Los pagos del Gobierno de Ayuso a Quirón engordan con facturas de hace una década y sin pagar desde tiempos de Cifuentes

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le ha pagado más de 5.000 millones de euros entre 2019 y 2024 a Quirón, la empresa que gestiona cuatro hospitales de la red pública de sanidad de la Comunidad de Madrid. Eso ha ayudado a reducir la deuda de la Administración con el gigante sanitario de 1.000 millones al cierre de 2019 a 455 millones al cierre de 2024. Son cifras mastodónticas, pero para Quirón reflejan un problema: el tiempo consumido en las auditorías que fiscalizan sus reclamaciones de pago, y en los numerosos pleitos abiertos con el gobierno como consecuencia, han provocado que haya tenido que esperar hasta 2022 y 2024 para recibir pagos correspondientes a 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, según la empresa. Así, el Ejecutivo de Ayuso (desde 2019) ha liquidado ejercicios que se corresponden con el Gobierno de Cristina Cifuentes (2015-2018). Un balance que reafirma a la oposición en sus críticas a la opacidad de un sistema en el que es difícil dar por cerrado un ejercicio presupuestario, o seguir el ritmo y cuantía de los pagos.

“¿Por qué hay tanto retraso?”, se pregunta Marta Carmona, de Más Madrid. “Porque durante años la Comunidad judicializó los pagos y porque con Cifuentes hubo una cierta intención de no pagar absolutamente todo lo que se pedía”, se responde. “Mi hipótesis es que no todo el mundo en la consejería está tan de acuerdo con el caudal de dinero público que le tenemos metido a estos hospitales, y que la Intervención llegó a ponerse firme con esto”, argumenta. “Hay una correlación llamativa entre el cese de la Interventora general y los pagos”, añade sobre la destitución de Marta García Miranda en 2022, tras la que el Ejecutivo de Díaz Ayuso afrontó en apenas seis meses decenas de pagos pendientes desde 2015 que sumaban más de 1.000 millones, como adelantó EL PAÍS.

Esto dice Carlos Moreno, del PSOE. “Uno de los motivos por los que se está pagando facturas de hace años es porque se tenía que comprobar que eran liquidaciones conforme a derecho, y hacerlo a través de auditorías practicadas por el órgano pertinente”, recuerda. “Eso generó unas liquidaciones en 2014 y 2015 que no aceptó el grupo Quirón. Y que llevó a los tribunales. Y es allí, ya con Díaz Ayuso de presidenta, donde la Comunidad cambia el criterio con el que había resuelto las liquidaciones y se allana implícitamente a las peticiones de Quirón”, argumenta. “Con el cambio de criterio que dan en los juzgados, ya aceptan todo lo que les presenta esa empresa”.

En la Comunidad de Madrid operan cinco hospitales públicos gestionados por empresas privadas. Cuatro son de Quirón ―Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; e Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión―, y uno de Ribera Salud ―Torrejón―. Su financiación es una cuestión constantemente presente en el Consejo de Gobierno regional desde que Esperanza Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012, apostó por este modelo de colaboración público privada.

Así, casi 20 años después de que se adoptara esa decisión, el Ejecutivo de Díaz Ayuso cerró 2023 con más de 1.200 millones de euros provisionados en sus cuentas para hacer frente a pagos atrasados y a conflictos judiciales pendientes con estos cinco hospitales, según un informe de la Cámara de Cuentas publicado el 30 de diciembre de 2024. Un balance que retrata la espada de Damocles que pende sobre las finanzas regionales, y que refleja un pulso que en el fondo tiene descontentas a ambas partes. Al gobierno, porque sistemáticamente pierde sus pleitos con Quirón. Y a Quirón, porque viene cobrando las liquidaciones “con varios años de retraso”.

Así lo detalló un portavoz de la compañía tras ser preguntado por este diario sobre las razones que explican que haya recibido 2.208 millones más de los presupuestados durante el periodo 2019-2024.

“En el caso de los hospitales concesionarios, la diferencia entre el presupuesto publicado en las memorias y el gasto real se debe, fundamentalmente, al procedimiento de control y liquidación de la actividad realizada, según figura en los contratos”, explica este interlocutor. “Las liquidaciones de referencia se corresponden a la suma de las liquidaciones de varios ejercicios que se han abonado con retraso, no a las liquidaciones correspondientes a la actividad de dichos ejercicios”, añade. Y detalla: “Año 22: se liquidaron los ejercicios de 16/17/18/19 en concesiones y los ejercicios del 18/19/20 en el caso de la Fundación Jiménez Díaz. Año 24: se liquidaron los ejercicios de 20/21/22/23 en concesiones y los ejercicios del 21/22/23 en el caso de la Fundación Jiménez Díaz”.

Este diario se puso en contacto con el Gobierno regional para conocer su explicación sobre los retrasos en los pagos, y cotejar los datos de Quirón, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

Quirón, además, explicita a través de su portavoz que “la financiación recibida (desde Madrid) está entre las más bajas de la red” y que “existe además un problema estructural, ya que los precios públicos deberían actualizarse anualmente, pero la realidad es que solo se han actualizado dos veces en 10 años”. “Entre 2017 y 2023, el IPC aumentó un 15,6%, pero las tarifas no se actualizaron hasta 2023″, añade. Y lamenta: “Esto significa que la actividad realizada por los hospitales concesionados, que se sitúa sistemáticamente como la mejor valorada por los ciudadanos, ha estado sistemáticamente infravalorada, a lo que se suma el que se han venido cobrando las liquidaciones con varios años de retraso”.

Eso se debe, entre otras razones, a que la cascada de sentencias contrarias a los intereses del Ejecutivo regional es continua. En 2023, detalla la Cámara de Cuentas, se resolvieron conflictos judiciales de 2020, 2021, 2022 y parte de 2023 que supusieron que la Comunidad tuviera que pagar 56 millones de euros por las reclamaciones recibidas.

Sangría

La llegada de Ayuso al poder supuso un cambio de paradigma en la Administración regional: desde 2022, su Gobierno protagoniza un esfuerzo sin precedentes por adelgazar su deuda con estos centros.

“La tesis era sencilla: a esta gente se le debe dinero desde hace mucho tiempo y esta situación hay que ponerla ya en orden”, resumió en 2023 una fuente del PP que lo ha sido casi todo en Madrid. “Ahí se impuso el sentido común de la jefa [por Ayuso] y del vicepresidente [Enrique] Ossorio, con la idea de quitarse eso de encima, porque luego vienen las sentencias en contra, que incluyen intereses de demora, y es mucho más lo que toca pagar”.

En este tiempo, el gobierno no ha aclarado cuánto queda por pagar de ejercicios precedentes. Su argumento, enunciado por un alto directivo de Sanidad, ha sido que es “una cifra viva”, sometida al resultado de las fiscalizaciones y las sentencias judiciales. Para la oposición, un agujero negro.