La jueza sienta en el banquillo al general de la Guardia Civil acusado de corrupción en el ‘caso Cuarteles’

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, ha acordado la apertura de juicio oral contra el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava por la presunta comisión de un delito de cohecho al considerar que supuestamente recibió regalos y dinero en metálico de un empresario al que adjudicó de manera supuestamente irregular 120 contratos para reformar instalaciones de diversas comandancias. Junto a él se sentará en el banquillo este último, Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon ―cuyo nombre también se vio salpicado en otro caso de corrupción, el llamado caso Tito Berni― acusado del mismo delito. Para cada uno de ellos la Fiscalía pide un año de cárcel. Ambos serán juzgados por un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid en una fecha aún por determinar.

Cuando se produjeron las presuntas corruptelas, el general Vázquez Jaraba era el subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor poder dentro del instituto armado al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución. Desde ese puesto ―que ocupó entre octubre de 2015 y enero de 2018, cuando pasó a retiro― y haciendo uso de sus competencias, el alto mando procedió a la descentralización del crédito para que las comandancias tuvieran autonomía para adjudicar contratos menores de obra en sus instalaciones. Posteriormente, el general contactó con los responsables de estas para indicarles que conocía a un contratista, Tejera de León, que estaba introduciendo en el mercado un producto novedoso, corcho proyectado, que supuestamente solucionaba el recurrente problema de humedades que sufrían en sus fachadas muchos cuarteles. Los responsables de las comandancias de A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y la Zona de Murcia siguieron sus indicaciones y encargaron los trabajos al empresario.

Gracias a esta recomendación, tres mercantiles del empresario encausado ―Canarycork S. L., Angrasoscur S. L. y Solocorcho S. L.― facturaron a distintas comandancias trabajos por un importe superior a los 2,1 millones de euros, según detalla la jueza en su auto. En su escrito de acusación, presentado el pasado diciembre, la Fiscalía destacaba que muchas de estas obras fueron ejecutadas de manera “inadecuada” dado que el empresario “carecía de la técnica para la colocación del corcho proyectado, causando un gran perjuicio a la Guardia Civil″. Según considera probado el ministerio público, el empresario añadía una resina al producto que, en lugar de mejor la impermeabilización, la empeoraba.

Como contraprestación por estas adjudicaciones, Tejera de León entregó supuestamente diversas dádivas al general, según detalla el auto judicial. Así, abonó los viajes para asistir a las finales de la Champions League de fútbol disputadas en 2016 y de 2017 en Milán (Italia) y Cardiff (Reino Unido), así como dos estancias con su mujer en un hotel de Cádiz, y otra con la familia en Lanzarote con vuelos incluidos, además de 45.700 euros en efectivo con los que supuestamente pagó parte de una vivienda en Cádiz y parte del coste de un cobertor para la piscina que el alto mando tenía en su domicilio de Alpedrete (Madrid). Durante la instrucción, el general siempre ha negado que estos pagos fueran “regalos” y ha asegurado que él abonó luego otros gastos del empresario “para compensar” o que, en el caso del desplazamiento para ver los partidos de fútbol, más tarde “hicieron cuentas”.

La jueza destaca que “son muchos los informes aportados a la causa, elaborados por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil [responsable de perseguir los delitos cometidos por agentes del instituto armado]”, incluidas “diversas medidas de averiguación patrimonial llevadas a cabo de manera exhaustiva” sobre los dos encausados, que aconsejan abrir juicio oral por sendos delitos de cohecho. Inicialmente el general fue investigado también por los de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.