Consumo multa a Airbnb con 64 millones por permitir anuncios de viviendas turísticas sin licencia

El Ministerio de Consumo mueve ficha para acabar con el salvaje oeste de los anuncios de viviendas turísticas. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha informado este lunes de que ha impuesto una sanción de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por permitir que haya pisos en su portal publicitándose pese a no contar con una licencia, como marca la normativa. La multa, que equivale a seis veces el beneficio ilícito que habría obtenido la compañía con sede en San Francisco con esos anuncios. Y sigue a la apertura de un expediente sancionador por este motivo, tras el cual se ha confirmado que no ha impedido a los propietarios que no disponen de licencia publicitar sus casas. Tampoco ha evitado que otros coloquen números de registro falsos o incorrectos.

“Vamos a defender los derechos de los consumidores, sin importar lo grande o poderosa que sean las empresas implicadas en actividades abusivas o fraudulentas”, ha advertido Bustinduy en rueda de prensa. Se trata de la segunda multa de mayor cuantía impuesta por Consumo a una única compañía, tras los 108 millones que recayeron sobre Ryanair en noviembre de 2024 por prácticas abusivas como las de cobrar suplementos por el equipaje de mano, actualmente a la espera de una decisión por parte del Tribunal de Justicia de la UE.

Las infracciones se han detectado en un total de 65.122 anuncios en Airbnb, en los que se estarían produciendo prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios. El proceso se inició en octubre de 2024, cuando la dirección general de Consumo notificó a la compañía la publicidad ilícita. Ante la inacción de la plataforma, en diciembre se abrió un expediente sancionador, y la multinacional recurrió, sin éxito, primero ante Consumo y luego ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio la razón al Ministerio hasta en dos ocasiones. Finalmente, a finales de julio, Airbnb se vio obligada a retirar esos más de 65.000 anuncios.

“La resolución es firme y agota la vía administrativa. Airbnb tiene el derecho de recurrir ante la justicia, pero la sanción es firme”, zanjó Bustinduy, que adelantó que hay en curso otros expedientes sancionadores a grandes inmobiliarias, que no quiso concretar —uno es a Alquiler Seguro—. “En este país se va a cumplir la ley”, insistió. “Especialmente en el ámbito de la vivienda, para poner coto a las prácticas de especulación que están asfixiando la vida de millones de familias trabajadoras”, añadió.

El Ministerio también ha identificado otras infracciones leves de Airbnb que han sido penalizadas con 10.000 euros. Una por omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado, es decir, no indicar si los arrendadores son profesionales o particulares, algo que estiman clave para saber si el consumidor está o no protegido. Y otra por la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos de Consumo.

Por último, Airbnb habría incumplido los deberes y prohibiciones impuestos por el órgano instructor durante la tramitación del expediente, dictada para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores, una infracción grave sancionada con 55.000 euros.

Diversas sanciones

En la recta final de este año, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto diversas sanciones. En noviembre multó con 179 millones de euros a cinco aerolíneas —Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea— por prácticas abusivas como el cobro por el equipaje de mano que se sube a la cabina de viajeros; los cargos por la reserva de asientos contiguos cuando se viaja acompañado de menores o personas dependientes; falta de transparencia precontractual sobre el precio final del servicio, y prohibir el pago en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos.

El mes pasado también anunció una nueva tanda de sanciones, por un valor total de 33 millones de euros, a 26 operadores de juego online, entre ellos Codere, acusados de infracciones graves de la normativa vigente. Y la semana pasada fue el turno de la firma inmobiliaria Alquiler Seguro, castigada con 3,6 millones por vulnerar los derechos de los consumidores y sacar provecho de su posición dominante de mercado.