La empresa gestora del hospital público de Torrejón ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”

En los hospitales públicos de gestión privada, cada euro que no se gasta en los pacientes es un euro más para la empresa. El grupo sanitario Ribera quiere exprimir esta idea en el Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público madrileño gestionado por la compañía. El CEO del grupo, Pablo Gallart, ha ordenado subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Lo hizo en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre, a cuya grabación ha tenido acceso EL PAÍS, que ha confirmado su contenido con una de las personas presentes. “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice Gallart, quien reclama “hacer iteraciones”, es decir, ajustes, para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

El empresario, que no ha querido atender a este periódico, asegura a través de un portavoz que fuera de “contexto” el contenido de esos audios “puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido”.

En aquella reunión, lo que solicitó Gallart a sus mandos es dejar de hacer intervenciones que no sean rentables para la empresa que gestiona un hospital que es público a todos los efectos para los más de 150.000 habitantes de la zona del Corredor del Henares a los que da servicio, así como los pacientes del resto de Madrid que decidan acudir al centro, en virtud de la libre elección sanitaria de la comunidad.

“¿Cuál es nuestra capacidad de gestión?”, se pregunta Gallart. Y se responde: “Pues entiendo que somos capaces de determinar la actividad que podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y, determinando la actividad [...], determinaréis cuáles [son] los gastos y qué nivel de EBITDA tendremos. Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”.

El empresario señala que si acumulan demoras, gastarán menos en intervenciones porque necesitarán menos personal y medios. El consejero delegado justifica esto ante su audiencia alegando que el Hospital de Torrejón es deficitario, que nunca va a dar beneficios hasta el final de la concesión, ya que cada año pierden nueve millones de euros en amortizaciones y gastos financieros. Asegura que lo que aporta la administración no es suficiente para cubrir los gastos que tiene el hospital.

Gallart era hasta mayo director financiero de Ribera. Ascendió a consejero delegado interino después de que Vivalto Santé, el grupo francés propietario de un 75% de la compañía, destituyera al que era alma mater de Ribera, Alberto de Rosa, y a su mano derecha, Elisa Tarazona. Después de proponer estas políticas en Torrejón, Gallart ha sido confirmado como CEO del grupo, a las órdenes de Emmanuel de Geuser, consejero delegado de Vivalto, que asumió en mayo de forma interina la presidencia de Ribera.

Ribera ha enviado una contestación por escrito de Santiago Orio, que es desde hace un mes el director gerente del Hospital de Torrejón: “Las reuniones empresariales internas son de carácter privado y su contenido está dirigido a personas con responsabilidad que conocen su área de trabajo y son capaces de entender el contexto. Fuera de este entorno, el contenido puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido”.

Osorio asegura que “Ribera tiene único plan: ofrecer una atención de la máxima calidad a los pacientes de Torrejón y de toda la Comunidad de Madrid que eligen ser atendidos en nuestro hospital, tal y como muestran los resultados de las auditorias de diferentes organismos independientes y los registros de la propia Consejería de Sanidad”.

Un portavoz de la Consejería asegura a este diario que la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de estas órdenes y que, si los tuviera, actuaría de inmediato. “El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta”, ha agregado.

“El camino contrario” a bajar las listas de espera

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Pablo Gallart (CEO de Ribera Salud): “Y no solo estoy hablando de listas de espera, seguro que tenéis mucha imaginación"

Durante la reunión de septiembre, Gallart dice: “Estoy convencido de que vamos a llegar. Igual de fácil que ha sido en el pasado aumentar cuatro o cinco millones los gastos de personal para aumentar o reducir la lista de espera, no me cabría en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario, de verdad. La elasticidad siempre va en las dos direcciones”.

Gallart se refiere a la reducción de las listas de espera que logró el hospital tras la covid, cuando se dispararon, y que regresaron en 2023 a niveles prepandemia. El CEO continúa: “Y no solo estoy hablando de listas de espera, seguro que tenéis mucha imaginación, seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad [rentables] y que procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer”.

