Sánchez encara condiciones inasumibles de Junts y Podemos para negociar el Presupuesto de 2026

Pedro Sánchez y su Gobierno han anunciado que pretenden presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 tras llevar toda esta legislatura con las cuentas públicas prorrogadas desde la anterior, pero no avanzan ni cómo ni con quién piensan aprobarlas en el Congreso. El panorama de posibles apoyos no se vislumbra. El presidente encara ese compromiso para el nuevo curso político, que formalizó hace una semana en su balance de esta pasada y compleja temporada, con algunas condiciones difícilmente asumibles por parte de socios de investidura como Junts y Podemos. El partido de Carles Puigdemont insiste en que no se sentará siquiera si no se ejecutan las partidas pendientes de presupuestos anteriores, que cuantifica en 50.000 millones.

El presidente Sánchez quiso comprometerse el lunes de la semana pasada, en su comparecencia de verano en La Moncloa y antes de marcharse de vacaciones, a que este año sí presentará a las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado tras evitar ese compromiso que figura en la Constitución en los dos ejercicios anteriores de esta legislatura. El líder socialista evitó luego precisar qué pasaría si el Congreso no valida esas cuentas, ni cuándo se tramitará el techo de gasto previo a esa presentación.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, matizó de inmediato que llevaría ese trámite al Parlamento en septiembre, pero tampoco pudo indicar con quién cree que podría contar para sacar ese proyecto adelante. Eso sí, Montero introdujo un matiz a la afirmación presidencial de presentar esas cuentas públicas: “No se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad para poder aprobarlas”. Tampoco fue más esclarecedora la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa del martes tras el Consejo de Ministros previo a las vacaciones de verano.

La única pista que ofreció Sánchez fue que, según su criterio, no pasaría nada realmente grave si no dispone de unos Presupuestos ratificados y nuevos para 2026 porque disfruta, como vía alternativa y paralela, de los millonarios fondos europeos que han permitido esta fase de crecimiento económico récord para el país. Alegría rechazó, pese a la insistencia de los periodistas, concretar los siguientes pasos que debería afrontar el Gobierno si los Presupuestos no son respaldados porque entiende que aún no se ha llegado a esa pantalla.

Los socios habituales del Gobierno, los de la investidura y los de la mayoría que le ha sacado adelante el 86% de las votaciones en el Congreso, están dispuestos a negociar esos Presupuestos para 2026, pero ya fijan de partida algunas condiciones que se presentan como inasumibles de aceptar, porque son casi las mismas que impidieron la presentación de esas cuentas públicas para 2025. El caso más palmario es el de Junts, pero no son menos exigentes los planteamientos de Podemos. Todos los votos y todos los escaños de los socios de investidura serían necesarios para que el proyecto de Presupuestos avanzase.

En Junts persisten en los mismos argumentos con los que se negaron a negociar y aceptar el esbozo de Presupuestos para 2025. “No hay novedad”, precisan en su dirección. Y rematan: “Antes de sentarse a negociar los Presupuestos para 2026, pedimos que se acredite el cumplimiento de los presupuestos anteriores; y lo que no se haya ejecutado, que se compense a la Generalitat vía transferencia. Si no, no hace falta hablar de los presupuestos de 2026”. En ese paquete, Junts incluye que se cumpla para todos los beneficios de la ley de amnistía y que se continúe con la presión para incluir el catalán como una de las lenguas oficiales en la Unión Europea.

En marzo pasado, cuando se amagó con la presentación de los Presupuestos de 2025, el portavoz de Junts, Josep Rius, cuantificó ese concepto de la deuda pendiente en inversiones para Cataluña en 50.000 millones de euros y ya estableció su premisa de funcionamiento: “Primero pagar y después negociar”. Junts mantiene ahora que, si se cumple esa exigencia, se sentarán a negociar con el Gobierno. Pero sin hacer públicas esas conversaciones ni su contenido hasta que prosperen. El Ejecutivo central ya anticipó en marzo, cuando conoció las intenciones de Junts, que esas demandas eran imposibles de satisfacer y no continuaron el trámite de esas cuentas.

En ERC, cuando está pendiente de concretar el sistema de financiación singular para Cataluña perfilado con el Gobierno central en una comisión bilateral, indican que para asumir nuevos acuerdos el PSOE debería “cumplir con los compromisos anteriores”. Y ahí se refieren sobre todo a la recaudación total del IRPF.

