Renuncia el jefe de estadísticas de Argentina por las trabas de Milei a un nuevo formato para medir la inflación

El índice de inflación es el más sensible de todos los que publica de forma mensual el Instituto nacional de estadísticas y censo de Argentina (Indec). La semana que viene se iba a difundir el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con una canasta actualizada, que reflejaba con mayor fidelidad los consumos actuales de los argentinos. La primera señal de que el plan descarrilaba fue la renuncia por sorpresa del director del Indec, Marco Lavagna. El conocido economista, quien llevaba en el cargo desde 2019, se fue sin dar explicaciones, pero todas las miradas apuntaron hacia la publicación del nuevo IPC, prevista para el 10 de febrero. Horas más tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió el aplazamiento sine die del índice en el que trabajaron Lavagna y su equipo durante meses.

Caputo reveló que el director del Indec dio un paso al costado por diferencias con el presidente, Javier Milei, y anticipó que no habrá cambios en la medición del IPC hasta que “el proceso de deflación esté consolidado”. En declaraciones radiales, el ministro de Economía intentó restar importancia a la decisión oficial: “No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo”.

La marcha atrás del Gobierno, sin embargo, hace sospechar que la realidad es otra. Todo apunta a que la nueva medición registraba un dato más alto que la actual e iba a dejar en evidencia las dificultades del Gobierno de Javier Milei para cerrar 2026 con una inflación del 10,1%, tal y como contempla la ley de Presupuesto para este año aprobada para el Congreso. El mercado, menos optimista, prevé que los precios crecerán por encima del 20%.

El IPC que ha paralizado el Gobierno argentino incorporaba la canasta de consumo derivada de la Encuesta nacional de gastos de los hogares de 2017-2018 en vez de la que se usa hoy, que se remonta a la canasta de 2004. El objetivo era representar de una manera más fiel los hábitos de consumo y aumentar, por ejemplo, la incidencia de los servicios en el IPC respecto a los bienes.

El problema es que, en los últimos dos años, el precio de la luz, el gas, el agua y el transporte —que estuvieron hipersubvencionados durante el kirchnerismo— tuvieron incrementos muy por encima del de bienes como los alimentos, la ropa y el calzado. De haberse actualizado antes el IPC, la cifra sería más alta y ese es el motivo por el que muchos argentinos sienten hoy que la inflación real es mayor a la que reflejan las estadísticas.

Al igual que sus predecesores, Milei convirtió la inflación en la principal batalla de su Gobierno. Pero, a diferencia de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, el mandatario ultra logró frenar el ritmo de escalada de los precios con cirugía mayor. Aplicó un salvaje recorte del gasto público en jubilaciones, salarios, infraestructura, cultura, educación y sanidad que hizo que el IPC anual de Argentina se desplomase del 211% en 2023 al 31,5% en 2025. Sin embargo, desde hace medio año, los esfuerzos del Gobierno para que la inflación mensual descienda del 2% son en vano y cada vez parece menos probable que se acerque a cero a mitad de este año, tal y como pronosticó Milei.

Las diferencias entre Lavagna y el Gobierno comenzaron a hacerse visibles hace unos meses. El principal encontronazo tuvo que ver con la medición de la balanza turística, muy deficitaria, y de los gastos de los argentinos en el exterior. El secretario de Turismo, Daniel Scioli, fue uno de los más críticos contra el organismo que comandaba Lavagna.

La decisión de mantener un IPC desactualizado trae a la memoria la burda manipulación que realizó el kirchnerismo de las estadísticas oficiales. Entre 2007 y 2015, la ausencia de datos creíbles de inflación y de pobreza provocó un apagón estadístico que intentó ser reemplazado por cifras extraoficiales y fue condenado a posteriori por la Justicia.

El Indec queda ahora en manos de quien era el segundo de Lavagna, Pedro Lines. El nuevo director deberá lidiar con el descrédito generado alrededor del IPC y también con el descontento interno por los bajos salarios. Antes de Lavagna ya habían renunciado dos altos cuadros del organismo: Guillermo Manzano, responsable de la medición de pobreza; y Georgina Giglio, vinculada a las estadísticas de inflación.