángel de la Fuente a partir de los datos recién publicados por el Ministerio de Hacienda. El decalaje temporal se debe a que el modelo de financiación tiene un periodo de cierre de dos años.

Madrid recibió del sistema 3.363 euros per cápita en 2023, 22 euros por debajo de la media nacional (3.390 euros). La comunidad ya se había situado puntualmente, por ejemplo entre 2012 y 2016, en una posición ligeramente rezagada con respecto a la asignación promedio. Lo mismo ocurre con Cataluña. En 2023, se le dotó con importes algo superiores a la media (66 euros por encima), pero en ejercicios previos también se había colocado por debajo. En cualquier caso, los dos territorios económicamente más pujantes de la geografía española nunca han sufrido una infrafinanciación severa ni han recibido recursos en exceso en comparación con otras autonomías: siempre se han posicionado muy cerca de la media.

El relato es muy distinto para el resto de comunidades que en 2023 tuvieron asignaciones inferiores al promedio. Todas ellas llevan años ancladas en la parte baja del ranking, una situación especialmente gravosa para la Comunidad Valenciana y Murcia. Ambas se disputan, desde 2010 —fecha que coincide con la última reforma del sistema de financiación— el dudoso honor de encabezar el primer lugar de las autonomías peor tratadas por el modelo.

Los ciudadanos de Murcia recibieron del sistema 3.120 euros por cabeza en 2023, un 23% menos con respecto a los 4.077 euros per cápita de Cantabria, la comunidad que siempre sale mejor parada en la foto —solo la superó puntualmente La Rioja en tres ejercicios entre 2001 y 2023—. La brecha se ha ensanchado un 6,6% en comparación con el año previo, debido a que las asignaciones a Cantabria han crecido a un ritmo superior que las destinadas a Murcia.

A los residentes en la Comunidad Valenciana nos les tocó mucho más que a los murcianos: 3.141 euros por habitante, una cifra que supone 249 euros menos que la media y 936 euros por debajo de lo que reciben los cántabros. De ahí que ambos territorios reclamen desde hace tiempo solucionar la infrafinanciación. Sus gobernantes alegan que buena parte de su deuda tiene como principal responsable el desigual reparto del sistema: para prestar los servicios públicos en condiciones similares a los demás territorios tienen que pedir dinero prestado.

A esta reclamación se suman Andalucía y Castilla-La Mancha, los otros dos territorios que suelen situarse a la cola en el reparto, aunque su situación es menos sangrante. Los recursos per cápita de la primera fueron inferiores a la media en 182 euros; la brecha fue de 178 euros en el caso de Castilla-La Mancha. La queja de estas cuatro autonomías va más allá del color político del Gobierno regional de turno: barones del PP y del PSOE han hecho frente común para exigir más fondos.

En el extremo opuesto, después de Cantabria —que recibió 687 euros más que la media por habitante en 2023—, están La Rioja (3.848 euros por cabeza), Baleares (3.825) y Extremadura (3.808).

Todo este revoltijo de número y conclusiones, en muchos casos contraintuitivas, tienen que ver con el complejo funcionamiento del sistema de financiación, conformado por un alambicado entramado de fondos que se reparte según distintos criterios. El más importante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, una cesta común que se nutre de transferencias estatales y del 75% de los ingresos tributarios teóricos de cada autonomía ―lo que obtendrían si no aplicara rebajas o subidas fiscales―. Estas tienen cedido el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales.

El dinero se reparte de acuerdo a una fórmula de necesidades de gasto: cuánto precisa cada comunidad para prestar los servicios públicos —la Administración autonómica se encarga de la sanidad, la educación y los servicios sociales— para garantizar un nivel uniforme en todo el país. La variable estrella es la población ajustada; es decir, el número de habitantes ponderados por factores como el envejecimiento, el número de niños en edad escolar o la dispersión demográfica.

Hasta aquí, la mayoría de expertos coinciden en que el sistema funciona de forma eficiente. Los problemas surgen después, con la intervención de los otros fondos ―en particular los de cooperación y convergencia―, que causan distorsiones en el reparto y que muchos economistas tachan de arbitrarios y poco transparentes. Además, el modelo en vigor data de 2009 y desde entonces no ha habido actualización que recogiera los cambios económicos y demográficos, pese al compromiso de reformarlo a los cinco años, lo que ha agrandado las disparidades. De hecho, la brecha de financiación entre la autonomía mejor y peor tratada era de 571 euros en 2009, una de las cifras más bajas de toda la serie.

Ángel de la Fuente, autor del informe, explica que hay muchos factores que influyen en la ampliación de la brecha registrada en 2023, pero hace hincapié en las distorsiones que crea el Fondo de Cooperación y el cálculo del ITE, el indicador que se emplea para determinar los ingresos tributarios del Estado para cada año. “Pega saltos raros, porque se calcula con un criterio de caja. El Fondo de Suficiencia se actualiza con este indicador, por lo que se nota mucho tanto cuando crece como cuando cae. Lo que más importa son los ingresos tributarios”, explica. El economista añade que, pese a la tendencia de los tres últimos años, no se puede prever que la desigualdad en la financiación per cápita se siga ensanchando. “Hay criterios técnicos que generan volatilidad y que no deberían de existir”, zanja.

Madrid aporta tres veces más que Cataluña

El objetivo del sistema de financiación es que los recursos disponibles se nivelen para que todos los territorios puedan, independientemente de su capacidad económica, ofrecer servicios públicos a sus ciudadanos en condiciones similares. Bajo esta premisa, las comunidades más pobres reciben del sistema más de lo que dan, mientras que las autonomías donde se concentran las rentas más altas aportan más de lo que reciben.

Según esta lógica, las únicas comunidades aportadoras netas son Madrid, Cataluña y Baleares, todos territorios económicamente boyantes —País Vasco y Navarra no entran en este esquema, puesto que tienen un sistema de financiación distinto—. El archipiélago mediterráneo inyectó 358 millones netos al sistema en 2023. La comunidad de la capital contribuyó con 7.975 millones, una cifra parecida al ejercicio previo que triplica la aportación de Cataluña, de 2.266 millones. Esto se ha convertido en un elemento más de disputas en un momento ya tenso a cuenta de la financiación autonómica. El acuerdo entre el Gobierno y Cataluña para dotar a esta comunidad de un sistema singular de financiación ha puesto en pie de guerra al resto de barones regionales, que temen que se produzca un roto en el sistema y exigen acometer la reforma del modelo, pendiente desde hace 11 años, para corregir los desequilibrios existentes.