El Congreso de Estados Unidos entra en pánico ante el riesgo de que se prolongue el cierre parcial del Gobierno

Empieza a cundir el nerviosismo en el Congreso de Estados Unidos ante la imposibilidad de desbloquear el cierre parcial del Gobierno federal que pesa desde la medianoche del pasado sábado. La Casa Blanca está presionando para desbloquear un acuerdo que permita acabar con el cierre parcial del Gobierno que amenaza con bloquear decenas de agencias federales y dejar a miles de funcionarios sin ingresar su nómina durante ese periodo.

“Estoy trabajando duro con el presidente Johnson para conseguir el actual acuerdo de financiación, que se aprobó en el Senado la semana pasada, a través de la Cámara y a mi escritorio, donde lo firmaré en la ley, ¡INMEDIATAMENTE!”, ha escrito el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth. “Necesitamos abrir el Gobierno, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi escritorio SIN DEMORA. NO puede haber CAMBIOS en este momento”, ha añadido para expresar su preocupación por la situación.

La resistencia de los demócratas en la Cámara de Representantes y los recelos de varios republicanos que exigen compensaciones por las concesiones que sus compañeros de partido han comprometido en el Senado, amenazan con hacer descarrilar un acuerdo que el viernes parecía cerrado.

Pese a que los demócratas en el Senado validaron el acuerdo, el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, confesó la semana pasada al presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, que su partido no aprobará el paquete presupuestario sin una reforma integral de la ley migratoria. El cambio de postura del partido azul responde a las oscilaciones del presidente Trump. La semana pasada se comprometió a replegar a los agentes federales de inmigración de Minnesota y revisar su papel, pero el viernes defendió su papel y confirmó su mandato para que continúen con redadas indiscriminadas.

La resistencia de los demócratas obliga a los republicanos a votar sin fisuras, ya que tienen una estrecha mayoría, 218 frente a 213, el margen más estrecho en el siglo XXI. Pero es habitual que varios legisladores defiendan sus posturas y voten contra la mayoría. Desde el viernes arrecian las voces que reclaman compensaciones a los demócratas a cambio de las cesiones que los republicanos han realizado en el Senado. Hay congresistas que reclaman más recortes de gastos y otros que exigen un cambio en la ley electoral para obligar a identificar a los votantes, un elemento sumamente polémico en Estados Unidos.

“Trabajaremos juntos de buena fe para abordar los problemas que se han planteado, pero no podemos tener otro cierre largo, inútil y destructivo que dañe tanto a nuestro país, uno que no beneficiará a los republicanos o demócratas. Espero que todos voten, ¡SÍ!“, ha escrito Trump en su perfil de Truth.

Pese a todo, Mike Johnson, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, se ha mostrado optimista. “Digamos que estoy seguro de que lo lograremos al menos el martes”, dijo en el canal NBC.

El recuerdo del cerrojazo del pasado otoño, cuando la Administración tuvo que echar la persiana durante 43 días, el más largo de la historia, aún está fresco en la retina de los legisladores. Entonces cientos de agencias gubernamentales pararon o redujeron sus actividades al mínimo por la incapacidad de demócratas y republicanos en prorrogar el presupuesto. La Administración Trump aprovechó para despedir a miles de funcionarios federales.

Ahora la situación es diferente, pero también es preocupante. Lo que tenía que ser un cierre técnico y parcial para esperar a que se convocara el pleno de la Cámara de Representantes este lunes está a un paso de convertirse en otra crisis política. La Oficina Estadística Laboral ha anunciado este viernes que aplaza la publicación de las cifras de creación de empleo y paro previstas para este viernes. Muchas otras agencias federales pueden correr un camino similar.

El problema surge por la reticencia de congresistas demócratas y republicanos para aprobar seis leyes de asignación de gastos, dotadas con 1,2 billones de dólares, el 75% del gasto discrecional del Gobierno. Los proyectos ya fueron aprobados hace dos semanas en el Congreso, pero como han sufrido cambios durante su tramitación en el Senado tienen que volver a pasar por la Cámara de Representantes.

El cierre, en cualquier caso, es parcial porque las otras seis leyes de asignación de gastos, de los 12 proyectos que conforman la financiación anual de la Administración de Estados Unidos, ya fueron aprobados hace unas semanas. Los parques nacionales, los museos, así como numerosos programas sociales ya pasaron el filtro del Capitolio.

Cuando los senadores se disponían a dar luz verde a los seis proyectos presupuestarios, que incluyen financiación para Transportes, Defensa, Salud y Servicios Sociales, Trabajo, Educación, entre otras, se produjo un terrible suceso en Minneapolis: agentes federales de inmigración mataron a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, mientras grababa con un móvil las protestas de otros ciudadanos contra la política migratoria de Trump. El de Pretti es el segundo asesinato de la policía migratoria en menos de tres semanas. A principios de septiembre, los agentes mataron a Renee Good, una mujer de 37 años.

La situación ha llevado a los demócratas a decir basta. La semana pasada se opusieron a aprobar las leyes presupuestarias mientras no se cambiaran algunas normas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Un de las seis leyes de asignación de gastos incluye una partida de 64.000 millones de dólares para el ministerio que dirige Kristi Noem, bajo cuya supervisión recaen las competencias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y de la Patrulla Fronteriza (CBP), cuyos agentes desplegados en Minnesota están protagonizando algunas acciones más controvertidas contra los inmigrantes indocumentados.

Para evitar el cierre y tratar de cerrar la crisis política abierta a raíz del asesinato de Pretti, los republicanos intensificaron las negociaciones con los demócratas. A última hora del jueves ambas formaciones alcanzaron un acuerdo por el que se aprobaban cinco de las seis leyes de asignación, que permitirán financiar el Gobierno hasta el 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal. Además, se prorrogaba la financiación de Seguridad Nacional durante dos semanas, periodo de plazo en el que los dos partidos deberán alcanzar un acuerdo para la reforma de las leyes migratorias.

Los demócratas exigen que se endurezcan las normas de comportamiento de los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, para que tengan que llevar cámaras corporales, se les obligue a su identificación, se les prohíba que se enmascaren y se les exijan órdenes judiciales para acceder a las propiedades privadas.