La financiación catalana suma obstáculos en su proceloso camino: de la falta de mayoría en el Congreso al rechazo de los inspectores fiscales

Hubo una época en la que los gobernantes catalanes vendían la independencia como un camino relativamente sencillo. Dicho en el prolífico lenguaje que promovían los partidarios de la separación, bastaba con crear “estructuras de Estado” para que, llegado el momento, el “desacople” con el resto de España fuera más sencillo. Desde esa lógica, el expresident Artur Mas abandonó el proyecto que recoge el Estatut de crear un consorcio tributario para gestionar a medias con el Gobierno central todos los tributos de la comunidad y puso en marcha otro que bautizó “Hacienda propia”. Ese organismo debía permitir que, una vez proclamada la independencia, Cataluña recaudase los impuestos de todos los ciudadanos. Y que fuese solo cuestión de apretar un botón.

El fin del procés ha hecho añicos esa ilusión y ha devuelto a Cataluña a las arduas negociaciones para alcanzar un modelo de financiación singular que tiene dos patas que, en principio, deberían ir de la mano: la obtención de más recursos fiscales y la consecución de más autonomía tributaria. Una vez alcanzado ya un acuerdo entre el Gobierno catalán y el Estado, esa batalla se librará en tres frentes: los dos ejecutivos deberán emplearse en convencer al resto de comunidades, también a las gobernadas por el PSOE; a una mayoría del Congreso, incluyendo a socios del bloque de investidura que son reacios a ese modelo, y al personal necesario para desarrollar una agencia que ahora no tiene ni los medios informáticos que requiere el colosal reto de asumir la gestión, por ahora, del IRPF. Los inspectores de Hacienda, claves en este proceso, ya han dicho que no.

Los acuerdos alcanzados entre el PSC y ERC hace un año para investir a Salvador Illa recogían que Cataluña empezaría ya en 2026 a gestionar el IRPF. El reciente plan director publicado por Generalitat, sin embargo, retrasa hasta 2028 que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda asumir “determinadas funciones” en el ámbito de ese impuesto. La respuesta desde el mundo independentista ha sido dispar. Los republicanos, socios de Illa y cuyo líder –Oriol Junqueras— fue consejero de Hacienda durante dos años, le han quitado importancia. En cambio, Junts tildó la propuesta del president de “despropósito”. “El primer acuerdo de PSC y ERC lo vi muy rupturista y complejo. Este nuevo documento, que fija la fecha en 2028, es más realista y transmite la sensación de que Illa sí va en serio. Nos está diciendo que quieren gestionar todos los impuestos, que solo para empezar con el IRPF ya tienen trabajo para dos años”, sostiene el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Loscos.

El rechazo de los inspectores es clave, puesto que fuentes cercanas a las negociaciones del Govern con el Estado recuerdan que su oposición ya obstaculizó la creación del consorcio tributario previsto en el Estatut. Pero esa no es ahora la principal preocupación de Illa. Antes de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) quiera engordar su plantilla con funcionarios del organismo estatal deben suceder varias cosas. El primer foco del paquete de la llamada “financiación singular” está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Cataluña vuelve a reabrir el controvertido debate sobre el modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014.

Consejo de política fiscal de septiembre

El debate, que arrancará en septiembre, lo deberá moderar María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Y con unas elecciones andaluzas en el primer semestre de 2026 a las que concurre como candidata socialista, Montero se verá forzada a poner encima de la mesa más dinero para todas las comunidades, que han empezado a exponer sus agravios. En total, expertos consultados por este diario estiman que la cifra extra que debería poner el Ejecutivo para cumplir con las demandas del PSC y ERC superaría los 20.000 millones de euros. El Ejecutivo, dicen estas fuentes, intentará que nadie salga perdiendo. Y aun así, hay dudas de que pueda evitar las críticas furibundas de otras comunidades, incluidas las socialistas. A pesar de que el Gobierno solo necesita el apoyo de una comunidad para sacar adelante la propuesta, sería difícil explicar sacarlo adelante únicamente con el voto a favor de Cataluña después de que Asturias y Castilla-La Mancha hayan rechazado el pacto sobre financiación alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat el pasado 14 de julio.

El momento de la verdad, sin embargo, llegará posteriormente, en el Congreso de los Diputados. Illa necesita que se modifiquen al menos tres leyes: la de financiación de las comunidades autónomas, la que afecta a las de autonomías régimen común y la que regula el régimen de cesión de tributos a Cataluña. El Parlamento decidirá en un momento de fragilidad de la mayoría del bloque de investidura, que por ahora no asegura ni que el Ejecutivo de Sánchez tenga unos nuevos Presupuestos. De hecho, varios de los socios ya han dicho que no apoyan la propuesta de financiación para Cataluña. Empezando por Junts. “Ni singular ni plural”, dijo el vicepresidente de la formación, Antoni Castellà, tras conocer el pacto con el Gobierno. Pero también Compromís y Chunta han expresado sus recelos sobre el nuevo modelo, mientras que el BNG ha pedido para Galicia el mismo trato que obtenga Cataluña. Esquerra busca separar el debate del modelo de financiación del de la agencia tributaria y ha anunciado que presentará por su cuenta los textos para lograr esos cambios legislativos, pero aun así la consecución de 176 escaños ―los necesarios para modificar leyes orgánicas― es, cuanto menos, muy compleja.

Si el Congreso acaba validando esas tres reformas, todavía hay más escollos que salvar. La prueba es que el Estatut recoge ya que todos los impuestos de Cataluña se recaudarán mediante un consorcio y, sin embargo, este nunca ha echado a andar. El tripartito, liderado por José Montilla, lo intentó en dos ocasiones. Pero en ambas fracasó. Según fuentes al tanto de esas negociaciones, sucedió en parte por razones políticas pero también por el rechazo frontal de los inspectores de Hacienda, que ahora han vuelto a levantarse ante un eventual traspaso de trabajadores de una agencia a otra. Illa abrió la semana pasada la puerta a que parte de la plantilla de la agencia estatal (con 4.000 trabajadores en la comunidad) pasase a la catalana (con 875). Pero los funcionarios volvieron a rehusar esa posibilidad.

Plataformas informáticas

Hay otra clave más. El informe de Indra establece que la Generalitat carece también de la capacidad tecnológica para recaudar todos los impuestos. Esa aseveración choca con lo que durante años sostuvieron los Ejecutivos independentistas. Artur Mas ideó una agencia más amable y colaborativa con el ciudadano, inspirada en los modelos de Suecia y Australia y alejada de la de España, que creía que era demasiado agresiva con el contribuyente. Por ello, encargó el diseño y desarrollo de una nueva plataforma tecnológica, bautizada como E-Spriu, que debía ser capaz de gestionar todos los impuestos generados en Cataluña y superar con creces a la que se estaba usando hasta entonces, llamada G@udí y que había costado alrededor de 13,8 millones. Sin embargo, la nueva herramienta, según las fuentes consultadas, está muy lejos de poder lidiar con la misión que se le quiere encomendar.

Al final, el Gobierno ha decidido que la mejor fórmula es el trabajo en red con la agencia tributaria española, que dispone del personal, la tecnología y la información para desplegar los planes del Govern. “Esa solución permite no romper nada, lo cual no hubiera sido deseable”, sostiene Loscos. En cualquier caso, ese paso llegaría como muy pronto en 2028. Es decir, en otro ciclo electoral. Y aunque todo debería estar preparado desde muy antes, fuentes de esas negociaciones recuerdan la lentitud con la que se ha abordado la quita de la deuda en manos del Estado, que llegará al Congreso de los Diputados dos años después de haber sido pactada con ERC.