Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”

“Es la hora de la verdad”, dice Nicolás Guillou (50 años), juez francés del Tribunal Penal Internacional (TPI) y sancionado por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con otros siete magistrados y tres fiscales del organismo —procedentes de distintos continentes— por llevar a cabo investigaciones relacionadas con Israel y con Afganistán. El jueves de esta semana, Washington anunció las medidas contra los últimos dos jueces,y el tribunal lo calificó de “ataque flagrante” a su independencia. “Es un momento difícil, pero no hay que ceder ante las presiones”, añade. Guillou recibió a este diario en su despacho el pasado 10 de diciembre; apenas un día después se supo que Estados Unidos tiene en el punto de mira a toda la institución.

Las sanciones a estos 11 juristas se han ido produciendo en sucesivas tandas desde febrero de este año. Ahora Trump se plantea dar un paso más: penalizar al TPI en su conjunto. Ha sugerido que lo hará si no se modifica el Estatuto de Roma, su texto fundacional, que le habilita para enjuiciar a los jefes de Estado por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, además de investigar el delito de agresión de un Estado por la fuerza militar. Esa modificación requeriría el acuerdo de dos tercios de los 125 países adheridos al Estatuto.

El Tribunal Penal Internacional está financiado por esos 125 países miembros del Estatuto de Roma y con contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, empresas u otras entidades, según explica la propia institución en su página web. Estados Unidos no forma parte de él —como tampoco China, Israel o Rusia— pero, si Washington levanta un dedo, los efectos son inmediatos. También en la vida privada de los jueces.

El juez Guillou recibe a EL PAÍS en su despacho de La Haya, un espacio con amplios ventanales y en el que cuelgan dos cuadros pintados por su abuelo. Advierte de que “hay presiones, amenazas o intimidación contra la justicia internacional”, para recordar, enseguida, que “la justicia se ha impartido durante siglos con lápiz y papel”. Y recalca: “Se necesitará algo más que sanciones institucionales para detenerla. No olvide que los crímenes internacionales no prescriben”.

El jurista trabajó en los tribunales especiales para Kosovo y para Líbano, y fue también el magistrado de enlace entre Francia y Estados Unidos. En estos momentos preside la sala que dictó en noviembre de 2024 las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

Los 11 miembros del TPI ya sancionados no solo tienen prohibido viajar a Estados Unidos: les han sido impuestas a su vez restricciones económicas que dificultan su vida privada, al aislarlos del sistema financiero del país norteamericano, vinculado a la mayoría de los bancos a escala internacional. A pesar de su ímpetu profesional, Guillou reconoce que todo ello dificulta su vida privada.

“Mentiría si dijera que no es un momento difícil”, afirma. Y pone un ejemplo del efecto de las sanciones en su vida: “La mayor parte de los servicios digitales, como Amazon, PayPal o Airbnb, dejan de estar disponibles”. Hace unos días hizo una reserva en un hotel de Francia, su país de origen, a través de la agencia de viajes digital Expedia. A las 12 horas recibió un correo electrónico donde le anunciaban que la habían cancelado porque figuraba en la lista de sancionados. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito, ya que, según indica, “en Europa la mayoría de los bancos solo comercializan Visa o Mastercard”.

Aunque puede pagar en efectivo, con los límites que ello implica, lo más sorprendente para él, como ciudadano europeo, ha sido comprobar la facilidad que tuvo Estados Unidos para sancionarle: “El Gobierno estadounidense puede pulsar un botón y desconectarnos de cualquier posibilidad de realizar pagos en la zona euro”, señala. Por ese motivo, aboga por construir una soberanía europea en cuestiones como el sistema bancario y el euro digital.

“Necesitamos que nuestros datos se almacenen en empresas que compartan nuestros valores y el mismo marco jurídico”, declara. Y añade que está convencido de que hay cambios posibles: “Algo podemos hacer en cuestiones que probablemente hemos ignorado durante demasiado tiempo”.

