El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano

La Generalitat Valenciana, aún presidida por Carlos Mazón, acordó el pasado 8 de enero pagar un total de 107 millones más a Ribera Salud por la gestión de tres hospitales de titularidad pública y tres departamentos de salud en Dénia, Elx-Crevillent (Vinalopó) y Torrevieja los años 2020, 2021 y 2022. Un cifra que procede de “aumentos injustificados que paga la Generalitat por la gestión de departamentos privatizados que superan en muchos casos el 10%, a pesar de que el contrato de prórroga del departamento de Elx solo preveía un 1,5% de aumento de la cápita”, según ha denunciado Compromís este martes. La consejería de Sanidad ha respondido que solo se ha aplicado un “ajuste matemático” establecido en el contrato.

Ribera Salud ha sido objeto de una intensa polémica política y sanitaria en las últimas dos semanas tras destapar EL PAÍS unos audios en el que el hoy CEO de la firma, Pablo Gallart, ordenaba rechazar determinados pacientes en el Hospital de Torrejón, entre otras prácticas, para obtener más beneficios. Ribera Salud fue la concesionaria del hospital de Alzira en el modelo de privatización de la gestión sanitaria que instauró Eduardo Zaplana cuando fue presidente de la Generalitat y se expandió a otras autonomías gobernada por el PP.

La cuantía exacta de 107.087.880,54 euros surge de la revisión al alza del pago por cada habitante del departamento de salud, la llamada cápita”, según han denunciado el portavoz en Les Corts de Compromís, Joan Baldoví, y el portavoz de Sanidad de la coalición, Carles Esteve. Ambos han incidido en que se trata de un “rescate millonario” sobre una cuantía preestablecida por cada persona que corresponde a ese departamento, utilice o no la sanidad pública.

Estos aumentos se aprobaron en la comisión mixta de seguimiento entre la empresa y la Generalitat en una reunión celebrada el pasado 8 de enero, en la que por parte de Ribera Salud acudió su entonces jefe ejecutivo de Finanza y Creación de Valor, Pablo Gallart, como consta en las tres actas de los acuerdos proporcionadas por la coalición, y que solo tuvo una duración de 10 minutos. En enero, el CEO de Ribera Salud era Alberto de Rosa, fundador del grupo y hermano del actual diputado del PP en el Congreso, Fernando de Rosa. En mayo, el Grupo Vivalto Santé, accionista mayoritario de Ribera Salud, destituyó a De Rosa y este fue sustituido por Gallart.

Nuevo cálculo por persona

En esa reunión de enero se aprobaron unas revisiones anuales con unos cálculos a favor de la empresa que nunca se habían realizado de esa forma, en los que se incluyen liquidaciones pendientes de los departamentos gestionados por Ribera Salud, como Dénia, Torrevieja y Elche-Crevillent correspondientes a los ejercicios de 2020, 2021 y 2022 (este último ejercicio no computó en Torrevieja porque ya había revertido a la red pública), según la colación. “Cada año se tienen que revisar las cuantías de los contratos, pero nunca se habían hecho unos aumentos tan brutales como los aprobados para favorecer a Ribera Salud. Así, a partir de 2025, la cápita que recibirá Ribera Salud para gestionar el departamento del Vinalopó [Elx-Crevillent], el único que todavía se mantiene privatizado, llegará a los 1.066,44 euros por persona, más del doble que la inicial de 494,72 euros”, han señalado los dos políticos.

Desde Compromís también se ha querido denunciar que con este dinero público, “Ribera Salud ha podido adquirir recientemente el Hospital Clínica Benidorm por unos 120 millones de euros, una clínica privada que recibe numerosas derivaciones de hospitales públicos y cuyo gerente es Juan David Gómez, hermano del consejero de Sanidad, Marciano Gómez.

“La situación es insostenible: el gobierno del PP regala más de 100 millones a una empresa privada que todavía gestiona el hospital público del Vinalopó, en lugar de invertirlos en recuperar la atención primaria”, ha insistido Esteve. Compromís propone destinar estos fondos a reforzar la sanidad pública, revertir las concesiones privatizadas y poner en marcha una comisión de investigación registrada en las Corts sobre los escándalos que está suponiendo el mantenimiento y la prórroga del último hospital privatizado del sistema público valenciano hasta 2030.

La Consejería de Sanidad de la Generalitat, por su parte, ha quitado hierro a un asunto que ha circunscrito al cumpliento del controlado: “La determinación de la cápita es un proceso totalmente objetivo, está basada en cálculos establecidos por los pliegos, el contrato y los datos económicos publicados, como IPC y gasto consolidado de sanidad, tanto de la Comunitat Valenciana como del Estado. Por lo tanto, es un ajuste matemático, que no se negocia, al igual que las liquidaciones, en las que se aplican criterios técnicos y objetivos establecidos en resoluciones judiciales y por la Intervención General de la Generalitat”.

Además, fuentes oficiales del departamento han añadido a este periódico: “Cabe recordar que durante los ocho años del Botànic se resolvieron 26 liquidaciones con las concesionarias, mientras que sólo en los 18 primeros meses de esta legislatura se resolvieron 23. Asimismo, el balance de la relación económica pendiente con la concesionaria Ribera Salud arrojó un resultado de 58 millones de euros a favor de la Generalitat. Todo ello, tanto la determinación de la cápita, como las liquidaciones practicadas han sido autorizadas por la Intervención y la Abogacía de la GVA”.