El Gobierno de Ayuso ‘rescata’ con 33 millones al hospital público de gestión privada de Torrejón

El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado este miércoles el pago de 32.788.391,29 euros al hospital público de gestión privada de Torrejón de Ardoz. El reequilibrio de esta concesión llega en medio de los problemas económicos de la matriz del centro, que ha lanzado un plan para reestructurar la deuda que arrastra desde que apostó por el modelo hospitalario impulsado durante la presidencia de Esperanza Aguirre (2003-2012): construir gratis el edificio y explotarlo durante 30 años a cambio de recibir un pago anual de la administración, que será la dueña de la infraestructura cuando acabe la concesión. La deuda adquirida para hacer frente al proyecto, que alcanzó los 124 millones de euros en 2022, ha enfrentado a la empresa y su socio principal en un pleito en el que ahora media la Comunidad con este pago a modo de rescate o balón de oxígeno.

“Con el fin de financiar la construcción y puesta en marcha del Hospital de Torrejón, en fecha 27 de julio de 2010, los socios firmaron una línea de crédito con la deudora con vencimiento el 1 de enero de 2012″, se lee en un auto judicial consultado por este periódico. “Llegado el vencimiento [postergado a 2022], la compañía Torrejón no pudo atender la devolución del préstamo, lo que motivó que el socio Concessia presentara demanda de reclamación de cantidad en fecha 30 de enero de 2023 [13 millones de euros del total]”, añade el documento.

Para afrontar ese problema, el deudor principal, Primero Salud, matriz de Ribera Salud, dueña del hospital, elaboró un plan de reestructuración de la deuda, y reconoció encontrarse incursa “en desbalance patrimonial”. Una situación que ahora alivia la Comunidad de Madrid con el pago de casi 33 millones de euros.

“Se ha tenido que reequilibrar el contrato por gastos no contemplados en inicio, como el gran incremento del gasto farmacéutico de medicamentos innovadores y de alto impacto que no estaban previstos al inicio, junto a otros de medicina nuclear o dispositivos de glucosa [para pacientes diabéticos]”, explica un portavoz del gobierno regional.

Sin embargo, un portavoz de Ribera Salud indicó en junio a El Economista que Torrejón Salud había hecho la petición de reequilibrio ahora aprobada en el marco de las negociaciones para alcanzar la reestructuración de la deuda. Este diario se puso en contacto con el departamento de prensa del hospital de Torrejón, sin obtener respuesta en el momento de publicación de este artículo.

La concesión de la explotación de este hospital es en la modalidad de “riesgo y ventura”. Es decir, ganar dinero no está asegurado, y perderlo es una opción. Sin embargo, la decisión del ejecutivo regional amplifica la ristra de decisiones del ejecutivo de Ayuso a favor de este centro de Ribera Salud, y de los cuatro de Quirón (Fundación Jiménez Díaz y hospitales de Móstoles, Valdemoro y Villalba).

Así, en los primeros cinco años de gobierno de la baronesa conservadora se ha autorizado pagar 1.401 millones más de los presupuestados a estos hospitales. De esos 1.401 millones, 1.313 han sido para los cuatro de Quirón, y 88 para el de Ribera Salud, según consta en las cuentas que audita la intervención regional. En paralelo, la administración autonómica ha pagado más de 5.000 millones a los centros de Quirón solo en los seis primeros años de Gobierno de Ayuso, según información obtenida por este diario en aplicación de la ley de transparencia.

Los acuerdos para la concesión del servicio que se presta en estos hospitales recogen una cláusula de reequilibrio que permite modificar el pago a las empresas en función de circunstancias sobrevenidas. Aunque, en teoría, ese pacto es de doble sentido, e incluye la opción de que el gobierno acabe pagando menos de lo previsto, hay un abundante número de acuerdos gubernamentales favorables a aumentar la inversión.

El pulso entre las concesionarias y la administración porque se revisaran los pagos fue especialmente intenso cuando acabó la pandemia del coronavirus, según documentación consultada por este diario. Eso provocó tiranteces en el seno del ejecutivo.

“El Secretario General Técnico expone que con anterioridad a la reunión de la Comisión Permanente de la JCCA se enviaron por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad y la Abogacía General observaciones y redacciones alternativas a la propuesta de informe sobre el reequilibrio económico financiero en contratos de concesión de servicios sanitarios, a causa de la situación creada por el COVID-19″, se lee en un acta que recoge los detalles de una reunión mantenida en 2022 entre representantes de la administración y de los hospitales públicos de gestión privada. “La Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad manifestó su discrepancia con parte del contenido de la propuesta, en especial con una de sus conclusiones”, se añade. “En la reunión de la Comisión Permanente se acordó efectuar una nueva versión de la propuesta del informe”, sigue el documento. “Desde las concesionarias defienden que ha habido mayor gasto de los hospitales durante el COVID-19 y refieren que ahora existe mayor presión asistencial debido a las listas de espera que se generaron durante el COVID-19″, se continúa. “Desde el Sermas se indica que se considera que procede el reequilibrio”.

Aquellos reequilibrios favorables a las empresas concesionarias por gastos extraordinarios motivados por el coronavirus se acabaron produciendo. Y ahora llega este de Torrejón, que se encuentra en un momento especialmente delicado. Por ello, los 33 millones de euros son todo un balón de oxígeno. Un rescate en el momento justo.