Consumo logra la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb y denuncia otros 55.000 sin número de registro

La lucha del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los anuncios ilegales de alquiler de pisos turísticos va dando sus frutos. Consumo ha logrado que el gigante del alquiler de alojamientos vacacionales Airbnb retire de su web los cerca de 65.000 anuncios sin licencia que fueron requeridos por el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Así lo anunció este miércoles el ministerio en un comunicado, en el que recordó que la retirada de estos anuncios ilegales llega después de que la multinacional recurriera la decisión ante los tribunales en varias ocasiones y que la justicia “respaldara” las actuaciones de Consumo. Tras estas actuaciones, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 55.000 anuncios (54.728) que no disponen del número de registro oficial, obligatorio por la legislación vigente desde el pasado 1 de julio.

El departamento que dirige Bustinduy dará traslado de la información recabada conforme a lo previsto en el ordenamiento legal vigente, con el fin de que los anuncios sean “eliminados o subsanados” por la plataforma. A mediados de julio, Vivienda acordó con Airbnb la retirada de anuncios sin código y el envío mensual de datos desde agosto.

El archivo digital elaborado por Consumo contiene también información de interés como la tipología de la vivienda (si es habitación o alojamiento completo); su información geográfica (localidad, provincia y comunidad autónoma), o los datos disponibles de los anfitriones.

Cumplir la legalidad

Con esta acción, el ministerio que dirige Bustinduy “ratifica” su “compromiso” de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda “por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”, como ha manifestado el ministro en diversas intervenciones públicas.

El departamento de Bustinduy explica que va a “continuar trabajando” para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos.

El Gobierno ha apuntado a Airbnb como causante de la crisis de acceso a la vivienda que sufre España, con miles de familias expulsadas del mercado mientras las empresas hacen negocio. Barcelona es la única ciudad que tiene limitados los pisos turísticos, con un plan para extinguir las 10.101 licencias en los próximos años.

Por ahora, la justicia está del lado del Gobierno. Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el pasado 6 de mayo el recurso presentado por Airbnb contra una primera resolución de Consumo, que afectaba a 5.800 anuncios de viviendas turísticas en seis comunidades autónomas diferentes (Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco), ese mismo tribunal emitió hace poco más de un mes un nuevo auto, en el que volvió a rechazar las medidas cautelares que la plataforma solicitó de nuevo contra la primera resolución.

En el auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, los magistrados entendieron que no se daban los requisitos legales para ordenar la paralización del procedimiento de Consumo, al entender que no se estaban ocasionando perjuicios “necesariamente irreparables”. Y también descartaron el argumento de Airbnb acerca de que la Administración cuenta con medios “más eficaces y proporcionales para la finalidad perseguida”.