España tarda casi un año en publicar las causas de muerte, un plazo que lastra la vigilancia sanitaria

El sistema que España usa para saber de qué muere su población es lento, en opinión de algunos expertos en salud pública. Entre el fallecimiento de una persona y la publicación de las estadísticas provisionales pasa más de medio año, casi doce meses para conocer las definitivas. Es un retraso que puede limitar la vigilancia de la salud pública, especialmente ante crisis sanitarias y epidemias.

La advertencia parte de un grupo de epidemiólogos, salubristas y médicos forenses, que han firmado este mes una carta en Gaceta Sanitaria (la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria) en la que piden una modernización del sistema. Su conclusión es clara: “Para un adecuado control epidémico se necesita, y con urgencia, un CMD [certificado médico de defunción] electrónico (¿estatal?) que sea funcional, generalizable e inclusivo para toda la Administración, central y autonómica, del Estado español.”, señala la misiva.

Ponen el ejemplo de la covid. Mientras la vigilancia epidemiológica contaba casos sospechosos, probables y confirmados casi en tiempo real, las causas oficiales de muerte tardaban meses en consolidarse porque dependían del certificado médico de defunción y de su posterior tratamiento estadístico, se quejan los autores. Subrayan que en otros países europeos, con certificados electrónicos plenamente integrados en la administración pública, se publicaban recuentos de causas de muerte a los pocos días del fallecimiento.

“En España la dependencia mayoritaria del papel y de circuitos administrativos lentos hizo imposible saber con rapidez cuántas personas estaban muriendo realmente por covid y evaluar en tiempo real si las medidas de control estaban funcionando”, asegura Lluís Cirera, especialista en salud pública y principal firmante de la carta.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora cada año la estadística de defunciones según la causa de muerte, considerada una de las más completas de Europa. Se basa en el certificado médico de defunción, integrado desde 2009 con el antiguo boletín estadístico y adaptado al modelo de la Organización Mundial de la Salud.

Según el propio INE, la calidad del sistema se debe “a su exhaustividad, su metodología y a la participación de los distintos registros de mortalidad de las comunidades autónomas”, fruto de “muchos años por mejorar el circuito y la forma de recoger y procesar la información”.

Pero ese esfuerzo tiene un coste en tiempo. El INE publica los datos provisionales de un año en junio del año siguiente y los definitivos en diciembre. Es un plazo que cumple holgadamente con la normativa europea —que da hasta dos años—, pero que resulta insuficiente para la vigilancia en tiempo real.

“La mortalidad en vigilancia sirve para evaluar el estado de situación, no para hacer control. Pero si tenemos epidemias con gran mortalidad, sí es necesario disponer de recuentos rápidos para ver si las medidas están siendo eficaces”, asegura Cirera.

Proyecto piloto

Para acortar plazos, el INE ha desarrollado el Certificado Médico de Defunción electrónico (CMDe) y trabaja junto con la Organización Médica Colegial (OCM) y el Ministerio de Justicia en su implementación progresiva en todo el territorio nacional.

Pero, hoy por hoy, este trámite se sigue haciendo mayoritariamente en papel, lo que ralentiza el proceso. Por el momento, solo existen proyectos piloto de digitalización que cubren algunos hospitales de Madrid y Cataluña.

El Ministerio de Justicia explica a EL PAÍS que su objetivo es que todo el proceso de comunicación de una defunción sea 100% electrónico (desde el certificado médico hasta la inscripción en el Registro Civil), con el objetivo de “simplificar y agilizar esta gestión para médicos y ciudadanos”, así como “actualizar en tiempo real los datos estadísticos sobre el número de defunciones y sus causas”.

Cirera, sin embargo, critica que el certificado presenta dificultades de integración con el Registro Civil y el INE, “tanto en formato papel como electrónico”. Esto se debe, principalmente, a problemas con la interconexión bancaria para adquirir el documento, un impreso que hay que abonar a la OCM a través de estancos, colegios médicos o las funerarias.

Más allá de la rapidez, el especialista también alerta de desigualdades en la calidad de la certificación de las muertes. “En un contexto sanitario infradotado, especialmente en parte del sur de España, la administración no ha puesto interés en la formación en estos temas”, explica.

Esto se traduce en causas de muerte peor especificadas. “Se pone ‘parada respiratoria’ y punto, o ‘insuficiencia cardíaca’ como sucedáneo de parada cardiorrespiratoria, o ‘demencia’ cuando había otra causa tratable de base”, explica el epidemiólogo. El resultado es que “se conoce mucho peor cuál es la distribución de las causas de muerte en una comunidad autónoma y la autoridad sanitaria puede intervenir de forma deficiente”.

En otras palabras: para hacer políticas de salud pública afinadas, hay que conocer con precisión (y cuanto antes) de qué muere la población, algo que no sucede, en opinión de este epidemiólogo.

Certificado de defunción

Sonsoles Castro, forense y representante de la OCM, explica que el médico que reconoce a una persona fallecida debe cumplimentar el certificado de defunción (todavía mayoritariamente en papel), consignando no solo una causa final, sino una secuencia clínica completa. “La causa fundamental de la muerte es el proceso que inicia la cadena de acontecimientos que lleva al fallecimiento, y es esa la que orienta las políticas sanitarias”, subraya.

Castro pone ejemplos habituales. En el caso de la covid, la causa principal sería la infección por SARS-CoV-2, aunque después aparezcan neumonías o insuficiencias respiratorias como causas intermedias o inmediatas. En otros casos, un cáncer de próstata puede acabar provocando metástasis hepáticas e insuficiencia hepática aguda, pero “lo que se codifica es el cáncer de próstata, porque es el origen de todo el proceso”. Cuanta más información clínica se consigne, mejor será la estadística resultante, insiste. “Por eso insistimos tanto en que se haga bien la certificación”, dice la forense.

Ese cuidado no siempre se produce. “Una de las cosas que está mal hecha es el uso de abreviaturas”, advierte. El sistema está pensado para ser tratado por máquinas y codificadores, y términos como EPOC o diagnósticos vagos generan errores o retrasos.

A ello se suma que no todas las muertes siguen el mismo circuito. Las violentas o sospechosas se judicializan y no llevan certificado médico, sino informes de autopsia. En esos casos, los institutos de medicina legal comunican directamente las causas al INE a través de un aplicativo específico, con información más completa —toxicología, biología, pruebas de laboratorio—, pero también con tiempos más lentos. “Para tener datos fidedignos, cuanto más rápido mejor, pero luego hay que hacer un tratamiento estadístico. Eso requiere tiempo”, resume Castro.