Rechazo de subir el gasto en defensa

En Podemos no son menos explícitos. Su portavoz nacional, Pablo Fernández, ha manifestado en varias ocasiones esta pasada semana que sus cuatro diputados, tan necesarios en este contexto parlamentario como los siete de Junts, no aceptarán ningún aumento en el gasto militar para alcanzar el 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB), como se comprometió Sánchez en la última cumbre de la OTAN ante los requerimientos de EE UU, pero además añadió sus posturas maximalistas con respecto al cerco a Israel por Gaza y a la política de vivienda.

Pablo Fernández llegó a considerar “una excusa” el anuncio de Sánchez de que quiere presentar las cuentas públicas para el próximo año, apuntando a que se trata de una estrategia política para tener luego que convocar anticipadamente las elecciones y tapar así los problemas de corrupción de su partido por el caso Ábalos-Cerdán. Podemos también adelantó que no cuenten con sus votos “si hay un céntimo más para gasto militar, si no se rompen relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, si no se embarga a ese estado genocida y si no se baja por ley un 40% el precio de los alquileres”.

El PNV, por su parte, lleva pidiendo presupuestos toda la legislatura y lógico sería que volvieran a negociar si se presentan otros nuevos, aunque su presidente, Aitor Esteban, ha constatado que se está conformando una “mayoría negativa” en el Parlamento y que, ante ese panorama, irá viendo “partido a partido” cómo evoluciona la actualidad.

En el Gobierno y el PSOE defienden que continuarán peleando voto a voto y votación a votación todas sus iniciativas en el nuevo periodo de sesiones, como lo han hecho hasta ahora. Se niegan a dar por derrotada ninguna propuesta y argumentan que son el único partido con opciones de armar una mayoría, que ahora retratan como plural, porque ya no es solo de componente progresista. En Sumar, que es el único socio que está dentro de la coalición gubernamental, no anticipan cuáles serán sus prioridades, pero es obvio que no pondrán problemas irresolubles en esa negociación, como tampoco lo hará EH Bildu, según fuentes de esa formación.

Matices dentro de Sumar

Dentro de Sumar, sin embargo, hay cada vez más matices. En Compromís, según su diputada Águeda Micó, señalan que tienen una doble misión en el Congreso: “Por un lado, exigir la aplicación de políticas sociales y a favor de la mayoría, y en este punto resaltaría tres cuestiones: vivienda, acabar con las desigualdades fortaleciendo los servicios públicos y no caer en la trampa de la derecha en temas de inmigración. Pero la segunda misión es la defensa de los intereses valencianos”.

Es en ese matiz de las inversiones pendientes para su territorio donde Compromís fija los escollos más fundamentales para dar por descontados sus apoyos. Micó indica que en sus contactos pedirá “más inversiones para la Comunidad Valenciana después de la dana y con un planteamiento en contexto de emergencia climática; inversiones territorializadas, priorizando Alicante porque en los últimos presupuestos ha quedado en el vagón de cola; y un nuevo sistema de financiación que nivele a los territorios infrafinanciados, como el nuestro”.

El también diputado de ese grupo plurinacional Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista, se apunta a más giro social y “al impulso de verdad a la agenda aragonesa olvidada por los sucesivos gobiernos tanto del PP como del PSOE: con la ampliación del Cercanías, la finalización de las autovías pendientes desde hace décadas, la imprescindible revisión tanto de la política hidráulica como de la proliferación de renovables para salvaguardar territorios sobreocupados”.

El calendario

La elaboración y presentación de los Presupuestos tiene un calendario que aprieta ya al Ejecutivo. Los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) marcan el terreno de juego de las cuentas públicas y sus compromisos con Bruselas; y deben ser ratificados por el Congreso, lo que ya supone un primer y esclarecedor escollo parlamentario. Ese trámite requiere varias semanas y el Gobierno no tiene previsto un Consejo de Ministros hasta finales de agosto, lo que retardaría su filtro por el Parlamento como mínimo hasta finales de septiembre. Esa propuesta debe ofrecerse a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local, donde Hacienda sí tiene mayoría. Tras esos pasos, el Consejo de Ministros remite el documento a las Cortes con el techo de gasto presupuestario y de ahí van al Senado, que los debe avalar, y en caso contrario vuelven al Congreso.