El Tribunal de Apelación del Vaticano ordena repetir parte del juicio al cardenal Angelo Becciu, condenado por malversación

El Tribunal de Apelación del Vaticano ha declarado la nulidad parcial del llamado “juicio del siglo” de la Santa Sede contra el cardenal Angelo Becciu al detectar fallos de procedimiento que pudieron vulnerar el derecho de defensa. El purpurado, de 77 años, fue condenado en 2023 en primera instancia a 5 años y medio de cárcel por malversación con prohibición de ocupar cargos públicos.

La decisión del tribunal de segunda instancia, que acepta el recurso presentado por la defensa, obliga a repetir parte del proceso judicial que investigó las presuntas irregularidades financieras en la Santa Sede y reabre uno de los casos más delicados del pontificado del papa Francisco.

El cardenal Angelo Becciu, uno de los antiguos responsables de la Secretaría de Estado vaticana, el órgano de gobierno más importante de la Iglesia católica, ha sido el primer cardenal juzgado y condenado por una corte vaticana por un grave escándalo financiero.

El tribunal de apelación ha estimado el recurso presentado por los abogados de Becciu y de otros condenados, que alegaban algunos vicios de forma en el proceso judicial, y ha ordenado que se celebre un nuevo juicio. La nulidad parcial –no total– del juicio de primera instancia implica que se tengan que repetir solo determinadas partes del proceso, como la declaración de algunos testigos o la reevaluación de determinadas pruebas. El nuevo juicio comenzará el próximo 22 de junio.

El proceso de primer grado, que duró dos años y medio, examinó en decenas de audiencias la adquisición de un edificio en el centro de Londres impulsada por la Secretaría de Estado del Vaticano cuando Angelo Becciu ejercía como sustituto para los Asuntos Generales (2011-2018), un cargo equivalente al de jefe de gabinete del principal órgano de poder de la Santa Sede. La operación, de carácter especulativo, terminó generando un desfase en las cuentas vaticanas de al menos 139 millones de euros.

Uno de los puntos clave que ha motivado la nulidad parcial del juicio contra el cardenal Angelo Becciu es que el fiscal del Vaticano —denominado promotor de justicia— no puso a disposición de la defensa todas las pruebas del caso que presentó en el proceso. Según el tribunal de apelación, algunos documentos y materiales relevantes no fueron compartidos o se entregaron de manera incompleta, lo que impidió a los abogados del purpurado preparar una defensa adecuada.

La corte de segunda instancia ha ordenado al promotor de Justicia que deposite antes del 30 de abril “todos los documentos de la investigación preliminar en su totalidad” para que se respete el principio de igualdad de armas procesales. En derecho, se exige que ambas partes en un juicio tengan acceso a la misma información para garantizar que el proceso sea justo y equilibrado. Por lo que en la repetición parcial del juicio, la fiscalía deberá presentar todas las pruebas con las que contaba desde el inicio, para garantizar que las defensas puedan ejercer plenamente sus derechos y que el proceso cumpla con los estándares de justicia.

Las pruebas requeridas son documentos, conversaciones de WhatsApp y otra documentación que no habían sido integradas en el expediente y que fueron solicitadas, sin éxito, por las defensas durante los más de dos años que duró el juicio.

Becciu fue condenado en primera instancia por malversación por varias operaciones financieras: la compra del edificio en Londres realizada por la Secretaría de Estado, la transferencia de fondos y la adjudicación de contratos a empresas u organizaciones benéficas vinculadas a sus hermanos en Cerdeña. Además, el juez de primera instancia consideró que también estaba probado el delito de estafa agravada por la transferencia de más de medio millón de euros a Cecilia Marogna, conocida del cardenal y supuesta experta en inteligencia y diplomacia, contratada para un proyecto secreto que supuestamente buscaba liberar a una monja secuestrada en Mali y que terminó empleando el dinero para fines personales como la compra de bolsos de lujo.

Becciu, que siempre se ha declarado inocente de todos los cargos, ha celebrado la decisión del tribunal de segunda instancia. “Manifestamos nuestra satisfacción por la resolución del Tribunal de Apelación, que ha estimado nuestras excepciones. Esto demuestra que, desde el primer momento, teníamos razón al señalar la violación del derecho a la defensa y al exigir el respeto de la ley para celebrar un juicio justo”, han declarado sus abogados.

En su época, durante el juicio de primera instancia, los abogados de Becciu denunciaron que los fiscales no entregaron todas las pruebas a la defensa, violando su derecho a un juicio justo. Los fiscales censuraron algunos documentos, retuvieron los registros de teléfono de un testigo clave de la acusación y censuraron algunos mensajes de texto que se enviaron entre los implicados, argumentando que esas omisiones eran necesarias para proteger la confidencialidad de otras investigaciones en curso.

Los abogados sostuvieron además que cuatro decretos secretos firmados por el papa Francisco, que otorgaban a los fiscales amplios poderes para investigar, vulneraban el derecho de los acusados a un juicio justo. Los acusados sólo tuvieron conocimiento de estos decretos poco antes de iniciarse el juicio, ya que nunca habían sido publicados.

El tribunal de apelación no cuestiona los decretos en sí, ya que están dentro de la autoridad del Papa. Sin embargo, los jueces de segunda instancia reconocen que el hecho de que no se publicaran ni se comunicaran a los acusados antes de iniciar el juicio afectó a la equidad del proceso.

En el primer proceso también fueron condenados a diferentes penas Fabrizio Tirabassi, empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado vaticana; los exasesores financieros de la Santa Sede Enrico Crasso y Raffaele Mincione, y el abogado Nicola Squillace.

Todos los condenados sostuvieron su inocencia y apelaron después de conocer la decisión del juez que condujo un proceso que puso al descubierto los asuntos más controvertidos de las finanzas de la Santa Sede.