La posibilidad de sancionar al TPI como tal fue apuntada el 11 de diciembre por la agencia Reuters y confirmada después por David van Weel, ministro neerlandés de Asuntos Exteriores. “Si llega el caso, veremos cómo podemos hacer frente a esas sanciones”, dijo. Como país anfitrión del tribunal en su sede de La Haya, el Gobierno de Países Bajos tiene la responsabilidad de garantizar su labor.

La Casa Blanca ha penalizado asimismo al fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, apartado por ahora de su labor mientras se investiga un presunto acoso sexual de su parte.

Otra de los jueces sancionados es la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, que autorizó, en una decisión colegiada de la Sala de Apelaciones del TPI, las investigaciones por crímenes perpetrados en Afganistán. En unas declaraciones a BBC Mundo, Ibáñez subrayó: “No importa quién los haya cometido: sean talibanes, fuerzas estatales o fuerzas extranjeras”. Washington le reprocha que permitiera investigar a “personal estadounidense”.

Ibáñez Carranza asevera: “A mí me pueden hacer lo que quieran pero, frente a unos hechos y una evidencia, lo único que yo puedo aplicar es el derecho y mi conciencia”. Las sanciones, sostiene, son “un ataque a las víctimas”. “Porque los jueces somos la última valla para el Estado de derecho a nivel nacional, y ahora también a nivel internacional”, remarca.

Guillou resume así las restricciones impuestas por Estados Unidos: “Están pensadas para que tu vida se vuelva tan estresante que dejes tus funciones”. Sin embargo, él se ha prometido no ceder.No es solo por su juramento profesional. Sobre todo, porque le parece que el TPI es un proyecto ambicioso que, dice, hoy no se podría crear. “Vivimos una época increíble en la que se formaron los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, y se negoció el Estatuto de Roma”, recuerda de los años 90. Y una cosa: “De ninguna manera iba a permitir que tuviesen un impacto profesional”. Por eso asevera que “es la hora de la verdad” para el TPI.

En la secretaría de tribunal el trabajo sigue adelante, y sus responsables buscan “soluciones sostenibles” para paliar los efectos de lo que está pasando. Sobre todo, tratan de evitar que la interferencia de Washington comprometa la capacidad del tribunal para investigar crímenes, porque el castigo alcanza a quienes presten asistencia material, patrocinio o cualquier tipo de apoyo económico, material o tecnológico al TPI.

“El sistema financiero cumple con las sanciones [impuestas a los jueces] de manera automática. Y hay bancos e instituciones que se han anticipado cortando la relación con nosotros”, señala por videoconferencia Osvaldo Zavala Giler, secretario del tribunal. Por otro lado, los correctivos impuestos por Estados Unidos están diseñados de tal modo que, “si un banco de cualquier parte del mundo los incumple, corre el riesgo de perder sus negocios allí”. De ser sancionado el tribunal mismo, tendrá que buscar alternativas a las empresas estadounidenses, porque estas tendrán prohibida la colaboración.

Estados Unidos no es miembro del TPI, pero se opone a que este pueda ejercer su jurisdicción sobre cualquier delito contemplado por el Estatuto de Roma cometido en el territorio o por nacionales de un Estado parte. Como ello le permite juzgar a personas de Estados que no han aceptado su jurisdicción, Washington lo considera una violación de su soberanía.

El problema es que esta falta de compromiso con la justicia internacional puede influir en la eficacia del TPI, que lleva ahora casos prácticamente de todos los continentes (después de una primera época en la que fue criticado por centrarse en África). Se han emitido, por otro lado, órdenes de arresto históricas. Además del caso de Netanyahu, hay una contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la “deportación ilegal de niños” ucranios. También contra el líder de los talibanes, Haibatulá Ajundzadá, y el presidente del Tribunal Supremo de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani.

El TPI es la única instancia permanente para juzgar a los máximos responsables de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, así como el delito de agresión de un Estado por la fuerza militar. China, Rusia e Israel tampoco son miembros y no reconocen su jurisdicción.