El Gobierno planea llevar la nueva financiación singular catalana al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el verano

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat ha bendecido las bases del modelo de financiación para Cataluña, que será “singular, federal y generalizable”, como ha avanzado este lunes EL PAÍS. El acuerdo responde a la necesidad de cumplir el compromiso entre ERC y los socialistas a cambio de la investidura de Salvador Illa pero también sienta los principios para un paradigma diferente al del modelo vigente, caducado hace casi 12 años. El pacto abre la puerta a que las comunidades autónomas que lo deseen gestionen todos los impuestos, reestructurando los mecanismos de nivelación territorial. El ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, ha anunciado que el pacto se aprobará “en breve” en el Consejo de Ministros y aspira a debatirlo tras el verano en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El plan del Gobierno es impulsar las modificaciones legislativas (la LOFCA, la ley de cesión de tributos y la de regulación del sistema de financiación de régimen común) en el Congreso también a partir de septiembre. Allí se topará de entrada con el rechazo de Junts que avisa que el acuerdo no palía en absoluto el déficit fiscal de Cataluña. El acuerdo entre ERC y el PSC preveía que a partir de 2026 la Generalitat empezaría a gestionar el IRPF. No parece que vaya a poder hacerlo en exclusiva. El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha apuntado que para ello se necesitan además del nuevo marco normativo que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) tenga una musculatura de la que ahora carece. Tiene 800 empleados frente a los más de 4.000 de la Agencia España en esta comunidad. “Lo importante es que vamos avanzando”, ha dicho Dalmau.

En una comparecencia conjunta en el Palau, el ministro y el consejero han subrayado la relevancia del pacto. “Es un acuerdo entre instituciones con el que pasamos de un modelo centrado en los gastos a uno que mira los ingresos y se basa en la corresponsabilidad”, ha explicado Dalmau. “Es voluntad es llevarlo al Consejo de Ministros con la mayor premura posible”, ha añadido el ministro, que también ha asegurado que también se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) “tras el verano”. Con todo, fuentes del Gobierno apuntan que su intención es convocar ese cónclave siempre que haya un mínimo consenso. El ministro ha reclamado al PP que se implique en la reforma y ha criticado a comunidades dirigidas por populares, en especial a la de Madrid, por reclamar más recursos al Estado mientras rebajan impuestos a las grandes fortunas.

El consejero ha insistido en que las bases de la nueva financiación “se pactan con Cataluña” pero están abiertas para que se puedan beneficiar el resto de las autonomías. Dalmau ha dicho que se respetará “la ordinalidad y la solidaridad” y que también se tienen en cuenta las singularidades de cada territorio. “Se habla de bilateralidad para las competencias que afectan las singularidad de cada comunidad autónoma, pero al mismo tiempo con la multilateralidad para las competencias homogéneas del sistema”, ha añadido. La incógnita es cómo encajar que Cataluña mantenga la ordinalidad (no perder puestos en el ranking de lo que se recibe del sistema de financiación tras aportar a la caja común. Ahora pasa de la tercera a la décima posición) con la solidaridad.

El texto del acuerdo plantea que Cataluña o cualquier comunidad que se sume y esté en condiciones haga una aportación solidaria al conjunto del sistema. Esta suma, además, debe ser, dice el preámbulo del documento, “calculada, de manera transparente en la comisión con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no pueda desvirtuar la ordinalidad en el resultado final”.

El documento solo plantea el esqueleto de lo que sería un modelo al que, antes de ver la luz, le aguarda un largo recorrido que no se ofrece muy fácil. Primero, en un debate en el seno del CPFF, donde estás todos los titulares de Hacienda de las comunidades y el Gobierno. Allí la oposición no es exclusiva en los barones del PP, sino que hay disenso también en el PSOE. El Ejecutivo central y Cataluña suman la mayoría (el 50% del voto lo tiene el Gobierno) y, como pasó con la quita del Fondo de Liquidez Autonómica, se podría forzar el cambio. Otra cosa más incierta es cómo asegurarse que haya una mayoría en el Congreso de los Diputados.

El sistema plantea que cada autonomía podrá decidir qué nivel de responsabilidad asumir en la gestión tributaria. En el caso de la Generalitat, el acuerdo de investidura fija que el objetivo sea el 100% de los impuestos. El Ejecutivo central cedería a Cataluña, de manera progresiva, la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos. De momento solo cinco comunidades tienen agencias tributarias similares, todas con diferentes grados de madurez. La catalana es la más consolidada, recaudando 5.000 millones de euros al año provenientes de tributos propios.

Entre las nuevas reglas del modelo estará el pago por los servicios prestados por el Estado a través de su participación en impuestos fijos. Tras esa resta inicial, la Generalitat haría otra transferencia al Gobierno en concepto de la solidaridad y así se garantizaría “un determinado nivel de prestación de los servicios públicos”. El Govern ha explicado que una de las novedades del sistema que se quiere implantar es que se acabaría con los tres actuales mecanismos de nivelación, como el Fondo de Convergencia, y la solidaridad quedaría unificada en uno solo.

Y es en este momento en que llegaría la principal novedad: el Estado, en virtud de las singularidades de cada uno de los territorios, permitiría que otro porcentaje adicional de los impuestos llegue a las arcas de las autonomías, teniendo en cuenta las competencias. Volviendo al caso catalán, que tiene transferidas las prisiones o cuenta con una policía propia, vería así cumplido el objetivo de la suficiencia económica. El acuerdo de la Bilateral tampoco satisface una de las exigencias de ERC, que querían un horizonte claro sobre cuándo acabaría el periodo de transitoriedad entre cierta gestión conjunta de ambas agencias y la autonomía de la catalana.