El directivo se centra en seleccionar estos procesos en la actividad denominada “cápita”, es decir, la población a la que le corresponde el hospital: la de Torrejón de Ardoz y algunas localidades cercanas. Pero también habla de la “no cápita”: aquellos pacientes que eligen el hospital sin que sea su zona. Todos los residentes en Madrid tienen ese derecho desde la ley que el gobierno de Aguirre aprobó en 2009.

“Seguro que estamos haciendo mucha actividad no cápita que no nos es contributiva, es decir, que nos está perjudicando. No sé si hay posibilidad de captar o no actividad que más nos interese. Por ejemplo, actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese. No sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar”, añade Gallart.

Fuentes del hospital aseguran a este diario que en posteriores reuniones los directivos están estudiando qué intervenciones no son rentables, para tratar de derivar a esos pacientes a otros centros de la comunidad. En documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS queda reflejada la orden expresa de no atender a pacientes “no cápita” que requieran diálisis peritoneal en el hospital, por ejemplo, por su baja rentabilidad.

Un sistema inventado por Ribera

Fue justamente Ribera el grupo que inventó este modelo de gestión privada de hospitales públicos en la Comunidad Valenciana a finales de los años noventa: el entonces famoso modelo Alzira. El Gobierno de Esperanza Aguirre lo importó a principios de los 2000. En la Comunidad de Madrid, además del Hospital Universitario de Torrejón, hay otros tres con este modelo: el General de Villalba, el Infanta Elena y el Rey Juan Carlos, gestionados por Quirón. Esta empresa también es propietaria de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, pero opera por medio de un “concierto singular”, distinto de los anteriores.

La gestión por concesión consiste en que la empresa construye la infraestructura y la gestiona durante un plazo de tiempo a cambio de prestar el servicio público, dando asistencia sanitaria a una población protegida. En el caso de Torrejón, se abrió en 2011 y contará con una gestión de 30 años. La Administración paga un canon per cápita ―por la población asignada, independientemente de la actividad que realice― que obliga al concesionario a prestar todos los servicios que daría cualquier otro hospital de la red pública. Esto diferencia el modelo de otro tipo de concesiones a centros privados, a los que se les paga en función de la actividad.

El último acuerdo de Ribera con la Comunidad de Madrid fue una inyección adicional de 32,7 millones de euros al Hospital de Torrejón en julio para reestructurar la deuda que arrastra desde su apertura. Se suman a los 88 millones que el gobierno madrileño ha pagado al grupo desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta. Según Gallart, esto es insuficiente para mantener la actividad que desarrollaban hasta ahora.

En julio, un portavoz de la comunidad explicó a EL PAÍS que el contrato se tuvo que “reequilibrar” por desembolsos no contemplados, “como el gran incremento del gasto farmacéutico de medicamentos innovadores y de alto impacto que no estaban previstos al inicio, junto a otros de medicina nuclear o dispositivos de glucosa”.

Críticas al modelo Alzira

Los partidos de izquierdas en las comunidades donde se ha implantado este modelo siempre lo han criticado, alegando que poner a empresas a gestionar la salud de los ciudadanos era como poner al zorro a cuidar al gallinero; que harían negocio a costa de la salud. En 2018, el gobierno del socialista Ximo Puig desprivatizó el hospital de La Ribera y solo quedó con este modelo el del Vinalopó, gestionado por el grupo Ribera, que también se encarga de Povisa, en Vigo.

Desde que comenzaron a funcionar, se han sucedido acusaciones a los hospitales que operan bajo este modelo por primar el beneficio sobre la salud en Galicia, Madrid y Valencia, todas gobernadas por el PP. Pero las estrategias para mejorar los resultados nunca habían quedado patentes como en estos audios. Fuentes de Ribera que llevan años en el grupo se muestran escandalizadas ante este tipo de actuaciones que “ponen en peligro la salud de los pacientes”, que “van contra la deontología médica” y que, afirman, jamás se habían puesto en marcha.

El pasado octubre, Almudena Quintana Morgado, directora general asistencial del SERMAS, defendió la gestión del Hospital de Torrejón ante una pregunta de Más Madrid sobre los planes de mejora: “Cuenta con un funcionamiento asistencial sólido, resultados contrastados y con una clara orientación a la mejora continua”.