La jueza de la dana pide el tique del aparcamiento donde Mazón se despidió de Vilaplana

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha pedido a la empresa que gestiona el céntrico aparcamiento de Valencia donde el president, Carlos Mazón, del PP, se despidió el día de la tragedia de la periodista Maribel Vilaplana, el tique que acredita a qué hora la informadora dejó y recogió su vehículo, según una resolución conocida este jueves.

La magistrada da tres días a la firma Interparking Hispania S. A., que gestiona el aparcamiento Glorieta 24 horas, en la plaza Tetuán de Valencia, para que entregue el “tique, justificante o informe debidamente acreditado de la entrada y salida, el 29 de octubre de 2024, del vehículo de Maribel Vilaplana”, según la providencia.

El movimiento se produce tras la declaración del pasado lunes de la periodista en el juzgado que indaga la riada de 2024, que dejó 229 muertos. Durante su comparecencia como testigo, una condición que le obligó a decir la verdad, Vilaplana reconoció que carecía del tique del aparcamiento y se comprometió a dar su número de matrícula para que la empresa que explota el establecimiento acreditara cuándo sacó su coche. La periodista admitió que en esta instalación se quedó charlando con el president -previamente habían hablado de fútbol, ella es consejera del Levante UD- y que este no le desveló dónde se iba después.

Tras una comida de casi cuatro horas (15.00-18.45) en el restaurante El Ventorro, en la que no se habló de la dana y que se desarrolló mientras se desbordaba el barranco del Poyo, génesis de la mortífera catástrofe natural, Mazón y Vilaplana recorrieron los cinco minutos a pie que separan la casa de comidas del aparcamiento. Poco después, a partir de las 18.57, se inició el periodo más enigmático de la jornada: 37 minutos en los que el president estuvo incomunicado y desaparecido. Todavía hoy no se sabe qué hizo el barón popular entre las 18.57 y las 19.34 horas. Mazón no llegó al palau de la Generalitat hasta casi las 20.00 horas, tal y como adelantó EL PAÍS.

Once minutos después de que el jefe del Consell aterrizara en la sede del Ejecutivo valenciano, el Cecopi -órgano convocado por la Generalitat para coordinar la crisis- tomaba la decisión más relevante de la jornada, el envío de la alerta masiva a móviles, que se coló en los terminales a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya había muerto. El mandatario llegó a este dispositivo de crisis, radicado en L’Eliana (Valencia), a las 20.28 horas.

La versión de que Mazón acompañó a Vilaplana al aparcamiento tras salir de El Ventorro supone el último giro de guion en un año en esta historia. La periodista ha modificado tres veces su relato sobre lo que pasó durante la tarde que se inundaba Valencia. Un mes después de la tromba, Vilaplana sostuvo que se despidió de Mazón a las 17.45. Después, se corrigió a sí misma en una carta abierta y dijo que fue una hora más tarde. Y, por último, tras conocer que la magistrada la citaba como testigo se filtró que el president la acompañó al aparcamiento donde tenía su coche.

La declaración judicial del dueño de El Ventorro como testigo, que la jueza ha acordado esta semana, junto a la comparecencia de seis altos cargos del núcleo duro de Mazón, podrían aclarar esta imprecisa cronología.

La diligencia de la jueza de pedir el tique del aparcamiento se produce a raíz de la petición del abogado Joaquín Esteve, que representa a tres víctimas. Este letrado propició hace dos semanas el auto de la Audiencia Provincial de Valencia que acordó la declaración como testigo de Vilaplana. La jueza instructora se había negado antes con el argumento de que suponía desplazar el foco de las pesquisas al president. Al estar aforado, el dirigente solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la exposición razonada de la instructora. Pese a que la magistrada ha ofrecido tres veces al jefe del Consell el comodín de que comparezca voluntariamente como imputado, Mazón se ha negado.

Tras un año de investigación, la jueza de Catarroja mantiene imputados solo a dos exaltos cargos de la Generalitat: la consejera de Justicia e Interior durante la tromba, Salomé Pradas, y quien fuera su segundo, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. Para contener las críticas, Mazón destituyó a ambos cuatro semanas después de la desgracia natural.